domingo, 21 de agosto de 2022

Tierra y Predial Por: José Félix Lafaurie Rivera

Las preocupaciones de José Félix Lafaurie Rivera

Que la tierra no paga impuestos, mentira; que no paga lo que debiera, también mentira, porque, además, tampoco recibe del Estado lo que debiera. 

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Tierra y Predial

Por: José Félix Lafaurie Rivera

19 de agosto 2022

Que la tierra no paga impuestos, mentira; que no paga lo que debiera, también mentira, porque, además, tampoco recibe del Estado lo que debiera.

Si algo les indigna, o mejor, les da física “rabia” a quienes viven en el campo, dedicados a la agricultura o la ganadería; pequeños o grandes productores de comida para los colombianos o para exportar, en medio de grandes necesidades insatisfechas para vivir y producir sin que a nadie parezca importarle, es que, encima de todo, los acusen de que la tierra no paga impuestos, que ellos no pagan predial o no pagan lo que debieran.

¿Qué no pagan? Si se trata de predios formalizados es una mentira infame, y si hay morosos, pues a las autoridades municipales les corresponde cobrar el predial por todos los medios legales. Si se trata de predios no formalizados, sin escrituras, que efectivamente no pagan, el responsable es el Estado, por su incapacidad para garantizar el registro notarial y catastral de todos los inmuebles, aunque no sea fácil en la llamada Colombia profunda, donde ejercen soberanía las mafias del narcotráfico, pero en departamentos sin violencia, como Boyacá, por ejemplo, no hay derecho a que, según el IGAC, el rezago catastral sea del 75%.

¿Qué no pagan lo que debieran?, una acusación que les cae a los predios con escrituras y avalúo catastral, no es sino otra mentira de las narrativas de la izquierda contra los propietarios de la tierra y, sobre todo, contra los ganaderos. En Colombia, el catastro rural en 2001 sumaba 30 billones de pesos y en 2021 se había multiplicado por siete y alcanza los 212 billones; y como el catastro es la base del predial, pues el recaudo de este impuesto también se ha multiplicado por siete, o más, pues los Consejos municipales deciden su cuantía dentro de rangos del 1 al 16 por mil.

A este debate, más político que económico, le caben dos grandes preguntas. La primera se devuelve contra los acusadores. Si la tierra formal paga impuesto predial a los municipios, ¿Qué recibe el sector rural de los municipios?

Un pequeño ganadero de un pueblo cercano a Bogotá me contaba que lo quieren embargar por un año de predial en mora, pero me hacía notar que vive algo lejos del pueblo por carretera destapada y, en los últimos tres años, por allá no ha visto un policía, ni un viaje de recebo ni una motoniveladora, la luz es de Codensa, el agua de acueducto veredal y ni la basura pasa por su finca, pero el sí hace mercado, compra insumos y gasta en el pueblo, sin recibir nada a cambio, porque su predial… se queda en el casco urbano. Esa no es la excepción, sino la norma, por lo que la ley debería obligar a los municipios a que, como mínimo, un 75% del predial rural se reinvierta en el sector rural. 

La segunda pregunta: además de los predios informales, ¿quiénes no pagan? Releyendo el clásico de Indalecio Liévano sobre los grandes conflictos de nuestra historia, encontré que la primera Reforma Tributaria la hizo Venero de Leyva en 1591, y en ella se definía “el género de impuestos a que estaban obligados los indios”. Hoy, cinco siglos después, hay 710 resguardos con 35 millones de hectáreas para 1,9 millones de indígenas, es decir, el 30% del territorio para el 4,4% de la población; pero ellos, además de ser los más grandes propietarios de tierras y de recibir 2,5 billones al año…, ¡no pagan predial!, pues los municipios se lo cobran al Presupuesto Nacional, es decir, lo pagamos entre todos con nuestros impuestos.

@jflafaurie

VERDADES A MEDIAS. Por Amylkar D. Acosta M

Tienen… los señores de Air´e y Afinia.

Se pasaron de calidad.

Y lo peor es que el gobierno colombiano permite que eso ocurra.

Y con una región que siempre ha sido golpeada por los diferentes gobiernos nacionales.

Como señala Amylkar Acosta en esta nota: “prestación de ese servicio por parte de los dos operadores Air´e y Afinia entre junio del año 2021 y junio de 2022 sobrepasó el 70%, cifra esta escandalosa, en momentos en los que el DANE acaba de anunciar que la inflación anualizada en Colombia se trepó hasta los dos dígitos (10.2%)”.

¿Será que no vamos a arreglar ese problema?

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se ha pronunciado y algunos dirigentes gremiales, pero el asunto se mantiene en contra del usuario.

Hoy me decía mi hermana, Oneida, “el recibo de energía nos llegó por $800.000”.

Eso me sorprendió. Y bastante.

Algo debe hacerse, y pronto, para que ese abuso desaparezca…®rada®luisemilioradaconrado

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VERDADES A MEDIAS

Por Amylkar D. Acosta M

Crece como la espuma la indignación y la protesta en la región Caribe por el alza desmesurada de las tarifas de energía, las más altas del país, a tal punto que el aumento en las facturas por la prestación de ese servicio por parte de los dos operadores Air´e y Afinia entre junio del año 2021 y junio de 2022 sobrepasó el 70%, cifra esta escandalosa, en momentos en los que el DANE acaba de anunciar que la inflación anualizada en Colombia se trepó hasta los dos dígitos (10.2%). Es más, este incremento en las tarifas habría sido mayor de no aplicarse por parte de dichas empresas la llamada “opción tarifaria”.

Como afirma el Obispo de la Diócesis de Riohacha Monseñor Francisco Ceballos, “es muy difícil con un salario mínimo pagar los costos de energía, se paga energía o se come y la gente primero tiene que comer”. Como bien dice el Editorial de El Heraldo, “el progresivo incremento de las tarifas de energía en la región Caribe amenaza con convertirse en una bomba de relojería con potencial desestabilizador”. Así de grave y amenazador es el asunto.

A ello ha contribuido especialmente el cargo por pérdidas reconocidas (PR), que pasó de $41.49 por KWH a $247, en contraste con el promedio nacional de $50 por KWH. Y no es para menos, habida cuenta que mientras en el resto del país las PR son del orden de 12.75% dicho cargo en la fórmula tarifaria de la región Caribe

Por su parte el Director ejecutivo de la CREG Jorge Valencia planteó ante el Congreso de la República como explicación de las alzas desproporcionadas de las tarifas de energía que el órgano regulador “debe velar por tarifas eficientes y servicios adecuados, pero también para que las empresas puedan recuperar los costos en que incurren”, cuando, como ya lo hemos visto, no han incurrido en ellos. Por ello, con toda razón, le respondió la Directora de El Heraldo que “eso no es lo que ocurre con exactitud. La desazón de los usuarios en la Costa frente a los impagables valores de su factura demuestra que la CREG cumple su labor a medias”.

La controversia que se suscitó por el cuestionamiento que se ha venido dando en torno a las condiciones pactadas entre el Gobierno y estas empresas para que relevaran en la operación de red a la inefable ELECTRICARIBE, dio lugar a que la Superintendente de Servicios Públicos Natasha Avendaño terminara revelando el secreto mejor guardado por parte del Gobierno sobre los términos de la negociación que medió la transacción para que ellas asumieran el control de sus activos.

En efecto, las declaraciones la Superintendente, le merecieron titular de prensa, según el cual “Afinia y Air´e pagaron más de $6.4 billones (¡!) para operar servicio en la Costa Caribe”. Según ella “el valor de la transacción tiene tres componentes y sin alguno de ellos no se hubiese podido cerrar… El primer componente es la obligación mínima de inversión de ambos mercados que fue de $5.7 billones. El segundo componente fue el pago por capitalización de las nuevas sociedades que se hizo por $567,862 millones. Y el tercer componente fue el pago a la fiduciaria FONECA por las acciones. En este caso fueron por $149.207 millones”.

Pero, esta es una falacia, la realidad es otra, la Superintendente está sumando peras con manzanas para inflar el monto de la cifra que desembolsaron Air´e y Afinia para hacerse al control y operación de sus dos mercados. Los $5,7 billones son inversiones que se harán en activos eléctricos que van al patrimonio de las empresas, a su balance general, no al Gobierno, por los cuales, además, recibirán su remuneración anticipada vía tarifas. El valor de la capitalización ($567,862 millones) también va al patrimonio de las dos empresas. En últimas, en plata blanca, lo único que recibió el Estado de parte de las empresas fue el pago a la fiduciaria FONECA ($149.207 millones). No se puede hacer pasar gato por liebre para engañar a incautos. ¡A otro perro con ese hueso!

Por lo demás, contrasta ese valor con lo que, a guisa de ejemplo, recibió la Nación en 2009 por la enajenación de la Empresa de Energía de Cundinamarca, con sólo 230.000 clientes vs 2.7 millones usuarios del Caribe de la suma de $212.000 millones!

Bogotá, agosto 20 de 2022

www.amylkaracosta.net

Costo de la informalidad y la conectividad, entre barreras para el acceso al crédito

Las pequeñas empresas requieren de crédito para funcionar.

Es más, las medianas y la grandes también acuden a él.

Ese tema se tocó en la Convención Bancaria en Cartagena.

Revisemos el asunto en este RadaR de hoy.

En Colombia, solo 17,8% de los micronegocios identificados solicitó crédito en 2020 y, sólo 52,8% lo hizo a instituciones financieras reguladas.

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Costo de la informalidad y la conectividad, entre barreras para el acceso al crédito

En la coyuntura de la Convención Bancaria de Asobancaria en Cartagena, expertos participaron del panel ‘Profundización del crédito Pymes’, basado en los resultados de un estudio de la Universidad Eafit. El principal ponente fue el decano de la facultad de economía de esa institución, Cesar Tamayo, quien aseguró que las Mipymes juegan un papel clave en el crecimiento económico, la creación de empleos, la cohesión social y la reducción de la pobreza y la desigualdad.

De acuerdo con este estudio, en Colombia se estima que las Mipymes representan más de 99% del tejido empresarial formal en los países en desarrollo y que una de cada diez empresas es una microempresa. De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo (OMT), las Mipymes aportan más de 50% del PIB en los países de ingresos altos, pero menos de una cuarta parte en los países de ingresos bajos.

El Banco Mundial, la Corporación Internacional de Financiación (IFC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) estiman que, en países emergentes, estas contribuyen con entre 70% y 95% de las nuevas oportunidades de empleo y con cerca de 35% del PIB.

En Colombia, solo 17,8% de los micronegocios identificados solicitó crédito en el año 2020 y, de ellos, sólo 52,8% lo hizo a instituciones financieras reguladas.

“El acceso al financiamiento es la principal restricción para el crecimiento de las Mipymes. Quizá los recursos públicos deberían ir más a donde la falla del mercado es más grande: las empresas más pequeñas y jóvenes”, dijo Tamayo, quien recalcó que el uso de estos recursos debe acompañarse de una estrategia de evaluación sistemática. 

De acuerdo al experto, en el caso de algunas Pymes los problemas de información pueden resolverse con tecnología e innovación en los modelos de evaluación de riesgo, como ya lo está haciendo la industria de Fintech “con relativo éxito”.

Margarita Correa Henao. presidenta de la junta directiva de Bancamia, indicó que otra de las barreras es el costo que representa estar en un contexto informal. Luego, señaló que la conectividad es otro de los limitantes en esta materia.

“Estas son barreras enormes, pero las mujeres encuentran otras adicionales, como por ejemplo el hecho de tener menos ingresos. Las microfinanzas son muy importantes para combatir la pobreza y generar equidad en Colombia”, dijo.

Por su parte, Juan Carlos Elorza. director de Análisis y Evaluación Técnica de la vicepresidencia de Sector Privado de la CAF, explicó que hay barreras sistémicas en América Latina, en donde las mujeres enfrentan “limitaciones” para tener acceso al crédito.

A su turno, Gregorio Mejía, presidente de MiBanco, dijo que en los últimos 15 años Colombia “ha cambiado el mapa y los números” en cuanto a inclusión, pero que la “tarea que se tiene por delante es monstruosa”.

“Este cambio de paradigma nos obliga a salirnos de la caja. Creo que, en términos de la Región y particularmente en Colombia, hay que aceptar la informalidad, que es una característica clara de las pequeñas empresas. Ese debe ser el primer paso antes de hablar de legalidad”, indicó Mejía.

Para el experto, la informalidad que hay en Latinoamérica es “inclusiva”, la cual brinda oportunidades de replantear paradigmas y políticas de Estado que permitan construir otras estrategias.

“La industria está cambiando tremendamente. El modelo de inclusión genera un llamado de urgencia. Creo que los estudios existentes nos invitan a ejecutar”, agregó.

LOS CONTRASTES 

César Tamayo

Decano de Economía de la Universidad Eafit

“El acceso al financiamiento es la principal restricción para el crecimiento de las Mipyme. Debe haber una estrategia de evaluación sistemática”. 

En lo anterior coincidió el gerente de la firma Inclusión, Roberto Angulo, quien aseguró que el estudio le da herramientas al sector bancario para acercarse al productivo.

“La gente da por sentado de que no le van a dar crédito formal. Por su parte, los bancos no bajan tanto por el estigma de comparar la informalidad con pobreza. Ni los bancos han cedido ni los más vulnerables se atreven a moverse por los canales formales. El crédito tiene un efecto positivo sobre el desempeño de los micronegocios, cualquiera que sea la clase socioeconómico de su propietario”, explicó.

El vocero agregó que no es suficiente entender la informalidad, sino que hay que “volcarse” hacia ella. “Hay micronegocios robustos que tienen mucho potencial de crecimiento”.