El coronavirus no “come”
de estratos.
El coro es atrevido.
Entra sin avisar y se instala.
Y si no actuamos cómo
debe ser, nos llevará a la tumba a muchos.
Estratos altos, medios o
bajos, pueden caer en sus garras.
Y aunque se tomen
algunas medidas, hasta los más estudiosos, no han entendido la magnitud del
desastre.
Si fueran conscientes de
eso, los profesionales de la salud entendieran que ellos no deben estar pasando
por las calles de las ciudades con las batas que utilizan para atender a los
enfermos o pacientes.
A los alrededores de las clínicas de la ciudad de
Barranquilla y de otras ciudades de Colombia, eso se convirtió en algo normal. Parece un desfile de batas blancas...
Eso nunca lo he podido
entender…
RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
Por Amylkar
Acosta Medina *
EL COVID – 19 CONTAGIÓ LA ECONOMÍA
Colombia y el mundo están encarando la pandemia del
Covid-19, el presidente de Francia Emmanuel Macron y el presidente de EEUU
Donald Trump han coincidido en que contener y enfrentar su propagación es una
verdadera guerra. Por su parte la canciller de Alemania Ángela Merkel la
calificó como el mayor desafío al que se enfrenta desde la segunda guerra
mundial. Con toda razón el director general de la Organización Mundial de la
Salud -OMS, el etíope Tedros Adhanom, no dudó en calificar al Covid–19 como “enemigo
de la humanidad”.
Efectivamente, estamos en guerra, pero esta vez contra un
enemigo mortífero e invisible, pero no invencible.
Ante el avance y recrudecimiento de esta pandemia a
nivel global, a los gobiernos de los distintos países no les ha quedado otro
camino que tomar medidas tan extremas como el aislamiento, el bloqueo o la
cuarentena para tratar de contenerla. Pero, como era de esperarse, ello trajo
como efecto colateral el contagio de la economía, exacerbado en los países que,
como Colombia, dependen de sus exportaciones de petróleo por la caída libre de
los precios internacionales a los cuales se cotiza[1].
Desde luego que la
primera prioridad que deben tener los gobiernos es salvar vidas antes que
salvar la economía, solo que si esta se hunde será más difícil lograrlo. De
manera que esta batalla se deberá librar en dos frentes, en el de la salud y en
el de la economía, pues el riesgo es que aquella corra la misma suerte de esta.
Y de la economía se ha dicho lo mismo que con respecto a la pandemia: lo peor
está por venir. Y lo peor que le puede pasar a la economía es que nuevamente
caiga en la recesión, en momentos en los que no termina de reponerse de la
recesión de 2008, máxime cuando los expertos vaticinan una más grave y
perdurable que la anterior.
Por esta razón los
gobiernos, empezando por los de los países desarrollados, no están ahorrando
esfuerzos para evitar lo peor. Alemania, por ejemplo, ha resuelto emitir
circulante por un valor equivalente a 350.000 millones de euros, el 10% de su
PIB, para comprar acciones de aquellas firmas que están al borde de colapsar e
inyectarle liquidez a su Banco de Desarrollo, para que este a su vez preste a
las empresas para sacarlas a flote y así salvar los empleos de las mismas. En
Estados Unidos le tocó al presidente Trump, quien en un primer momento
subestimó la gravedad de la amenaza, anunciar un paquete de medidas por un
valor equivalente al 0.5% de su PIB, que buscan fundamentalmente darles
capacidad adquisitiva a sus ciudadanos, especialmente a aquellos quienes si
dejan de trabajar automáticamente dejan de devengar.
COLOMBIA EN LA
ENCRUCIJADA
Así se hayan
regodeado los voceros del Gobierno Nacional diciendo que el país estaba
preparado para afrontar y enfrentar la pandemia del Covid-19, descartando, como
lo hizo la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, implementar “medidas
extremas que no son necesarias” [2], aunque tardíamente, el presidente Iván Duque, a
remolque, se vio precisado a tomarlas. Así el ministro de Hacienda Alberto
Carrasquilla alardeara diciendo que “la economía mantiene un grado de
solidez lo suficientemente importante como para soportar estos eventos” [3], tuvo que salir en volandas a ver cómo solventaba los
requerimientos que demanda la actual coyuntura.
La situación
económica y social del país muestra serias vulnerabilidades en momentos en los
que la pandemia que asuela y azota al país y la economía enfrenta los embates
de un choque externo severo. Veamos: el crecimiento del PIB el año anterior fue
del 3.3%, insuficiente para generar empleo en lugar de destruirlo, lo cual
explica que la tasa de desempleo se haya trepado hasta el 13%, la más alta en
seis años.
La pobreza monetaria
que había disminuido desde el 37.2% en 2010 hasta tocar fondo en 2017 en el
26.9%, volvió a subir a partir de 2018 registrando el 27%.
Según Fedesarrollo,
por primera vez el porcentaje de personas que hacen parte de la clase media, el
30%, supera el de la pobreza, pero se ha incrementado hasta un 40% el
porcentaje de la población con un pie en la clase media y el otro en la
pobreza, en riesgo de retroceder [4]. Sumadas la población pobre a la vulnerable
representan el 67% de la población (¡!).
En el sector externo
es en donde la economía colombiana tiene su mayor vulnerabilidad, toda vez que,
no obstante que por un largo período el sector exportador ha contado con una
tasa de cambio favorable, no ha reaccionado, sobrepasando el monto de las
importaciones al de las exportaciones. De allí que el año anterior cerró
con un déficit en la Cuenta corriente de la balanza de pagos del 4.3%, con
tendencia a su incremento este año, habida cuenta que las exportaciones de
petróleo representan más del 40% y se van a ver afectadas por partida doble,
tanto por la caída de los precios como de los volúmenes de exportación [5]. A ello se viene sumar que la deuda pública
denominada en dólares llegó a su pico histórico del 43% del PIB, la cual se ha
incrementado hasta el momento en un 25% por cuenta de la devaluación galopante
del peso frente al dólar.
Pero, indudablemente,
en donde la vulnerabilidad y las afugias son mayores es en el frente fiscal,
dado que el manejo de la política fiscal por parte del ministro de Hacienda
Alberto Carrasquilla lo ha dejado sin margen de maniobra. Mucho antes de verse
abocado a la actual contingencia que va a demandar ingentes recursos ya lo
había dicho: “este año tenemos la obligación de no gastar con respecto a lo
aprobado por el Congreso; entonces, tenemos una congelación importante a
consecuencia de no contar con los suficientes ingresos” [6]. Esta es una de las consecuencias que se derivan de
sus malabarismos, haciendo pasar por financiamiento gasto corriente,
recurriendo sin miramientos a las emisiones de Títulos de Deuda Pública (TES) a
tutiplén [7], amén del enorme costo fiscal, que sobrepasa los $10
billones, de la reciente reforma tributaria [8].
LA DECLARATORIA
DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL
La exdecana de la
Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Ana María Ibáñez,
refiriéndose al impacto de la actual crisis, considera que “las
consecuencias económicas y sociales de esto pueden ser devastadoras sino se
hace pronto una intervención… Los ingresos de las personas más vulnerables
caerán significativamente y con esto su alimentación, capacidad de pago de
servicios públicos y otros rubros” [9]. Para salirle al paso a esta situación, a juicio del
excodirector del Banco de la República José Antonio Ocampo, “hay que salirse
de la caja”, la reducción del déficit fiscal para cumplir con la Regla
fiscal debe esperar y esta debe flexibilizarse para poder sortear esta
calamidad pública. Para ello se requerirá incrementar el gasto público por lo
menos en dos puntos porcentuales del PIB ($20 billones, aproximadamente).
La economista María
Angélica Arbeláez ha planteado que “el Gobierno debe ser más agresivo con
programas de gasto y hay que pensar en un financiamiento heterodoxo que podría
venir del Banco de la República” [10], al fin y al cabo este cuenta con reservas que
superan los US$53.000 millones, a las que se puede apelar en las actuales
circunstancias.
Se advierte entre las
motivaciones del Decreto 417, expedido el 17 de marzo declarando la Emergencia
económica, social y ambiental, que “la capacidad de implementar medidas de
política fiscal contracíclicas por parte del Gobierno Nacional se ve limitada
por lo que actualmente no resulta financieramente viable ni fiscalmente
responsable acudir a mercados de deuda”. Y continúa diciendo que “en
efecto, se estima que el nuevo escenario macroeconómico podría inducir un
deterioro en el balance del Gobierno Nacional Central de más de $3 billones en
2020 (equivalentes a 0,3% del PIB), cifra que aumentaría a cerca de $6 billones
en 2021 (0,5% del PIB). En un escenario aún más negativo, en el que los precios
del petróleo no se recuperen en el segundo semestre, estos efectos sobre el balance
fiscal podrían ascender a 0,4% en 2020 y a 0,6% del PIB en 2021. Lo
anterior significa un cambio abrupto en el panorama fiscal, que en ausencia de
medidas contundentes pueden repercutir en la estabilidad macroeconómica del
país”.
EL ZARPAZO A LAS
REGIONES
Ante las limitaciones
que enfrenta el Gobierno Nacional, debido a la política fiscal que lo dejó sin
margen de maniobra, ha decidido echar mano de los recursos del Sistema General
de Regalías -SGR – que son de las regiones, no hacen parte del Presupuesto
General de la Nación -PGN, tienen su propio presupuesto, así lo dispone el Acto
legislativo 05 de 2019 que reformó el Acto legislativo 05 de 2011. El ministro
Carrasquilla anunció, prácticamente como la única fuente de financiamiento del
paquete de medidas que se deriven de la declaratoria de Emergencia, tomar en
préstamo $12.1 billones provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización FAE –
y $2.7 billones del Fondo de Pensiones Territoriales -(Fonpet – del SGR, sin
contar para ello con el consentimiento de los gobernadores y alcaldes del país.
Y así quedó dispuesto en el Decreto que Emergencia.
Estos recursos
alimentarán el Fondo de Mitigación de Emergencias -Fome, creado mediante el
Decreto 444 de 2020, el cual los destinará, entre otros fines a la “operación
de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero” (¡!), no obstante
que la Junta directiva del Banco de la República ha liberado con tal fin $23.5
billones. Además, el Banco Emisor les ofrece mecanismos de cobertura para
protegerse contra la volatilidad de la tasa de cambio. Y, como si lo anterior
fuera poco, el Fome también podrá “proveer directamente financiamiento a
empresas privadas” (¡!). Pese a ello, se afirma por parte del director del
Departamento Nacional de Planeación -DNP, Luis Alberto Rodríguez, que “el
Fome lo que busca es garantizar los recursos para la salud y para darle
efectivo a los colombianos más vulnerables” [11].
Las protestas de los
gobernadores y alcaldes del país no se han hecho esperar, pues tal decisión
transgrede la autonomía territorial consagrada en el artículo 1º y en el
artículo 287 de la Constitución Política. Y no es para menos, pues no hay
derecho a que, en momentos en los que los municipios y departamentos están
urgidos de recursos para poder enfrentar la emergencia, se disponga de los
recursos del FAE y del Fonpet, que son propios de ellos, para solventar al
sector financiero y a la empresa privada, con la promesa de que les serán
reintegrados “a partir de la vigencia de 2023” los del FAE y los del
Fonpet “en las próximas 10 vigencias”.
En medio de las
aulagas del Gobierno Nacional se ha venido ventilando también la propuesta de
disponer de un punto de los cuatro puntos porcentuales de la nómina que le
aportan las empresas a las cajas de compensación familiar. Ello sería tanto
como abrir un hueco para tapar otro, dado que tales recursos se los estarían
quitando a quienes cobijan las cajas con el aseguramiento en salud del régimen
contributivo, así como el dinero contante y sonante que reciben los
trabajadores que perciben menos de dos salarios mínimos por cada hijo a cargo.
Se estaría desfinanciando, además un fondo de hondo sentido social que manejan las
cajas como son el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al
Cesante -Fosfec.
Por qué no pensar,
más bien, en desmontar, así sea parcialmente, alguna de las gabelas impositivas
que le fueron prodigadas a las grandes empresas en la reciente reforma
tributaria [12]. A guisa de ejemplo, por qué no se deroga la norma
mediante la cual se dispuso que el Impuesto de Industria y Comercio -ICA – que
pagan las empresas pasara de ser deducible, como lo preveía el artículo 115 de
la Ley 1943 de 2018, a ser descontable del impuesto de renta, el 50% en 2020 y
el 100% a partir de 2021. Este beneficio tributario le costará al fisco $1.6
billones, $500 mil millones más que lo que le pretenden quitar a las cajas de
compensación. Y ello es posible, toda vez que, según el artículo 215 de la
Constitución Política, el mismo que invocó el presidente Duque para decretar la
Emergencia, le da la facultad para “establecer nuevos tributos o modificar
los existentes” mediante Decreto-ley. ¡Todo para “conjurar la crisis e
impedir la extensión de sus efectos” a futuro!
