LuisEmilioRadaC
La Procuraduría General de la Nación hizo hoy reparos a la nueva fórmula adoptada por el gobierno nacional para definir los precios de los combustibles y llamó la atención sobre la enorme diferencia en el costo de la gasolina en Colombia y el precio de referencia de los Estados Unidos, que es del 35 por ciento.
El Ministerio Público expresó preocupación por las diferencias entre la competitividad y la estructura de precios de Colombia frente a las del país de referencia, las altas cargas tributarias sobre los combustibles y la incidencia de los precios sobre la brecha social.
Los pronunciamientos los hizo la Procuraduría en carta dirigida al Ministro de Minas, Mauricio Cárdenas Santamaría, en ejercicio del control de gestión y seguimiento a la implementación de las políticas públicas, en el marco de la actuación preventiva.
Afirma la procuradora delegada que la política pública energética coadyuva en la fijación de precios de combustibles que, lejos de generar recursos para la población más vulnerable, causan un impacto que podría ser un lastre para el desarrollo económico.
Respecto al fundamento técnico que permite ligar la fijación de precios internos al precio internacional del petróleo WTI (West Texas Intermediate), para el crudo estadounidense, denominado “costo de oportunidad”; es decir, cuánto le costaría al país importar petróleo si no tuviera cómo abastecer la demanda, la procuradora delegada afirma que mantener el “costo de oportunidad” desconoce la calidad de productor de crudo que tiene Colombia y destacó que las estadísticas de precios nacionales e internacionales evidencian que las fluctuaciones del precio del crudo WTI no se reflejan en el precio interno de los combustibles.
En este sentido también afirma: “Teniendo en cuenta que los hidrocarburos son un recurso natural escaso, “no renovable, proveniente del subsuelo que le pertenece a todos los colombianos y colombianas”, resulta irónico, por decir lo menos, que los dueños de tal recurso (…) deban acceder a él en condiciones totalmente desfavorables, aún comparándolas con las del mercado que sirve como referencia a la política de fijación de precios”.
Indica además que debe considerarse el impacto que tienen los precios de los combustibles sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Sobre las diferencias en los mercados de combustibles de Colombia y Estados Unidos destaca que las estadísticas internacionales evidencian que la gasolina en la costa del Golfo de Estados Unidos registró (al pasado 6 de octubre) un precio por galón equivalente a $6.370,95 pesos, incluyendo impuestos, mientras que el galón de gasolina en la ciudad de Bogotá cuesta $8.535,54 pesos, es decir, es superior en cerca de un 34% al precio de referencia de los Estados Unidos.
La procuradora delegada destaca estas diferencias en los precios con el país de referencia y cita indicadores que confirman las disparidades entre las condiciones económicas de los dos países como el Ingreso Nacional Bruto per cápita, que en Colombia es de US$5.510, mientras que Estados Unidos es de US$47.240, aproximadamente 8,5 veces el de Colombia.
Afirma además que el mercado de petróleo y sus derivados en Estados Unidos puede considerarse efectivamente como competitivo, mientras que en Colombia ECOPETROL mantiene una posición de predominio sobre la exploración, explotación, transporte, refinamiento y distribución de crudo.
Sobre los propietarios de vehículos
Sobre uno de los argumentos que el Ministerio de Minas y Energía expone para la fijación de un precio interno de los combustibles por debajo de los precios internacionales, la procuradora afirma que este puede constituirse en un subsidio directo a los propietarios de vehículos.
Al respecto la procuradora delegada señala: “No se entiende cómo puede sostenerse que la fijación de un menor precio interno de los combustibles puede favorecer a los propietarios de vehículos, cuando en la realidad todo el sistema económico se ve afectado por el costo de los combustibles (…). Entretanto, un grupo de accionistas, dentro y fuera del país, se benefician de las ganancias de ECOPETROL, derivadas además de su posición dominante en el mercado”.
Igualmente precisa:
“Mantener la política actual produce efectivamente un impacto a los propietarios de vehículos, de tal suerte que quien no posea un vehículo, no sólo debe sortear la dificultad para acceder a él, sino además la de costear su funcionamiento con los precios de combustibles que rigen en Colombia”.
Frente a los argumentos expuestos tanto por el Ministerio de Minas y Energía como por el de Hacienda y Crédito Público, según los cuales “desde un punto de vista teórico, el uso de los vehículos de diferente índole (…) y el consumo de combustible asociado, genera una serie de externalidades en materia ambiental y de salud, así como en la infraestructura vial existente, razones (…) que ameritan la imposición de impuestos para internalizar los costos a la economía como consecuencia de los factores mencionados”, la procuradora delegada manifestiesta la preocupación que le asiste al Ministerio Público el hecho de que “un punto de vista teórico” sirva como base para la construcción de una onerosa política pública de combustibles”.
Al efecto subraya que según datos del Banco Mundial, el país tiene apenas 58 automóviles por cada 1.000 habitantes, mientras que el país de referencia tiene 809/1.000 habitantes y países latinoamericanos como Brasil registran 198/1.000 habitantes, Chile 172/1.000 habitantes y Panamá 120/1.000 habitantes.
PETICIONES DE LA PROCURADURIA
En la comunicación, la procuradora delegada solicita al Ministerio de Minas y Energía aclarar cómo ha incidido el descenso de los precios del crudo en los mercados internacionales durante la última semana de septiembre y primera semana de octubre de 2011, en la liquidación de los precios internos según la nueva fórmula.
Respecto del reconocimiento del costo de oportunidad de los combustibles como factor fundamental, según el Ministerio, para modernizar y ampliar las refinerías locales, la procuradora Carreño Gómez solicita aclarar qué porcentaje de los ingresos globales por concepto de la venta del petróleo y sus derivados y de los ingresos derivados de la venta de crudo para el abastecimiento de la demanda interna se destina a la modernización de las refinerías nacionales, y cuál será el destino final esperado para los productos de la refinería de Cartagena una vez se termine el proceso de modernización.
En relación con las tasas y contribuciones que hacen parte de la fórmula para la fijación del precio de los combustibles, solicita informar cuál ha sido el destino de los cuantiosos recursos recaudados por concepto de sobretasa, cuya transferencia parece no haber tenido efecto sobre la mejoría en el estado de las vías, ni en su reparación.
Finalmente, la procuradora delegada reitera la importancia de adoptar las determinaciones más adecuadas para el mejoramiento de una política pública de tan vital trascendencia para los intereses de la Nación y aclaró que las observaciones expresadas podrán ser o no acogidas por la Administración, dentro de su autonomía.
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