Cambiar
las reglas de juego, en el mundo de los negocios no es recomendable para ningún
actor. Alguna vez me comentaba uno de los empresarios más importantes de
Colombia, que negociar con los mexicanos era complicado. “Ellos te pueden
variar las reglas de un día para otro. Tú no puedes confiar, hasta que no
tengas el contrato firmado”. Y yo le decía, pero eso debe cambiar. A nadie le
gusta, ni le conviene…
Y
después de casi tres décadas del RADAR, esa práctica me imagino que desapareció.
Este mundo se internacionalizó tanto que esas situaciones desaparecieron y
tenemos un mundo más organizado en ese sentido. Por eso preocupa tanto que un
Decreto cambie las reglas. En una nota anterior en este medio, lo señalamos. Y
confiamos que el presidente Juan Manuel Santos, evite esos errores.
El
Comité Intergremial y Asoportuaria tienen las pilas puestas para evitar
sorpresas.
Beatriz
Vélez, es una destacada jurista colombiana y conoce la ley. Y Antonio Felfle,
presidente de Asoportuaria conoce muy bien el negocio portuario, y conversando
con él, me confesó que está concentrado en ese tema. La justicia prevalecerá,
estoy seguro.
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Colombia. “No hay ninguna decisión
tomada sobre operaciones de cargue en zonas de fondeo”: Mintransporte
El Gobierno colombiano aclaró que no hay ninguna decisión tomada en relación con la posibilidad
de autorizar el cargue y descargue en zonas de fondeo dentro del proyecto de
decreto que modifica el Estatuto Aduanero, al tiempo que se comprometió
a realizar mesas de trabajo con la dirigencia de la Región Caribe para discutir
la propuesta a fondo y analizar con detenimiento todas sus implicaciones.
El
pronunciamiento en tal sentido lo hizo la Ministra de Transporte, Cecilia
Álvarez-Correa durante una reunión sostenida con los presidentes del Comité
Intergremial del Atlántico, Beatriz Vélez, y de Asoportuaria, Antonio Felfle,
en Bogotá, en las que se revisaron otros
temas de la agenda regional relacionados directamente con ese ministerio.
A
instancias del Comité Intergremial del Atlántico y de Asoportuaria, se evaluó
el impacto negativo que tendría la iniciativa
al desestimular la inversión privada en el desarrollo de la zona
portuaria de Barranquilla, afectar las finanzas de la Alcaldía Distrital de
esta ciudad por la reducción de los ingresos por las contraprestaciones que
pagan sus concesionarios y los recaudos del impuesto de Industria y Comercio, y
generar un alto riesgo de detrimento del patrimonio del Estado.
“La
generación de una competencia desleal y desigual que afectará a empresarios que
han realizado ingentes esfuerzos económicos para desarrollar la infraestructura
portuaria del país, a partir de la citada ley, cumplen plenamente con las
normas portuarias, aduaneras y ambientales y se encuentran bajo vigilancia de
la Superintendencia de Transportes y Puertos, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales y el Ministerio del Medio Ambiente, en beneficio de
operadores en fondeo que sin realizar inversiones ni comprometerse en el pago
de contraprestaciones, ni en la reversión de activos a la Nación, los
suplantarán en las actividades de cargue y descargue bajo el pretexto de
favorecer los aligeramientos de carga”, señaló Beatriz Vélez.
Entre
tanto, Antonio Felfle insistió en que dentro de la política portuaria del país
se estableció que las “operaciones de fondeo” solo se pueden hacer cuando no es
posible acceder al puerto nominado por situaciones de fuerza mayor que limitan
la actividad portuaria tales como bajos calados, carencia material de
infraestructura, falta de equipos, ausencia de acceso directo, o dificultades
para el descargue parcial o total de las mercancías. Se trata de un manejo
excepcional que se autoriza previamente por la necesidad de disminuir la carga
a bordo de una nave para facilitar su navegación hacia el puerto designado.
“Sin
embargo, al amparo de la citada figura, el citado proyecto de decreto, en sus
artículos 2, 200 y 683 invierte la regla y permite de manera generalizada las
operaciones de descargue en áreas de fondeo sin que las embarcaciones tengan
necesidad de acceder a los puertos, contraviniendo así las normas de seguridad,
navegación, fiscalización aduanera, ambientales, sanitarias, fitosanitarias y
de control de narcóticos, que están justificadas plenamente en la política
portuaria del país y en la protección de fines y bienes esenciales del Estado”,
precisó el dirigente gremial.
En el análisis se advirtió que la aprobación de la citada
modificación del Régimen Aduanero de Colombia traería consigo las siguientes
situaciones:
1.
La generación en forma recurrente de solicitudes de
permisos para descargues en áreas de fondeo y en puertos virtuales y flotantes,
con lo
que se eludirá el pago de las tarifas plenas contempladas en la normatividad
portuaria bajo el marco jurídico de la ley 1 de 1991 y sus decretos
reglamentarios.
2. El natural desinterés de los concesionarios por la
realización de nuevas inversiones en infraestructuras duraderas que permitan el
desarrollo portuario de Colombia a los más altos estándares internacionales,
tal como lo señala el documento Conpes 3744 de
abril 15 de 2013, “Política Portuaria para un País Moderno”, sancionado
mediante el decreto 1099 del 28 de mayo del presente año, y que establece una
visión de futuro con programas definidos de inversión, generación de empleo y
conservación del medio ambiente.
3.
La reducción de los ingresos que perciben la Nación y
las entidades territoriales por las contraprestaciones que deben pagar los
concesionarios. A ello se sumaría el impacto negativo para el Distrito de
Barranquilla en el recaudo del impuesto de Industria y Comercio.
4.
La desaceleración del proceso de desarrollo de la zona
portuaria de Barranquilla como consecuencia de los dos puntos anteriores, por
cuanto al cae el movimiento y registro de carga por el puerto local, se
generará una disminución de los recursos disponibles, tanto públicos como
privados, para financiar su actual proceso de modernización.
5.
La apertura a una fuente
infinita de litigios contractuales contra la Nación, porque la adopción del
aligeramiento de carga en zonas y operaciones de fondeo como una práctica
autorizada de forma general, supone modificar las condiciones de los contratos
de concesiones portuarias, lo cual compromete la responsabilidad patrimonial
del Estado.
La
ministra Cecilia Álvarez-Correa estuvo muy receptiva a las explicaciones de los
dirigentes gremiales de Barranquilla y el Atlántico,
por lo que se acordó una agenda de reuniones que involucrarán a Cormagdalena y
a la Alta Consejería Presidencial para la competitividad.
Además, mañana el Comité Intergremial del Atlántico y
Asoportuaria se reunirán con los parlamentarios del departamento, con el fin de
entregarles un informe detallado de la situación y compartirles la visión que
sobre el tema se tiene desde el sector portuario y del sector productivo de la
ciudad.
Beatriz
Vélez Vengoechea, presidenta ejecutiva, Comité Intergremial e Intergremial del
Atlántico
