¿Esto que estamos haciendo los barranquilleros no es como un irrespeto ante el Consejo de Estado?
El Consejo nos tumba la Estampilla y el Concejo Distrital la mantiene... ¿Seguiremos jugando con eso?
Pienso que eso no es bueno para presentarlo a nivel internacional.
Tendríamos que buscar una fórmula más estratégica... aunque a los contribuyentes no les gusta de ninguna manera...
RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
Pd: Jairo Parada la soltó de frente: "ya huele a prevaricato".
Un impuesto
problemático
POR: JAIRO PARADA
El impuesto de la Estampilla
Pro Hospitales de I y II Nivel se parece a Lázaro, pues varias veces el Consejo
de Estado ha fallado en la forma como se liquida y nuestras obstinadas
autoridades distritales y departamentales lo reviven en una forma que –a mi
juicio– ya parece delictuosa, pues se viola la ley expidiendo normas que
después el Consejo de Estado va a tumbar. Mientras llegan los fallos, el
impuesto se recauda religiosamente, gravando con el 1,5% el valor de toda venta
de inmuebles usados o nuevos. El Distrito recurrió a aclaración de fallo, luego
a una tutela, recursos que le fallaron, pero como la sentencia del Consejo de
Estado misteriosamente no es ‘ejecutoriada’ se sigue cobrando. Es ilegal, pero
de facto se sigue cobrando.
Con esta estampilla se han
recaudado más de $150.000 millones hasta 2014. Fue
implementada por la
administración Hoenigsberg, si mal no recuerdo. Ante la carencia de hospitales y
centros de salud adecuados en las zonas populares, al principio los ciudadanos
aceptaron el impuesto como un esfuerzo necesario para cubrir esas necesidades
urgentes de inversión en la deteriorada planta física en salud. Durante la
administración Char, el secretario de Salud Moscoso diseñó un plan de
construcción de pasos y caminos que cubrió minuciosamente todo el territorio
del Distrito. La estampilla recaudó, según el portal Zona Cero, $32.6 mil
millones en 2013, y $ 34.3 mil millones en 2014. Ya en 2015 los
recaudos siguen disparados.
El recaudo de la estampilla
financia una concesión que desde hace años construye los pasos y caminos. Es
una de tantas que todavía tiene el Distrito, como son el alumbrado público,
malla vial, avisos y tableros, semaforización y, la más reciente, la de las
cámaras de multas de tráfico. Son una alambrada de contratos que merman los
ingresos distritales y generan pingües ganancias a sus propietarios e
interventores.
Durante la administración Char
sólo se desmontó la oprobiosa Métodos y Sistemas, la cual se embolsillaba más
de $20.000 millones por año por su gestión tributaria. Fue un logro de la
administración Char sin duda, pero las otras fueron renegociadas.
El gobernador Segebre –a pesar
de su carácter conciliador, lo cual lo ha llevado a un callejón sin salida en
Uniatlántico, entidad educativa en peligro de caer en el viejo clientelismo
populista– con sensatez ha dicho que no se puede volver a repetir la ilegalidad
de establecer una nueva ordenanza para repetir el mismo juego: cobrar hasta que
el Consejo de Estado tumbe la norma, lo cual ya huele a prevaricato. Concejales
y diputados le han caído encima al gobernador, pero sin duda, en esto, el
mandatario tiene razón. Una ciudad no puede mantener impuestos que le resten
competitividad en el sector de la vivienda y la construcción. Este impuesto no
lo pagan los ricos constructores, sino cualquier ciudadano que compre una
vivienda de cualquier cuantía. En economía se aprende que los impuestos recaen
sobre productores y consumidores ante una demanda elástica.
Al final, los
constructores trasladan este impuesto a nuestros bolsillos. Por otro lado,
¿nunca terminaremos de construir pasos y caminos? ¿No se pueden financiar de
otra forma?
