jueves, 17 de septiembre de 2026

Remesas hacia América Latina se duplicaron en una década y sostienen buena parte de varias economías

Un nuevo informe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA- indica que América Latina y el Caribe se ha convertido en la región donde más crecieron las remesas durante la última década.

Entre 2016 y 2025, el dinero enviado por migrantes y miembros de la diáspora a sus familias pasó de US$72.600 millones a US$168.600 millones, mientras la participación de la región en las remesas mundiales aumentó del 19% al 23%.

El crecimiento fue muy superior al de la migración. En ese periodo, el número de emigrantes latinoamericanos aumentó un 41%, hasta unos 44 millones, mientras las remesas crecieron un 132%. Estados Unidos continúa siendo el principal destino de los migrantes de la región y la fuente dominante del dinero que envían a sus países de origen.

“Este informe trata de flujos financieros de una escala extraordinaria. Pero, más importante aún, trata de familias”, afirmó Pedro de Vasconcellos, responsable de la Facilidad de Financiación para Remesas del FIDA, durante una rueda de prensa. Las remesas, añadió, son una expresión de “responsabilidad familiar, sacrificio y solidaridad a través de las fronteras”.

Ingreso esencial para varias economías

México sigue siendo, por amplio margen, el principal receptor de la región, con unos US$64.400 millones en 2025. Le siguen Guatemala, con US$21.600 millones; Colombia, con US$13.100 millones; República Dominicana, con US$12.400 millones; y Honduras, con US$11.900 millones. En conjunto, estos cinco países recibieron alrededor del 73% de todas las remesas destinadas a América Latina y el Caribe.

Pero el peso de estos recursos resulta todavía más evidente cuando se compara con el tamaño de algunas economías. En Honduras las remesas equivalen al 30% del producto interno bruto (PIB), en El Salvador al 28% y en Nicaragua al 27%. Guatemala alcanza el 19% y Haití el 17%.

Esa dependencia también aumenta la exposición a lo que ocurra en Estados Unidos. El FIDA señala que los principales corredores de remesas de América Latina están estrechamente vinculados a ese país, por lo que cambios en su mercado laboral, las medidas de control migratorio o la situación legal de los migrantes pueden afectar la capacidad de las familias para seguir enviando dinero.

El informe advierte que las deportaciones, las restricciones al empleo o una menor demanda de trabajadores migrantes pueden reducir tanto el número de remitentes como el volumen de las transferencias, particularmente en los países donde las remesas representan una proporción elevada del PIB y Estados Unidos es su principal origen.

La agencia cita el caso de Guatemala, donde un estudio de 2025 entre personas retornadas encontró que el 61% había sido la principal fuente de ingresos de su hogar. El FIDA señala que el retorno involuntario no solo supone un impacto para la persona que regresa, sino que también puede provocar una pérdida repentina de ingresos por remesas para la familia que dependía de esos envíos.

Por ahora, sin embargo, el FIDA no observa una caída generalizada de estos flujos.

“Las cifras, por ahora, no muestran una reducción de las remesas”, explicó De Vasconcellos. Señaló que, frente a situaciones de crisis, los migrantes suelen priorizar las necesidades de sus familias, incluso enviando más dinero o recurriendo a sus ahorros, y advirtió que puede existir un desfase antes de que los efectos de cambios económicos o migratorios aparezcan en las estadísticas.

Una de cada seis personas en el mundo envía remesas

La expansión latinoamericana forma parte de un fenómeno mucho mayor. Unos 220 millones de migrantes y miembros de la diáspora apoyan económicamente a alrededor de 1100 millones de familiares, lo que significa que más de 1300 millones de personas, aproximadamente una de cada seis en el mundo, envían o reciben remesas internacionales.

Los flujos registrados hacia los países de ingresos bajos y medios alcanzaron los US$728.600 millones en 2025, casi el doble que una década atrás y por encima tanto de la asistencia oficial para el desarrollo como de la inversión extranjera directa destinada a esas economías.

Asia y el Pacífico concentran la mayor parte de las remesas mundiales, con US$384.900 millones en 2025, el 53% del total. África recibió US$124.200 millones, los países de ingresos bajos y medios de Europa US$30.200 millones y los del Cercano Oriente y el Cáucaso US$20.700 millones. 

Además, el aumento de las remesas ha superado ampliamente al de la migración. Entre 2016 y 2025 crecieron un 94%, mientras que el número de migrantes internacionales procedentes de los países analizados aumentó un 28%, una diferencia que el FIDA atribuye, entre otros factores, a que los migrantes están enviando mayores cantidades de dinero a sus familias.

De las necesidades básicas a la inversión

La mayor parte de las remesas cumple una función inmediata en los hogares. Cerca de tres cuartas partes se destinan a necesidades como alimentos, vivienda y servicios básicos.

El cuarto restante representa más de US$180.000 millones al año que las familias destinan a salud, educación, vivienda, ahorro, emprendimientos y otras actividades generadoras de ingresos.

El FIDA insiste en que el objetivo no es decir a las familias cómo utilizar esos recursos. “Son flujos privados”, recordó De Vasconcellos. La oportunidad, explicó, consiste en ampliar las opciones disponibles para quienes reciben remesas mediante herramientas como el ahorro, el crédito, los seguros o la inversión.

Su impacto es especialmente importante en las zonas rurales. Unos US$233.000 millones, casi un tercio de todas las remesas enviadas a países de ingresos bajos y medios, llegan a comunidades rurales, donde suelen ser más limitados el empleo formal, los servicios financieros y las redes públicas de protección.

Las familias receptoras invierten además aproximadamente US$22.000 millones al año en sistemas agroalimentarios rurales, una cantidad superior al total de la asistencia oficial para el desarrollo destinada a la agricultura en el mundo.

Red de protección frente a crisis y desastres

El informe destaca también un papel menos visible de las remesas: su capacidad para ayudar a las familias a resistir crisis económicas, conflictos y desastres. Estos recursos pueden ajustarse rápidamente a las necesidades de los hogares y, en momentos de emergencia, mantenerse o incluso aumentar cuando otras fuentes de apoyo tardan más en llegar.

Frente al cambio climático, pueden ser útiles antes, durante y después de un desastre. Antes de una crisis, ayudan a reforzar viviendas, acumular ahorros, diversificar los medios de vida o invertir en agricultura adaptada al clima. Durante una emergencia, pueden funcionar como una forma de seguro informal para cubrir alimentos y atención médica y evitar la venta de tierras, ganado u otros activos productivos. Después, pueden contribuir a reconstruir viviendas, reemplazar ganado, reinvertir y recuperar los medios de vida.

Pero el FIDA subraya que las remesas no son financiación climática y no pueden sustituir la inversión pública, la protección social o la asistencia humanitaria.

“Las remesas pueden ayudar a las familias a pasar de hacer frente al próximo shock a construir mayor resiliencia y oportunidades”, afirmó De Vasconcellos, pero insistió en que esos recursos privados no deben reemplazar las responsabilidades de los gobiernos y de la comunidad internacional.

Para el FIDA, su mayor potencial aparece cuando se combinan con inversión pública, servicios financieros, seguros e infraestructura que permitan a las familias proteger sus bienes, recuperarse más rápidamente y prepararse mejor frente a futuras crisis.

 

Fuente: Laura Quiñones, Asuntos Económicos de Naciones Unidas

martes, 15 de septiembre de 2026

Acelerar decisiones es clave para enfrentar déficit de gas en Colombia: INFOGAS 2026

El Informe del Sector Gas Natural de Colombia presentado por Promigas, advierte que la caída sostenida de la producción y las reservas, convirtió el déficit de gas nacional en una realidad estructural. Para enfrentarlo, propone cinco decisiones prioritarias que permitirán fortalecer el abastecimiento, recuperar la oferta nacional, ampliar la infraestructura, fortalecer la institucionalidad técnica y preservar la competitividad del gas natural en el país.

El informe destaca que el déficit ya no es una coyuntura, teniendo en cuenta que en 2025 la producción fiscalizada cayó 12% y acumuló una reducción de 31% frente a 2021. En ese mismo periodo, las reservas probadas pasaron de 3.164 Gpc a 1.717 Gpc, limitando progresivamente la capacidad de la oferta nacional para atender la demanda.

Por lo anterior, aumentó la participación de las importaciones. Los volúmenes regasificados por SPEC LNG pasaron de un promedio anual de 5 MPCD en 2021 a 174 MPCD en 2025. En lo corrido de 2026, el gas importado representó 28% del suministro total y, en agosto, alcanzó 34%.

Ante esta necesidad, Promigas adelantó para octubre de 2026, mediante una solución temporal, la ampliación de SPEC LNG prevista inicialmente para septiembre de 2027. La terminal adicionará 58 MPCD y alcanzará una capacidad total de regasificación de 533 MPCD, fortaleciendo la capacidad del país para responder a las necesidades de abastecimiento del sistema energético.

Menor holgura, mayor impacto para el país

La combinación de menor producción nacional, mayor utilización de la infraestructura de importación y ausencia de señales regulatorias para desarrollar infraestructura que dé mayor confiabilidad al sistema de transporte de gas, redujo los márgenes operativos de la cadena de abastecimiento. En estas condiciones, una reducción inesperada en la producción de un campo o la indisponibilidad de un activo crítico puede afectar distintos segmentos del mercado.

Entre enero y agosto de 2026, la demanda no térmica disminuyó 58 GBTUD, equivalente a una caída de 7% frente al mismo periodo de 2025. El segmento industrial registró la mayor reducción, con una caída de 23%, seguido por los sectores de gas natural vehicular y petrolero.

La señal es clara: un suministro insuficiente, costoso o incierto puede llevar a los consumidores a reducir su actividad o migrar hacia energéticos de mayores emisiones y, en algunos casos, mayores costos, con efectos sobre la competitividad, la calidad del aire, la salud y los objetivos de descarbonización. 

Aunque en las últimas semanas se han adoptado medidas que contribuyen a atender las necesidades más inmediatas del sistema, el desafío de Colombia es avanzar hacia una respuesta integral y sostenible. Esto implica atender simultáneamente los requerimientos de abastecimiento de corto plazo y las soluciones estructurales necesarias para recuperar la confiabilidad y competitividad del sector.

Con base en este diagnóstico, InfoGas 2026 plantea cinco decisiones prioritarias para fortalecer la seguridad energética y garantizar un  suministro de gas natural confiable, diversificado y competitivo para el país.

La hoja de ruta propuesta por InfoGas 2026

1. Asegurar y diversificar las importaciones: Materializar nueva infraestructura de importación, ampliar las alternativas de contratación y establecer reglas claras para trasladar eficientemente los costos de suministro, regasificación y almacenamiento. La eventual importación desde Venezuela puede complementar y diversificar la oferta, siempre que sea confiable y no cree una nueva dependencia para el país.

2. Recuperar la oferta nacional: Retomar la exploración, acelerar la conversión de recursos contingentes en reservas, facilitar proyectos estratégicos como Sirius y definir una ruta para el aprovechamiento de los yacimientos no convencionales, con mayor agilidad en licenciamiento ambiental y consulta previa, seguridad jurídica y condiciones tributarias competitivas.

3. Fortalecer el transporte y la confiabilidad: Ampliar la capacidad para movilizar gas hacia los centros de consumo y desarrollar infraestructura que otorgue mayor flexibilidad y respaldo al sistema. La conexión VIM-Interior (Jobo-Vasconia) podría habilitar hasta 400 MPCD, mejorar la confiabilidad de la red y conectar mejor los sistemas de la costa y el interior, con esquemas regulatorios que reconozcan las inversiones y la capacidad de respaldo.

4. Recuperar la estabilidad regulatoria: Preservar la capacidad técnica de la CREG y la UPME, aprobar con agilidad los proyectos priorizados en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural y resolver las actualizaciones tarifarias pendientes, mediante señales oportunas, previsibles y consistentes.

5. Proteger la competitividad y a los consumidores: Evitar que las restricciones de oferta y los mayores costos aceleren la pérdida de demanda o la sustitución por energéticos de mayores emisiones. También se requiere el giro oportuno y una mejor focalización de los subsidios para proteger a los hogares vulnerables sin comprometer la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras.

El gas natural, estratégico para la seguridad energética

InfoGas 2026 concluye que Colombia no debe elegir entre gas nacional o importado. El desafío es garantizar un abastecimiento diversificado, confiable y competitivo en un mercado con una holgura cada vez menor.

Las decisiones que se adopten serán determinantes para consolidar al gas natural como motor de transformación para Colombia, respaldo fundamental del sistema eléctrico y aliado de una matriz energética más diversificada, resiliente y sostenible. Su firmeza y flexibilidad serán cada vez más relevantes para responder a la variabilidad hidrológica, complementar la creciente participación de fuentes renovables, impulsar la competitividad y el desarrollo productivo, y mejorar la calidad de vida de los hogares.

Fuente: Comunicado de Prensa Promigas