La descertificación no es el fin del mundo: Ernesto Samper

Ernesto Samper P., expresidente de Colombia

El expresidente colombiano asegura que la descertificación es ilegal, política y regresiva 

En un comunicado a la opinión pública, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano aseguró que el hecho de que Estados Unidos haya sacado a nuestro país de la lista de naciones que luchan contra la droga no es el fin del mundo.

Este es el texto de su comunicado, publicado en redes sociales:

Colombia ya pasó por una descertificación y puedo asegurar que no es el fin del mundo. Al contrario, nos ofrece la oportunidad de volver a mostrar internacionalmente los altos costos económicos, sociales e institucionales que hemos pagado por un problema que no es solo nuestro. Y de volver a exigir a los países consumidores como Estados Unidos y muchos de Europa que cumplan su compromiso de reducir la demanda de estupefacientes, precisamente en momentos en que ha bajado el consumo de drogas de origen vegetal y se están sintiendo los efectos devastadores de drogas sintéticas como el fentanilo y otros estupefacientes que no producimos.

Por lo demás, la decisión de descertificar a Colombia en su lucha contra las drogas es ilegal, política y regresiva.

Es ILEGAL porque ningún país está autorizado para imponer sanciones unilaterales a otro país o a sus nacionales. Solamente la Organización de las Naciones Unidas puede hacerlo en circunstancias ya establecidas y en casos justificados de necesidad.

Es POLÍTICA porque siempre ha sido utilizada para castigar a países que se consideran “enemigos” de Estados Unidos. Las peores dictaduras de derecha han sido beneficiadas con la no aplicación de la descertificación mientras que a nuestro país, que ha pagado altos costos humanos en vidas e institucionales, la descertifican cada vez que el gobierno de Colombia aparece como “enemigo” del gobierno de Estados Unidos.

Es REGRESIVA en términos sociales y humanitarios porque hace recaer sobre los sectores más vulnerables de la cadena de las drogas, como los campesinos y los indígenas, una sanción que debería comenzar por el control de sus propios mercados que es donde se generan y quedan las grandes utilidades del narcotráfico. Esta decisión coincide con la finalización de los programas de USAID en Colombia que apoyaban iniciativas como la sustitución social y voluntaria de cultivos ilícitos en manos de miles de campesinos, política que debería impulsarse con mayor vigor.