ELECTRICARIBE y sus historias.
Mi colega José Granados, de El Heradlo, nos cuenta ésta y es bueno socializarla, a fin de que nuestros lectores conozcan qué está pasando en Colombia, en torno a esta compañía, que hace parte de nuestras vidas...
Me imagino el rostro de José García, cuando le dijeron: "Señor García, usted ha sido removido de su cargo". Él es español...
Pienso que, aunque eso lo estuviera pensando, tendría la expectativa de que se podría solucionar el asunto.
El problema no está fácil...
RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
“Señor García,
usted ha sido removido de su cargo”
Por José Granados
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20 de Noviembre de 2016 00:30
EL HERALDO conoció detalles de
lo que sucedió antes y durante la toma de posesión de la empresa eléctrica,
como la llegada de funcionarios en un avión de la FAC y hasta un sigiloso
cambio de hotel.
Señor García, usted ha sido
removido de su cargo. Muchas gracias”, le dijo el Superintendente de Servicios
Públicos, José Miguel Mendoza, al presidente de Electricaribe al notificarlo de
la intervención administrativa que acababa de llevarse a cabo. Minutos antes,
el ejecutivo había llegado presuroso al piso séptimo de la sede central de la
compañía, al norte de Barranquilla, tras abortar un viaje a Bogotá por una
llamada urgente de su oficina.
Era martes en la mañana y en
algunos sectores de la ciudad caía una pertinaz lluvia. De esa manera, Mendoza,
quien habían llegado la tarde del lunes festivo con 65 funcionarios más en un
avión de la Fuerza Aérea ante la imposibilidad de conseguir tiquetes en vuelos
comerciales, terminaba cuatro intensos meses “respirándole en la nuca”, con
seguimientos y evaluaciones financieras, técnicas y operativas, a la
cuestionada compañía –filial de la multinacional española Gas Natural Fenosa,
GNF– que vive el peor de sus momentos desde que en 1998 asumió la operación del
sistema eléctrico domiciliario en la Región Caribe.
Pese a que diferentes sectores
políticos, sociales y productivos clamaban por la intervención, hacerlo fue una
de las decisiones más difíciles por la complejidad del tema. EL HERALDO conoció
detalles de los días previos a la “fijación de la hora cero” y a procesos que
incluyeron extensas reuniones; trabajo de campo para recoger información que
sirviera para conocer la empresa que atiende a 2.566.000 usuarios en la Región
Caribe, al margen de otros clientes industriales en 25 de los 32 departamentos
colombianos; que tiene el 24% de participación en el mercado eléctrico
domiciliario del país y que cubre, en un área de 132.239 kilómetros cuadrados,
186 municipios y maneja 622 circuitos y 266 subestaciones.
I. Alertas y sustos
¿Qué quiere decir el
barranquillero José Miguel Mendoza, quien hace apenas cuatro meses asumió la
Superservicios, cuando afirma que la toma de posesión fue una decisión
“absolutamente responsable” y “ajustada a la Constitución”?
Fuentes consultadas explicaron
que “dos alertas y dos sustos” ocasionaron, en últimas, la expedición de la
Resolución 20161000062785 del 14 de noviembre de 2016. Esta, en el fondo,
también fue producto de la confirmación de que “todo podía empeorar” luego de
que no hubiese ningún acuerdo entre el Gobierno Nacional y directivos de GNF,
incluido su presidente Isidre Fainé, tras el cónclave eléctrico del pasado fin
de semana en Bogotá, por petición del mismísimo Rey de España, Felipe VI.
La primera alerta, contó una
fuente, la tuvieron en octubre, en momentos en que Mendoza y su nuevo equipo de
trabajo aprendían a “leer la crisis”, esa que les pasó por las manos a otros
Superintendentes sin que hicieran mayor cosa por lo que han sido señalados de
“ineficientes y pasivos” por críticos como los congresista Mauricio Gómez Amín
y David Barguil. Bajo el radicado SSPD 20165290693382 conocieron un informe que
Deloitte Asesores y Consultores, auditora externa de Electricaribe, le envió el
10 de octubre al presidente José García Sanleandro.
Tras analizar los flujos de
caja, Deloitte advertía de manera contundente a Electricaribe: “(…) no se
cuenta con los recursos suficientes y necesarios para cubrir las obligaciones
derivadas de su operación normal, incluyendo dentro de estas el pago a las
empresas generadoras que le suministran la energía necesaria para cubrir la
demanda del mercado que atiende, poniendo de manifiesto un claro riesgo de
‘inviabilidad financiera’ para la compañía”.
Entonces apareció el primer
susto. El 26 de octubre, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, admitió,
como lo había informado EL HERALDO, que existía riesgo de que XM, operador del
mercado eléctrico nacional, le iniciara a Electricaribe un proceso de
limitación de suministros, lo que significaba el comienzo de racionamientos
para la Costa, por el no pago a los generadores.
De urgencia, Mendoza tuvo que
venir a Barranquilla e instaló un “equipo élite” para hacer seguimiento a esta
situación. El fantasma de los cortes de luz en la Región se disipó porque la
empresa de GNF abonó $28.350 millones.
II. Cerca del racionamiento
No habían terminado de
desaparecer los efectos de ese primer riesgo cuando la Superintendencia de Servicios
Públicos recibió la segunda alerta, explicó la fuente: el 4 de noviembre, bajo
el radicado SSPD 20165290759202, expertos contratados por el Fondo Empresarial
de esta entidad concluyeron que Electricaribe era una empresa con una
“situación financiera precaria” que, con los niveles de sus deudas, capital y
flujo de caja, “tendrá dificultades para poder cumplir tanto con las
obligaciones de pago derivadas de su operación corriente, como con sus
compromisos a largo plazo con terceros”. Más grave aún, el estudio sentenció
que cada vez era “más limitada” la posibilidad de que la empresa acudiera a
“fuentes de financiación externas”, es decir a los bancos.
Cuatro días después comenzó el
segundo susto. “Este fue más grande”. El reloj inició otra cuenta regresiva
para que XM aplicara la limitación de suministro de energía. La Costa estaba
expuesta de nuevo a racionamientos de 3 horas días, inicialmente.
“La situación fue muy tensa”,
reconocen las fuentes consultadas, porque en esta ocasión el operador del mercado
alcanzó, como lo dice la ley, a publicar los avisos diciéndoles a los 2,5
millones de usuarios de Electricaribe que habría cortes como consecuencia del
no pago de la compañía.
La Costa se salvó de los
racionamientos por pocas horas: la empresa pagó $27.738 millones el 8 de
noviembre, a poco de que el 9 comenzara la limitación de suministros. Ese pago
‘in extremis’, como lo informó EL HERALDO, se debió a que, como lo advirtieron
los expertos financieros, la empresa tuvo problemas para conseguir los préstamos
bancarios.
“Desde la tarde del 8, los
medios de comunicación dijeron que Electricaribe había pagado, pero la verdad
fue que el pago solo entró a las 8:48 de la noche. Estuvimos muy cerca de que
XM bajara los tacos”, subrayó una de las fuentes.
III. La hora cero
La misma fuente dijo que si no
hubiera pagado, la Superintendencia tenía todo listo la noche del 8 de
noviembre para intervenir la compañía eléctrica y evitar los racionamientos,
pues el incumplimiento era suficiente para tomar posesión, como reza el
artículo 59 de la Ley 142 de 1994 o de Servicios Públicos.
En todo ese corre corre, la
Superservicios pudo certificar, como lo habían advertido Deloitte y los
expertos contratados por el Fondo Empresarial, que existía un “riesgo
inminente” de que la empresa de Gas Natural Fenosa llegara a “suspender en
forma grave el pago de sus obligaciones mercantiles”.
De acuerdo con el flujo de caja
analizado por la entidad gubernamental y por la misma Electricaribe, ese
riesgoso escenario se daría a “final de noviembre” porque la compañía no
contaría con efectivo disponible para pagarles a los generadores.
Mientras escaseaban los
recursos, la electrificadora tenía que cumplir antes de que finalizara este mes
con tres pagos más a los generadores por $165.000 millones. “Y plata no había”.
Por esa razón,
independientemente de la reunión entre el Gobierno Nacional, en cabeza del
ministro Arce, y los dueños de GNF, la Superintendencia decidió estar lista
para “evitar lo peor” y actuar de acuerdo a lo que dice el artículo 365 de la
Constitución, que señala que es un “deber del Estado” asegurar la “prestación
eficiente” de un servicio público como el de la electricidad “a todos” los
colombianos.
EL HERALDO supo que mientras
Arce y Fainé buscaban soluciones a la insostenible situación de Electricaribe,
el Superservicios pidió una reunión urgente de la Comisión Reguladora de
Energía y Gas, CREG. Lo hizo, explicaron las fuentes, con base en las alertas
financieras mencionadas y, como nuevo ingrediente, teniendo en sus manos el
dictamen del Superintendente Delegado para Energía y Gas, José Plata Puyana,
que, además de la parte financiera, da cuenta del riesgo de racionamientos que
se corría; que reseña las 71 alteraciones de orden público registradas por el
Centros de Estudios Políticos y Socioculturales (Cepsca), “asociados a la mala
prestación del servicio de energía eléctrica”, y pone de presente los 65
procesos de limitación de suministro abiertos en 2016 por XM contra la empresa
de energía.
La reunión con la CREG,
necesaria de acuerdo con normas legales para ordenar una intervención, se
realizó el mismo sábado, 12 de noviembre, mientras en otro lugar de la capital
tenía lugar la sesión con GNF.
IV. “Toca entrar ya”
La de la CREG fue una reunión
extensa, en la que evaluaron, una y otra vez, los escenarios financieros y los
riesgos de que se suspendiera el servicio de energía. Al final, la autorización
para tomar posesión de Electricaribe fue dada, con la más absoluta reserva.
Solo cinco personas del círculo
cercano al superintendente Mendoza conocieron el visto bueno de la CREG. Además
de Puyana, lo supieron la directora de Entidades Intervenidas y en Liquidación,
Lucía Hernández; y tres asesores del despacho, María Paula Jaramillo, Valentina
Pérez y Felipe Núñez.
Pese a que todo estaba listo,
tras actuar paso a paso en un “debido proceso respetuoso y con apego a las
normas colombianas”, para fijar la hora cero de la intervención la
Superintendencia quiso esperar los resultados de la reunión entre el Gobierno y
Gas Natural Fenosa.
Como el domingo la empresa
española dijo que no capitalizaría a Electricaribe, ni siquiera para pagarles a
los generadores y finalizar noviembre, alegando que las deudas de los usuarios
y entidades estatales colombianas es de casi $4 billones, la decisión fue:
“Toca entrar ya”. La Costa quedaba más que nunca expuesta a racionamientos,
pues no había plata para pagarle a XM.
V. Toma de posesión
Entre la noche del domingo y la
madrugada del lunes fue tomada la decisión de expedir la resolución ordenando
la intervención. De esto estuvieron al tanto el ministro Germán Arce y el
secretario Privado de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez. Uno de ellos lo
informó al presidente Juan Manuel Santos.
Al Ministerio de Defensa le
solicitaron activar los apoyos pedidos con antelación. “Como la infraestructura
de Electricaribe es estratégica, no podíamos correr el riesgo de que se
presentara algún incidente, técnico o de otra índole, que afectara el
servicio”, explicó una fuente.
Por eso, el Mindefensa había
monitoreando la infraestructura eléctrica costeña y ordenó que 500 policías en
los 7 departamentos, al mando del general Gonzalo Londoño, apoyaran el plan.
A eso de las 3:00 p.m. del
lunes, desde el aeropuerto militar de Catam, salió el vuelo rumbo a
Barranquilla con el personal que debía desplegarse para estar el martes, a las
8:00 de la mañana, en las 7 de las ciudades capitales, los 3 puntos de atención
de Sabanalarga, Magangué y Planeta Rica, y 3 bodegas en Barranquilla,
Valledupar y Montería.
Al margen de los 5 funcionarios
que conocían la decisión, los restantes del vuelo no sabían de la
intervención. Tampoco lo sabían los del “grupo élite” instalado en la
Región en octubre. A todos solo les dijeron que esperaran instrucciones.
Parte de ese sigilo incluyó
cambiar hasta de hotel: en octubre habían utilizado el GHL Collection
Barranquilla, donde estaban alojados varios periodistas deportivos con motivo
del partido de Colombia - Chile, el martes ocuparon el NH Collection
Barranquilla Smartsuites.
VI. El operativo
Fue tan compleja la
movilización del personal que tuvieron que sortear obstáculos como el de enviar
por carretera, de Barranquilla a Riohacha, a quienes debían estar temprano en
la sede de la empresa, porque el primer vuelo de Bogotá solo llega a la capital
de La Guajira al mediodía.
A primera hora del lunes,
través de un chat, el personal recibió la instrucción de imprimir los avisos
que les habían enviado a sus correos, los que debían fijar en las puertas de
las sedes anunciando la toma.
En Barranquilla, Mendoza y unos
40 funcionarios llegaron a la oficina principal, en medio del seguimiento de
los medios que conocieron la noticia poco antes tras las revelaciones que hizo
el periodista Jorge Cura en su noticiero.
Cuando el Superintendente
llegó, de saco azul oscuro y corbata, debió registrar su cédula como cualquier
parroquiano, lo mismo hicieron los demás funcionarios.
Luego, se dirigió al séptimo
piso, con Javier Lastra y Edgardo Sojo, quienes iban a ser designados agente
interventor y presidente de Electricaribe, respectivamente. José Antonio
Hurtado, representante legal suplente de García Sanleandro, los recibió y a
este le notificaron la toma de posesión.
Una vez firmada el acta, tras
ser revisada por el abogado de la empresa, cuatro equipos de trabajo
asumieron el control así: la parte técnica, bajo la asesoría de la empresa
Tetra Tech; la financiera, a cargo de Lastra pues había que recibir un
inventario detallado de los bancos y otros movimientos; el área jurídica y la
de recursos humanos.
Después, Mendoza, Lastra y Sojo
se reunieron con los empleados y les dijeron que serán parte vital del proceso
que acababa de empezar.
Tres horas después, en rueda de
prensa, el ministro Germán Arce, quien había llegado a Barranquilla la noche
del lunes, justificó la intervención argumentando que “no podíamos permitir que
la Costa se apagara”.
