Hombre,
yo no pensaba -como ignoramos tantas cosas-, que una entidad privada tenga
tanto poder para manejar asuntos públicos, como son los servicios públicos de
una ciudad como Barranquilla.
A mí me parece
que eso no debe ser.
Sin
embargo, está pasando. Y no con asuntos de la capital del atlántico, sino con
otras ciudades, como Bogotá.
La SAE,
Sociedad de Archivos Especiales, tiene un poder que alcanza a manejar los
servicios públicos de una ciudad tan importante como Barranquilla.
Me asusta
eso, como Barranquillero y costeño.
RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
Toma de posesión de Triple A por parte de la Nación sería en
últimas un despojo contra Barranquilla y el Atlántico: Intergremial
·
Dejar a Triple A en manos de la SAE, vía extinción de dominio, pone en
riesgo la estabilidad financiera, administrativa y operativa de la empresa por
lo cual representa una grave amenaza de perder la calidad de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo que han sido modelo a nivel nacional.
Barranquilla,
10 de octubre de 2018. A propósito de las decisiones de la Fiscalía General de
la Nación de incautar con fines de extinción de dominio las acciones de Inassa
S.A. en Triple A, S.A, E.S.P, el Comité Intergremial del Atlántico se permite
plantear las siguientes consideraciones:
- Lo
procedente, si se comprueban los hecho punibles, es adelantar acciones
para identificar las conductas ilícitas y a sus autores, e imponer las
sanciones a que hubiera lugar, dejando la posibilidad del resarcimiento
económico de los perjuicios sufridos por los afectados, en este caso
Triple A y sus socios. Frente al actuar de personas naturales, puede
existir responsabilidad patrimonial, no penal, de las empresas a las
cuales estaban vinculadas.
- Si se
demuestra el daño, el único tipo de reparación aceptable para nosotros
como usuarios de Triple A es la inversión en la empresa misma, que
necesariamente redunda en un fortalecimiento del servicio. Que la nación
se apodere de la empresa arbitrariamente y que además le entregue las
acciones a la SAE, que no inspira confianza ni tiene ninguna capacidad de manejo
de servicios públicos, resulta inconcebible para los sectores productivos
de la ciudad y del departamento donde Triple A administra con lujo de
competencia los de acueducto y alcantarillado en 15 municipios.
- La
reparación integral del daño presuntamente causado puede verse truncada
por la decisión del ente investigador que priva a los posibles afectados
del principal activo de INASSA y afecta también el buen nombre y normal
operación de la TRIPLE A ., al tiempo que pone en tela de juicio la
legalidad de los accionistas nacionales y extranjeros de dichas
sociedades, que sin estar vinculados a los procesos, pueden verse
“expropiados” vía extinción de dominio.
- Dentro del
proceso penal son viables las medidas cautelares como el embargo y
secuestro de acciones, pero sin que eso implique que se tome posesión de
una empresa vía extinción de dominio, que es propia de otro tipo de
delitos que exigen un accionar diferente del Estado. Y menos aun cuando el
proceso se encuentra en fases tan preliminares, sin haber culminado de
forma condenatoria ni haber agotado todos los mecanismos de reparación de
las victimas del proceso.
- Canal
Isabel II, dueña de Inassa, la principal accionista de Triple A, es una
empresa pública de España, un Estado amigo, y fue la que en primera
instancia denunció posibles comportamientos ilegales en sus filiales de
ultramar. Aplicarle a esa empresa una legislación para juzgar y expropiar
riquezas mal habidas procedentes del narcotráfico, es subir la animosidad
jurídica a un nivel sin precedentes, en una coyuntura altamente
inconveniente.
- Hace 25
años morían por docenas los niños de gastroenteritis en las puertas de los
hospitales por la mala calidad del agua. Decisiones como las tomadas por
la Fiscalía General de la Nación minan la confianza en la empresa porque
aunque se le identifica como víctima, también se le estigmatiza, en lo que
podría asociarse con un interés de apropiarse de su administración.
Justamente lo que se impone en estas circunstancias es lo contrario,
fortalecerla patrimonialmente mediante los resarcimientos económicos a que
hubiere lugar.
- Al margen
de lo anterior surgen preguntas que exigen una respuesta de la Fiscalía:
¿Si la Nación no ha recibido perjuicio por los supuestos delitos
cometidos, por qué pretende apropiarse del control accionario mayoritario
de la Triple A? ¿Pretende la Fiscalía expropiar en favor de la Nación? Si
es así, ¿no se indemnizará entonces a las reales posibles víctimas? ¿Cómo
y quién va a manejar la reanudación del contrato de aseo que se vence el
próximo mes de noviembre?
- Si se
configura la incautación a favor de la Nación de las acciones del socio
operador de Triple A se despoja, de contera, también a Barranquilla y al
Atlántico del manejo de un patrimonio invaluable, como se hizo hace 20
años con el sistema eléctrico regional. Por ello, el Comité Intergremial
del Atlántico hace un llamado al Gobernador Eduardo Verano, al Alcalde
Alejandro Char y a demás dirigentes políticos y sociales de la ciudad y
del departamento a defender uno de sus mayores activos, que además es
vital para su desarrollo presente y futuro.
RICARDO PLATA CEPEDA
Presidente
ejecutivo
COMITÉ
INTERGREMIAL DEL ATLÁNTICO
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