Será verdad que el sistema político colombiano no permite que ningún
presidente, aunque haya cometido los errores más grandes llegue a la cárcel. No
he revisado eso todavía, y no lo recuerdo.
Pero, aun así, no puedo estar de acuerdo con eso.
Aunque sea el presidente, debe cumplir las leyes y la Constitución.
Y si se equivocó debe pagar por ello.
Revisando el caso del ex ministro y ex candidato a la presidencia de
la república, Andrés Felipe Arias, el hombre está pagando cárcel y los demás
están muertos de la risa.
Acuérdense que el presidente Uribe estaba atento a todo lo que
pasaba en Colombia. Y en este caso, “no sabía”. O “no sabe no responde”.
Eso está un poco raro.
Miren lo que está pasando con Arias… pobre pelao…
RADAR,luisemilioradaconrado
La Corte Suprema y el caso de Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura
El ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias
admitió que si hubo entregas irregulares de subsidios del
programa Agro Ingreso Seguro (AIS) y
fraccionamiento de terrenos por parte de algunos beneficiarios para acceder a
mayores recursos y señaló sin nombres a "un particular" cómo el
cerebro detrás de esta defraudación por casi 400 mil millones de pesos.
"Las personas que fraccionaron (terrenos) ya le dijeron a la Fiscalía
quien los indujo a eso y la Fiscalía contra esa persona no ha hecho nada. Su
nombre aparece en los interrogatorios pero solo yo estoy en la cárcel",
dijo el ex ministro Arias al término de la audiencia del juicio la semana pasada, en el que
comparece como acusado.
Según Arias, el hombre no estuvo vinculado al Ministerio de Agricultura ni al
programa AIS, pero fue quien creó el "modus operandi" para fraccionar
los subsidios y por su asesoría cobraba 20 millones de pesos.
En el expediente aparecen varias declaraciones de
beneficiarios que señalan al ingeniero Enrique
Angarita como la persona que les sugirió el fraccionamiento de fincas
para multiplicar los subsidios.
“Cuando estaban elaborando los pliegos para acceder
al incentivo el asesor externo Enrique Angarita nos recomendó por conveniencia,
no por legalidad, que suscribiéramos tres de los contratos con personas
naturales ya que así los términos de referencia los permitían, y nosotros
aprovechando esta coyuntura fue que decidimos estimular el trabajo y la
ejecutoria de estas tres personas”, reconoció en un interrogatorio en la
Fiscalía a Germán Zapata Hurtado, uno de los empleados del Grupo Empresarial
Daabon que terminó enredado por el caso.
Otro de los beneficiarios Nicolás Simón Solano, que
recibió 455 millones de pesos, aseguró que su hermano Jorge Enrique “se enteró
del programa AIS y que había otros empresarios accediendo a estos recursos bajo
la asesoría de un consultor de apellido Angarita a quien no conocíamos pero
logramos contactar”.
Igualmente relató que Angarita “nos explicó los
alcances de este programa. Bajo el asesoramiento del señor Angarita se diseñó
la solicitud para acceder a dicho subsidio en mayo de 2008”.
Agregó que al ingeniero Angarita cobraba 20
millones de pesos por su asesoría.
"Lo que señalan las investigaciones es que
había una especie de formato administrado por Angarita, que era un asesor
particular, con los nombres y predios que recibirían los beneficios.
También hay dudas sobre cómo se aprobaron varios de
esos proyectos en tiempo récord", dijo una fuente del caso.
Angarita, proveniente de una reconocida familia de
Ciénaga, era una de las cabezas de Petz Limitada, firma que elaboró los
proyectos de riego que terminaron premiados, a través de una polémica maniobra,
con las ayudas millonarias. Hace más de un año está programada una audiencia de
cargos en su contra, hasta ahora aplazada repetidamente.
El ex ministro, que está preso por el escándalo, fue acusado por los delitos de
peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.
Según la Fiscalía, existen suficientes pruebas para
demostrar que el ex funcionario participó activamente en la entrega irregular
de subsidios agrícolas por un valor superior a los 24 mil millones de pesos.
En la acusación, la Fiscalía señaló que Arias avaló
la entrega de ayudas a familias adineradas cuyos proyectos agrícolas no cumplían
los requisitos exigidos. También aseguró que a los subsidios previstos en el
programa AIS solo accedieron grandes productores agrícolas y que los requisitos
exigidos eran inalcanzables para los medianos y pequeños agricultores.
En ese juicio, la Fiscalía ha descubierto hasta el momento cerca de 200
pruebas, que incluyen documentos como correos con instrucciones para adjudicar
los subsidios y hasta videos de la campaña de Arias como precandidato a la
Presidencia en el que se evidencia que utilizó el programa Agro Ingreso Seguro con fines políticos.
En sus declaraciones, Arias dijo que el investigador de la Fiscalía que
descubre las pruebas en su contra "ha cometido errores y ha admitido que
se equivocó en la investigación. "Mi abogado demostró que la prueba reina
de la Fiscalía es una cartilla que yo escribí para defenderme de tanto
ataque".
En la audiencia de hoy, la Fiscalía descubrieron 1.700 mensajes electrónicos
enviados y recibidos por funcionarios del Ministerio de Agricultura y personal
externo, entre abril y mayo de 2011. Muchos de esos mensajes tienen como
destinatarios a miembros de la familia Dávila Jiménez (Papá e hijo) y Vives
Lacouture, que fueron beneficiarios de los subsidios, dijeron los
investigadores a cargo del caso.
Redacción Justicia, de El Tiempo
