¿Cómo está el negocio minero en Colombia?
Para mí está bueno para quienes lo están manejando, porque, de acuerdo a la información que tenemos, los profesionales de la ingeniería los está absorbiendo ese sector. Los ingresos son dos, tres y hasta cuatro veces más robustos que en otros sectores, así que no hay nada que hacer.
¿Eso es
bueno para el país?
Pues…
me gustaría encontrar esas respuestas.
Por
ahora, nos gusta que los gremios de esa industria se pronunciaran este fin de
semana, ya que la Contraloría General de la República de Colombia está
cuestionando al sector porque no paga los impuestos adecuados.
RADAR,luisemilioradaconrado
Los mineros le responden el
informe a la Contraloría
Como
pocas veces ha pasado, los gremios representantes de la industria minera
colombiana salieron a poner la cara para defenderse del informe que realizó la
Contraloría General de la República, en el que se deja entrever que el sector
no paga los impuestos adecuados.
Según
Claudia Jiménez, directora del Sector de la Minería a Gran Escala, “dicho
informe contiene apreciaciones que no corresponden a la realidad de la
operación de las empresas mineras formales en nuestro país y desconocen las
conclusiones de estudios publicados por reconocidos centros de pensamiento
nacionales y por firmas internacionales especializadas en minería”.
Según
se informó, este estudio que hizo la contraloría está parcializado ya que no
tuvo en cuenta las miradas que tienen el Gobierno y los empresarios mineros de
la Nación.
Es por
ello que la Cámara Colombiana de la Minería, la Cámara Asomineros de la Andi,
el Sector de la Minería a Gran Escala y la Federación Nacional de los
Productores del Carbón, contratarán un estudio propio que complemente los
aspectos mencionados por la CGR y se haga un análisis completo del sector.
La
señora Jiménez aseguró que “la industria ve con preocupación que las
argumentaciones en contra de la minería formal, son consecuencia de prácticas
de la extracción ilícita de minerales, esas sí depredadoras de los ecosistemas,
generadoras de desplazamiento de comunidades, violatorias de los derechos
colectivos y evasores de los aportes fiscales”.
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