Se muestra tranquila la ministra TIC, Karen Abudinen.
Estamos hablando de un contrato en el que se movieron cerca de
70 mil millones.
Los colegas de El Tiempo la sentaron un rato y le hicieron las
preguntas pertinentes.
El diálogo es interesante y aquí lo presentamos en el RADAR.
Vamos a seguir atentos. Por las redes sociales han hecho
comentarios serios, irrespetuosos, valiosos y de toda índole…
RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
‘Estaré aquí hasta que el presidente Duque lo requiera’: mintic,
Karen Abudinen le explicó a EL TIEMPO detalles sobre el contrato que está
siendo investigado.
La ministra de las TIC, Karen Abudinen, le explicó a EL TIEMPO los detalles
del contrato en el que cual se habrían
presentado documentos falsos por parte de un contratista, al que se le giraron
alrededor de 70.000 millones de pesos.
La supuesta irregularidad, revelada por este diario, se habría dado en un
proceso de contratación para llevar conectividad a lugares apartados del país.
Ante el caso, la funcionaria afirmó que se adelantó la "verificación de
los requisitos establecidos en la ley" y que, al detectar la anomalía,
ella misma acudió a los entes de control para denunciarla.
¿Cómo fue el proceso de licitación para que Centros Poblados se
ganara uno de los contratos para conectar a las escuelas rurales en el país?
Este proceso se origina en el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. En
cumplimiento de las metas del Gobierno planteadas allí, el Plan TIC 2018: El
Futuro Digital es de Todos definió preparar y ejecutar un proyecto ambicioso y
sin precedentes en la historia de la conectividad en nuestro país: asegurar
internet gratuito y de buena calidad a 10.000 centros educativos rurales.
En 2019 comenzó la preparación del
proyecto. Para ese entonces, el ministerio había contratado a la firma
consultora Consorcio Telbroad–Profit para que ayudara en la estructuración financiera
y técnica. En junio de 2020, un mes después de asumir la cartera, ya había una
primera publicación de este proyecto. Nosotros adelantamos mesas de trabajo con
todas las empresas que mostraron interés y se revisaron aproximadamente 1.800
observaciones.
Logramos mejorar incluso las
expectativas del primer borrador en cuanto a los alcances del proyecto y
definimos que, con una inversión del Gobierno por 2,1 billones de pesos, el
operador o los operadores que ganaran la licitación debían conectar 14.000
puntos, garantizar un ancho de banda de al menos 10 megas, por al menos 11
años.
En agosto iniciamos la licitación, con
el acompañamiento permanente de Colombia Compra Eficiente, porque se estableció
que la propuesta económica se presentaría en sobre cerrado, con una clave
secreta y por tanto no había manera de conocerla ni por nosotros ni por los
demás licitantes.
¿Los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros eran los
adecuados para escoger a los contratistas?
Sí. El ministerio cuenta con un
Viceministerio de Conectividad y desde su área de Infraestructura siempre se
han estructurado los proyectos relacionados con la conectividad de las
regiones, dependencia que se encargó de la definición de los requisitos
habilitantes técnicos y de los financieros. En ambos casos, de acuerdo con la
ley 1150, se verificaron en el Registro Único de Proponentes. En cuanto a los
requisitos jurídicos, se verificaron todas las condiciones de capacidad y
existencia de todas y cada una de las 27 empresas que participaron en la
licitación, no existiendo ninguna inhabilidad o incompatibilidad en los
registros públicos de la Contraloría, Procuraduría o Policía.
En el sistema de contratación pública
en Colombia, los contratistas se habilitan cumpliendo con los requerimientos
establecidos en la ley.
Se ha dicho tendenciosamente que le
dimos un contrato a un contratista sin experiencia. Tanto Comcel como Unión
Temporal Centros Poblados cumplían el requisito mínimo de haber ejecutado al
menos 10 contratos anteriormente en el sector TI.
Era claro que ganaban los que
ofrecieran más conectividad con el recurso que nosotros establecimos invertir.
Nosotros adelantamos mesas de trabajo
con todas las empresas que mostraron interés y se revisaron aproximadamente
1.800 observaciones
¿Cómo se puede pasar una póliza falsa al equipo evaluador? En la
audiencia se habló de 4 pólizas o garantías falsas, ¿cuáles son?
Acá lo que ocurrió es que estamos ante
un delito. Los responsables los determinará la Fiscalía General de la Nación.
Por eso desde el primer instante que fuimos advertidos de la inexistencia de
las garantías, dimos aviso al Fiscal General de la Nación y a los entes de
control.
En el ministerio adelantamos la
verificación de los requisitos establecidos en la ley, el manual de
contratación de la entidad e, incluso, acudimos a una firma reconocida
especializada en esa tarea.
SesColombia S. A. S. es una firma que
tiene una trayectoria de más de 12 años en la asesoría de entidades del Estado
y envió el visto bueno sobre todas las garantías del proceso, no solo las que
presentó la Unión Temporal Centros Poblados. Ya iniciamos actuación
administrativa frente a SesColombia con la misma firmeza que hemos procedido
durante este trámite.
En cuanto a las garantías, el
contratista caducado aportó tres garantías bancarias: cumplimiento, anticipo y
salarios y prestaciones sociales, supuestamente expedidas por el banco Itaú
Corpbanca S. A. El banco Itaú indicó no haber expedido la garantía bancaria de
cumplimiento. El mismo día que el banco Itaú nos confirmó que no expidió el
documento que el contratista presentó, personalmente puse la denuncia en la Fiscalía
General de la Nación. El mismo día nos confirmó que las garantías de anticipo y
salarios tampoco las había expedido, ampliando la denuncia al respecto ante el
Fiscal General. En cuanto a la póliza de seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual, la cual se encuentra vigente.
¿En qué momento aparecen las alertas sobre el contratista?
El 27 de mayo se genera el primer
incumplimiento por parte del contratista. Y el 25 de junio, en audiencia a la
que citamos también al banco Itaú para advertirle del incumplimiento del
contratista, el banco informa que no expidió esa garantía.
Así que estábamos en una situación muy
grave: el contratista no solo estaba retrasado, razón por la que habíamos
iniciado actuación administrativa sancionatoria, sino que descubrimos que
presentó documentos presuntamente falsificados, lo cual constituye un delito penal.
Ese mismo día denunciamos ante la
Fiscalía y dimos traslado a los entes de control Procuraduría y Contraloría,
para que iniciaran también sus actuaciones.
Los recursos del Mintic fueron a una fiducia. ¿Acaso ellos no
deben verificar antes de girar y pagar a los contratistas? ¿Qué responsabilidad
le cabe a la fiducia?
El estatuto anticorrupción estableció
que los anticipos del Estado se manejaran a través de fiducias con el objetivo
de no entregar la plata a los contratistas directamente, sino a los proveedores
que cumplan con las condiciones legales. La fiduciaria BBVA giró los pagos que
la firma interventora autorizó con documentos soporte que no nos dan
tranquilidad y sobre ellos estaremos informando a la Fiscalía y a la
Superintendencia Financiera.
El Comité Fiduciario, en el que
participaban el supervisor, el interventor y la fiducia, aprobó la utilización
de los recursos y la interventoría autorizó los pagos. El 5 de agosto
comenzamos la actuación administrativa contra la firma interventora.
En el ministerio adelantamos la
verificación de los requisitos establecidos en la ley, el manual de
contratación de la entidad e, incluso, acudimos a una firma reconocida
especializada en esa tarea.
¿Quiénes eran los interventores y supervisores de este contrato?
La empresa Consorcio PE 2020 C
Digitales era el interventor. La supervisión del contrato estuvo a cargo del
entonces director de Infraestructura del Mintic, desde el 18 de diciembre de
2020 hasta el 29 de julio de 2021.
Se rumora que han salido personas de la entidad en las últimas
semanas, ¿qué ha sucedido y por qué?
Tomé las medidas del caso para
facilitar la actuación de los entes de control en un ambiente de total
transparencia, por lo que separé de las funciones directas del contrato al
equipo que lo venía haciendo y puse un nuevo equipo a cargo.
Empezaron a sobresalir temas como el que se hubieran cargado
documentos falsos en Secop, ¿esto evidencia una baja seguridad e incluso
rastreo de documentación oficial?
Este delito es un precedente para el
país en materia de contratación estatal. Ya el Gobierno empezó a tomar medidas
con la circular 001 que saco la Superfinanciera en conjunto con Colombia Compra
Eficiente referente a los mecanismos para fortalecer la debida diligencia de
los beneficiarios de pólizas de seguros, garantías y avales bancarios.
Una banda de corruptos fue capaz de
pasar garantías bancarias falsas y, al parecer, como lo ha investigado EL
TIEMPO, es probable que haya ocurrido en otros contratos en el pasado con
diferentes entidades públicas, porque parece que existe un mercado negro de
garantías y pólizas. Pero todo eso es materia de investigación por parte de las
autoridades correspondientes.
El presidente Iván Duque ha sido el
primero en señalar que habrá que actuar con firmeza y celeridad y de la mano de
los entes de control llegar a los responsables de estos hechos.
¿Qué ha hecho usted como ministra para recuperar los 70.000
millones de pesos?
El 19 de agosto iniciamos el cobro
coactivo en contra de la UT Centros Poblados y sus integrantes. Embargamos
bienes y activos de los socios, entre estos más de 21 cuentas bancarias, mas de
70 vehículos y varios edificios y lotes.
Se ha hablado de embargos y hasta extradición, pero
específicamente ¿cuáles serán las implicaciones políticas para este caso
puntual? En ese caso, el Gobierno estadounidense ¿hasta qué punto podría llegar
en la investigación?
Gracias a la gestión del señor
Presidente y a las acciones de la Fiscalía General de la Nación, las agencias
estadounidenses están al tanto de este caso. Estaremos atentos al avance de sus
investigaciones, pero es muy importante tener su apoyo.
Se ha manifestado que SesColombia fue
la encargada de la revisión de las pólizas y garantías, ¿cuáles serán las
sanciones para esta empresa?
El 23 de agosto se procedió a
adelantar la citación a audiencia para el viernes 27 de agosto, a fin de
establecer las responsabilidades de SesColombia en esta situación. Y vamos a
tomar todas medidas pertinentes en este caso, tal como lo hemos venido haciendo
a lo largo del proceso.
Hemos visto cómo han pedido la
renuncia de la ministra. ¿Quién asume la responsabilidad política por este
caso? ¿Usted qué les
responde?
Hay metas muy importantes en materia
de conectividad y no vamos a parar en nuestro empeño de lograrlas. Este
ministerio ha mostrado gran compromiso con la misión de conectar a los
colombianos y de cumplir las metas sociales del Gobierno. Los ministros estamos
para liderar la política pública, ejecutar programas y también para enfrentar
las situaciones difíciles y solucionarlas.
Estaré aquí hasta que el presidente
Duque lo requiera.
