Como se esperaba, el
gobierno colombiano presentó al congreso la propuesta de Reforma Tributaria. Es
la tercera del periodo del presidente Iván Duque.
Esta le apuesta a
recaudar 23,4 billones de pesos.
Los colombianos estamos
atentos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y que se va a lograr.
Los colegas de La FM, se
conectaron con el ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, y el funcionario
explicó en qué consiste la propuesta del gobierno. Y que pretende.
A Carrasquilla le ha tocado, en su vida, presentar ese proyecto varias veces, porque ha sido ministro de hacienda de Uribe y ahora de Duque...
RADAR,luisemilioradaconrado
®@radareconomico1
Ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla,
habla con los colegas de La FM. Tema: Reforma Tributaria
Ayer el Ministerio de
Hacienda radicó ante el Congreso la tercera reforma tributaria del periodo presidencial
de Iván Duque. Con esta, el Gobierno espera lograr un recaudo de $23,4
billones, una cifra que es ambiciosa si se compara con otras reformas que se
han planteado en el pasado, más aún teniendo en cuenta que el país está en
pleno proceso de recuperación económica después de más de un año de pandemia.
Según el articulado
final, esta reforma incluirá puntos como la eliminación de la categoría de
bienes exentos de IVA, la ampliación de la base gravable del impuesto de renta,
mantener de manera temporal el impuesto al patrimonio, aplicar un impuesto
solidario, entre otros.
En entrevista con La
FM, el ministro de Hacienda habló sobre algunas de estas propuestas que se
incluyeron dentro del articulado de la reforma, así como comentó sobre la
necesidad que tienen el país de solventar las finanzas públicas y continuar con
la implementación de programas sociales como Ingreso Solidario.
Estamos
cerrados, la economía no está creciendo, no se ve la recuperación y ya estamos
pensando en impuestos. ¿Usted cómo interpreta realmente la temporalidad de la
reforma?
De dos maneras, la
primera manera es que nosotros tuvimos la necesidad, y la seguimos teniendo, de
endeudarnos muchísimo, es decir, nuestra deuda se subió como 13% del PIB en el
año 2020 y va a subir otro poquito, está subiendo en este momento. Nosotros
tenemos la necesidad de salir a pedir plata prestada y cuando uno pide plata
prestada lo primero que preguntan es si usted va a pagar, nosotros le decimos
sí, sí le vamos a pagar y aquí está la demostración, y es que tenemos una
reforma que nos va a dar unos recursos, no inmediatamente, pero si son unos
recursos ciertos.
Segundo, la
temporalidad es un tema relativo porque presentamos una propuesta que por
supuesto en ninguna de sus dimensiones, salvo en la parte social, entrarían en
el año 2021 en curso. Las medidas entrarían empezando en el año 2022 y en
algunos de los casos se prolongan hasta tener efectos mucho más allá del 2022
en el caso de algunos de los impuestos a personas naturales terminarían en el año
2024 su proceso de gradualidad.
Entonces es necesario
mezclar dos temas, el tema del mensaje que vamos a dejar como país, de si nos
tomamos en serio o no la estabilidad futura de nuestras finanzas públicas, en
segundo lugar, la necesidad de defender los programas sociales que fueron
implementados con mucha velocidad y mucha profundidad en el contexto de la
crisis y lo tercero es el concepto de que estamos en pandemia, hay que ser
graduales y desde luego no empezar cargas impositivas en este año tan duro del
2021.
Cuando estemos
en 2022 vamos a llevar unos mesesitos a penas de posiblemente estar levantando
la cabeza, no vamos a estar recuperados ni tal vez encaminados 100% en la
recuperación. Incluso en el 2022 podría ser muy cercana la implementación de
esta reforma...
Entiendo el punto,
pero esos posibles costos y esas posibles incomodidades se tienen que sopesar
con la idea de fondo de que nosotros tenemos que ir al mercado a pedir plata
prestada y entre más demoremos la implementación del programa vamos a tener dos
enormes costos, en primer lugar, el costo de no poder darle continuidad, en
medio de semejante pandemia, a los programas sociales que se implementaron en
el contexto de la misma, de una parte. Y de otra parte, no vamos a tener un
mensaje claro para los que nos tienen que seguir prestando plata, no solo en
2021, sino en el 2022 y quizás más allá.
¿Por qué nosotros
en Colombia estamos concentrados en ese problema y no tanto los países que
están viviendo una situación similar a la colombiana, ya que la pandemia no
solo es inherente a Colombia?
Yo diría dos
respuestas. La primera es que tarde que temprano todos los países van a tener
que abordar esto, ya por ejemplo ustedes han visto en el caso de Estados Unidos
las propuestas que se empiezan a discutir en materia tributaria. Así será en
muchos otros países que tienen que enfrentar la dura realidad de que sus deudas
aumentaron y que los mercados internacionales y nacionales, en cada caso
respectivo, que estuvieron bastante generosos durante el periodo de la crisis,
pues van a empezar a tener exigencias más temprano que tarde. Entonces yo diría
que nosotros queremos mandar ese mensaje, obviamente sin efectos inmediatos,
efectos diferidos para el año 2022.
Mi segunda respuesta
es porque nosotros estamos convencidos que no podemos ponerle freno de mano al
programa de Ingreso Solidario, que se nos acaba en junio. No podemos permitir
que el programa de apoyo al empleo formal, el Paef, se desaparezca, ya se
desapareció, de hecho, en marzo, no podemos aceptar como país que a eso se le
de una continuidad siquiera hasta junio, como está en la propuesta.
Entonces tenemos esas
dos urgencias, la presentación de un país que está comprometido con su
estabilidad macroeconómica y la continuidad de unos programas sociales que
desaparecerían si nosotros no nos ponemos en el debate.
¿Por qué se
piensa en una reforma tributaria tan grande y tan ambiciosa en un momento tan
delicado como el que vivimos?
Dos respuestas, la
primera, tenemos la ambición de que los programas sociales se mantengan y se
fortalezcan en el tiempo y eso necesita una solución inmediata, tenemos que
tomar la decisión porque el programa, por ejemplo, de Ingreso solidario, se nos
acaba en junio, esa decisión hay que tomarla ya. (...) Eso nos da un sentido de
urgencia y nos da un sentido de satisfacción de lo hecho entre marzo de 2020 y
junio de 2021 con ese programa, pero la necesidad de darle continuidad es
urgente, eso no da espera.
Y al mismo tiempo que
sucede esa urgencia, tenemos que mostrar como vamos a financiar la deuda que
tenemos que emitir para podernos financiar y obviamente hay un tema de
gradualidad a lo largo y ancho de todo el proyecto que es absolutamente claro.
En segundo término,
yo no diría que se trata de una propuesta que nos ubique en las estructuras
tributarias que nos han recomendado muchísimos expertos nacionales e
internacionales.
Queremos hacer una
cosa moderada respecto de lo que en el mediano y largo plazo requeriría el país
según estos expertos. En el tema del IVA, por ejemplo, nosotros gravamos en la
actualidad un 39% del valor total de las compras de los colombianos, en América
Latina eso no es 39% sino 58% y nosotros no estamos proponiendo de ninguna
manera llevarlo hasta 58% sino hasta 43%.
Otras de las
críticas que se le ha hecho a este documento es que muchas de las medidas que
se proponen tienen un efecto inmediato a lo que se considera el asalariado
colombiano. (...) La crítica es la de siempre, ¿Por qué no salir de ese grupo
de personas que ya están afectadas, para realmente empezar a gravar con
impuestos a los que realmente tienen mucho?
Una de las medidas
que estamos proponiendo es justamente la que usted menciona, tratar de ampliar
la base de los contribuyentes, por ejemplo, en el impuesto de personas
naturales. Nosotros en Colombia, más o menos de los 51 millones de habitantes,
o de los 22 millones de personas que estamos en la fuerza laboral, pagamos
impuestos 1,5 millones de personas naturales, una proporción muy pequeña.
Nosotros en nuestra
propuesta, iríamos a ampliar esa base de contribuyentes incluyendo más personas
en las partes más altas de la distribución del ingreso, es decir, en el 10% o
15% más alto de la distribución del ingreso. Por supuesto todo el rango medio y
la base de nuestra distribución del ingreso no pagarían ni un centavo.
Lo segundo es que eso
nos acerca pero de ninguna manera nos lleva a los niveles observados en otros
países. Nosotros no somos un país particularmente solidario, tenemos unos
índices de desigualdad muy grandes y es importante que nuestros oyentes, que
ustedes, que todos los miembros de este debate que se inicia entiendan a fondo
cómo es la verdadera distribución del ingreso en nuestro país.
La persona de $2,5
millones es una persona que está en una parte alta de nuestra distribución del
ingreso, esa es la realidad de un país como el nuestro, Nosotros no podemos de
ninguna manera decir que somos un país en el cual tener esos niveles de ingreso
es alto comparativamente internacional. Lo único que estoy diciendo es que es
alto comparativamente en nuestro país.
Y, en tercer lugar,
la evasión y la elusión, que son parte integral de la política de Estado. Nosotros
en la Dian hemos hecho una transformación muy grande que ya va como a mitad de
camino y que esperamos en el próximo año completarla, que ha dado grandes
resultados en materia de la lucha contra la evasión y la elusión.
Varias aristas tiene
esto, que no son parte de este proyecto de ley. Primera arista, el uso de
información internacional. Muchos de los grandes mecanismos de las evasiones
tienen que ver con el uso de mecanismos de transferencias internacionales de
recursos. Ya tenemos acuerdos con más o menos 180 países, cosa que era mínima
hace un par de años.
Segundo, el tema de
la facturación electrónica, que ha sido un enorme éxito, y la incorporación de
más información proveniente por ejemplo del régimen simple de tributación.
Entonces usar más información, usarla mejor y usar la facturación electrónica
son maneras muy efectivas para la lucha contra la evasión. Nuestros cálculos
son que las reducciones en la elusión y evasión han sido sustantivas en este
último par de años.
¿En qué momento
Colombia cambió su modelo a uno mucho más asistencialista y terminar generando
un montón de programas sociales pagados por personas que no tienen cómo
pagarlo?
Nosotros venimos
enfatizando, como país, la política social más o menos desde los años 1990. Y
en ese sentido hemos hecho enormes avances en materia de identificación de la
población en situación de pobreza y de vulnerabilidad. En este momento ya se
está terminando todo lo atinente al Sisbén 4, que es una nueva generación de
mediciones de la pobreza en el país y ese es un trabajo de muchos años de unos
profesionales de primerísimo nivel, que nos ha permitido tener políticas
sociales inmensamente importantes.
No obstante, nuestros
índices de desigualdad son muy altos y nuestra política pública no logra
combatir esa desigualdad. Para ponerle un ejemplo, mientras que en un país
europeo el índice de desigualdad puede ser muy similar al de Colombia antes de
implementarse la política tributaria y la política que usted llama
asistencialista, después de implementada la política tributaria que está basada
en principios de redistribución y después de implementada la política social,
esos índices de desigualdad se reducen sustantivamente, prácticamente a la
mitad, mientras que nosotros nos mantenemos en esos niveles altos de
desigualdad y nuestra política pública no ha sido efectiva. Pese a que hemos
avanzado muchísimo en identificación y reducción de pobreza, no ha sido así en
el caso de la desigualdad.
No somos los únicos
que enfatizan la política social. El Estado redistributivo es una realidad en
muchos países inclusive antes de los años 50 del siglo pasado y nosotros a
penas empezamos a hacer ese trabajo en los años 90 y la propuesta que hacemos
está dentro de esa línea redistributiva
