Excelente iniciativa.
¿Será que eso nos podrá servir…
Y lo comento, porque los malos siempre buscan la forma de tapar
sus malas prácticas.
Son creativos los miserables y no quieren dejar de hacer sus
fechorías.
Los señores de El Tiempo dicen que acompañarán el proceso.
Y nosotros, desde aquí, desde el RadaR, decimos lo mismo.
Siempre tratamos de apoyar las buenas iniciativas.
Y esta es muy buena.
Esperemos que funcione.
RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
Andi plantea esquema de seguimiento ciudadano a los recursos
públicos
La reciente modificación parcial que
hizo el Congreso a la ley de garantías, a través de la suspensión de un
parágrafo que permite a alcaldes y gobernadores contratar a través de convenios
interadministrativos en el período electoral, ha suscitado todo tipo de
polémicas, desde que el cambio quedó avalado en la votación del Presupuesto
General de la Nación de 2022.
Sin embargo, el sector empresarial del país, representado por la Asociación
Nacional de Empresarios (Andi), planteó, a raíz de todas estas preocupaciones,
el desarrollo de un nuevo tipo de ejercicio de monitoreo y seguimiento a la
ejecución de los recursos públicos que se den a través de convenios
interadministrativos.
Por ello, la Andi propuso crear un
proyecto piloto que brinde en forma pública información de la totalidad de los
recursos a ser ejecutados mediante convenios interadministrativos, que incluya
contratos con entidades territoriales, priorización de proyectos, procesos
licitatorios, oferentes, procesos de selección, ejecución detallada del objeto
contractual, el manejo de recursos (anticipos y plan de pagos), así como la
liquidación de los mismos.
De acuerdo con la agremiación, este
rastreo se hará con el Sistema Electrónico de Contratación Pública - Secop I y
Secop II- en cabeza de Colombia Compra Eficiente, entidad adscrita al
Departamento Nacional de Planeación, y que tiene a su cargo todas las
herramientas necesarias para este objetivo.
Según la Andi, este ejercicio podría
ser el primer paso para generar mecanismos de acompañamiento ciudadano que
garanticen el correcto uso y la construcción de escenarios de confianza sobre
los recursos que ciudadanos y empresas le aportan al Estado.
“Este debe ser un propósito nacional
de todos los actores y de la misma ciudadanía para salvaguardar los recursos
públicos. Por esto hemos hecho un llamado a concretar un proyecto especial de
la mano del Gobierno Nacional, entidades dedicadas a la construcción de
transparencia y lucha contra la corrupción y entidades de control”, indicó la
agremiación.
Para Bruce Mac Master, presidente de
la Andi, hoy más que nunca se requieren mecanismos de transparencia que
incluyan la identificación y seguimiento de todos los recursos públicos a nivel
nacional y territorial.
“La ciudadanía de hoy quiere conocer a
profundidad los destinos de sus recursos, estar segura del uso eficiente de los
mismos. Construir confianza debe ser un objetivo en toda democracia. La mejor
forma de hacerlo es involucrando a toda la sociedad, a la academia, a los
medios de comunicación en el monitoreo y seguimiento de los recursos públicos”,
aseguró el dirigente gremial.
De hecho, el gremio le hizo la
invitación al Ministerio de Hacienda, que ya aceptó ser parte de este proyecto
al que se han sumado EL TIEMPO y Juntos por la Transparencia, como aliados a
esta iniciativa.
De largo aliento
La Andi dijo que también invitó a
otras entidades para este seguimiento cuyo monitoreo se hará usando el Secop,
señalando que este mecanismo debe ser especialmente útil en los periodos
electorales.
Lo anterior porque, de acuerdo con
Transparencia por Colombia, “hoy en día es claro que las campañas políticas
requieren un alto volumen de recursos (el tope de gastos para una lista al Senado
llega a 96.000 millones de pesos, y para la primera vuelta a la presidencia, a
27.000 millones de pesos), y que quienes acceden a mayores montos de recursos
son quienes tienen mayor oportunidad de ser elegidos”.
Recientemente esta entidad advirtió que
la modificación de la ley de garantías podría servir de incentivo para que
intereses particulares busquen capturar fondos públicos y desviarlos hacia
gastos de campañas.
“Es preciso lograr un compromiso con
los entes territoriales para que aquellas entidades que cuentan con regímenes
especiales cumplan con los mismos estándares de la contratación e información,
para que también sea de conocimiento público toda la ejecución paso a paso de
sus propios presupuestos”, recalcó la agremiación.
Por ello, la Andi y las entidades que
son parte de esta propuesta proponen que se adelanten los siguientes
entregables bajo este piloto de seguimiento.
1. Reportes mensuales que
contengan los montos de los convenios interadministrativos, a qué sector corresponden
y a qué municipios o departamentos fueron asignados.
2. Difusión de los mismos a
través de diferentes canales de comunicación (prensa inscrita/digital).
3. Trabajar junto con el
Gobierno para que éste mismo ajuste las distintas plataformas que
permitan mayor facilidad para la ciudadanía en cuanto a la búsqueda oportuna en
línea de toda la contratación.
Y, con base en esto, darle seguimiento
detallado a la totalidad de los recursos movilizados a través de la figura
durante el período electoral.
Como se recuerda, lo aprobado por el
Congreso, en el artículo 125 del proyecto de ley de presupuesto, modificó el
artículo 36 de la citada ley de garantías con el propósito de promover la
reactivación económica y la generación de empleo en las regiones, y autorizó
que se podrá celebrar convenios interadministrativos con las
entidades territoriales para la ejecución de programas y proyectos del
Presupuesto General de la Nación.
El parágrafo del artículo incluye que
todos los convenios serán objeto de control especial por parte de la
Contraloría General de la República. Esta iniciativa busca también
trabajar con los organismos de control y convertirse en fuente de información
para el cumplimiento de su función.
