Autor:
Carlos Felipe Jaramillo
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Carlos F. Jaramillo, VP del Banco Mundial
para América Latina y el Caribe |
Toques
de queda, tropas en las calles, hombres armados en un estudio de televisión:
las imágenes provenientes de Ecuador hace dos semanas fueron un crudo
recordatorio de la presencia rampante de la violencia y el crimen organizado en
América Latina y el Caribe (ALC). No se ha debatido lo suficiente la relación
de esta violencia con el desarrollo.
América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo
y la violencia viene en aumento . El número de homicidios por persona
es cinco veces mayor que en América del Norte y diez veces más alto que en
Asia. La región alberga el 9 % de la población y en ella ocurre un
tercio de los homicidios del mundo .
La
violencia juega un papel importante en la decisión de migrar. Médicos Sin
Fronteras señala que, si bien los incentivos económicos son un factor de
empuje, la violencia es un factor decisivo para la migración a Estados Unidos
desde Centroamérica. La violencia también amplifica la desigualdad
preexistente. Las víctimas están sobrerrepresentadas entre los más
desfavorecidos: los pobres, los jóvenes, las minorías étnicas y los grupos
LGBT+.
La
violencia social y doméstica es muy extendida y afecta especialmente a las
mujeres. La violencia política, incluidas protestas violentas, brutalidad
policial, ejecuciones extrajudiciales, y violencia contra defensores de
derechos humanos, activistas ambientales, políticos y periodistas también es
frecuente. Sin embargo, desde principios de la década de 2000, el crimen organizado es
la principal fuente de violencia en la región .
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| Joven guatemalteco. Foto cortesía del Banco Mundial |
La
situación es tan desalentadora como el crecimiento mediocre de la región, su
baja productividad y sus niveles altísimos de desigualdad. Sin embargo,
usualmente no nos detenemos en hacer las conexiones: hay evidencia de que las
sociedades más desiguales suelen ser más violentas; y las sociedades
desgarradas por la violencia no pueden alcanzar tasas de crecimiento más altas
para generar empleos, poner fin a la pobreza y reducir la desigualdad.
La
violencia afecta el crecimiento económico por varios canales. Cuando amenaza
los derechos de propiedad, afecta las decisiones de inversión. Un estudio
muestra que, en Colombia, cuando el acuerdo de paz parecía inminente, aumentó
la creación de empresas. Y se detuvo cuando el acuerdo fue rechazado en un
plebiscito nacional.
Frente
al crimen y la violencia, los gobiernos gastan más en seguridad y menos en
desarrollo; la violencia destruye el capital humano afectando el mercado
laboral y daña a las sociedades al reducir la productividad.
En
2012, un informe del Banco Mundial estimó el costo de la violencia en un 8 % del Producto Interno Bruto
(PIB) en seis países de la región , y que una reducción del 10 % en la violencia conduciría a un aumento
de un punto porcentual en el crecimiento económico anual en los dos países más
violentos .
La
violencia debilita la capacidad del Estado, haciéndolo más vulnerable y menos
capaz de tomar medidas para defenderse. En casos extremos, puede socavar su
soberanía e independencia.
La
violencia es el epicentro de los problemas más apremiantes de ALC y, por lo
tanto, debe estar al centro de las conversaciones sobre crecimiento económico,
productividad, pobreza y reducción de la desigualdad.
No
hay una política única que erradique mágicamente la violencia, pero hay
prioridades identificadas y áreas en las que necesitamos más conocimiento para
mejorar el diseño de políticas. En 2016, un reporte del Banco Mundial revisó
exhaustivamente políticas y programas que pueden prevenir la violencia juvenil
y han sido eficaces para reducir la afiliación a pandillas. Este informe, y el
mencionado antes, enfatizan la prevención como una prioridad y la importancia
de la evidencia para el diseño de políticas. Las economías vibrantes que
ofrecen empleos ayudarán a sacar a los jóvenes de la delincuencia, por lo que
el crecimiento económico en sí contaría como prevención del delito. Pero existe
el desafío de encender los motores del crecimiento económico en medio de la
violencia y el crimen.
La
región necesita mejores sistemas policiales y judiciales protegidos de la
captura por parte de organizaciones criminales, programas para atender la salud
mental de las víctimas y reparar el tejido social, una producción sistemática
de datos para comprender los patrones de violencia del crimen organizado e
identificar rutas de política prometedoras. También necesita iniciar una
conversación sobre las opciones para contener la violencia del crimen
organizado que frena a la región e impide que todas las personas tengan vidas
que puedan elegir y valorar. Los problemas de carácter supranacional requieren
soluciones coordinadas que vayan más allá de las fronteras nacionales.
Esta
columna hace un llamado a gobiernos, academia, sector privado, sociedad civil y
la comunidad internacional a reconocer la necesidad urgente de actuar y unir
fuerzas para enfrentar juntos al monstruo que acecha América Latina y el
Caribe.
