Regalías: un
balance problemático
Por: Jairo Parada
Cuando se reformó el proceso de
distribución de la regalías en Colombia, se respondía a un clamor ciudadano
frente a la conocida malversación de los recursos en piscinas con olas,
coliseos inútiles y estudios innecesarios, especialmente en los municipios
petroleros. El problema se extendió a municipios de La Guajira y Cesar, donde
el voto en cualquier elección de concejal llegó a costar $300.000, seis veces
lo que costaba en Barranquilla.
Ello era apenas un indicador de la depredación
generalizada de estos recursos. Cuando el ministro Echeverry argumentó que
había que untar la “mermelada” en toda la tostada, refiriéndose a distribuir
las regalías por todo el territorio nacional, nunca pensó que había rebautizado
uno de los elementos cruciales del sistema clientelista político colombiano: el
nexo entre contratistas, gobierno nacional, departamental y local, y grupos
políticos, en el que, lamentablemente, la “mermelada” se unta a todos los
niveles.
En un seminario para jóvenes líderes en el
Departamento del Atlántico en 2015, uno de los asistentes me decía que él había
hecho contratos con entidades nacionales, en los que muchas veces salía
“raspado”, pues le tocaba comisionar a funcionarios centrales, al senador, al
alcalde, etc., quedándole muy poco a él para su proyecto.
Pero el último balance hecho por la
Contraloría General de República, ‘Resultados del sistema general de regalías a
diciembre de 2015”, le indica a uno que se cambian la Constitución, las
leyes y el diseño institucional para el manejo de regalías, pero poco se
avanza, pues el sistema político es el mismo. Además del agravante que la
ejecución de los recursos es baja, pues hay $5.4 billones en bancos por
problemas de ejecución en inversión. A finales de 2015 se deberían haber
terminado proyectos por $17.3 billones, pero solo se habían terminado proyectos
por $4.9 billones. Había recursos para capacitación en proyectos por $370.000
millones, pero en caja hay $243,6 millones.
Muchas regalías de Ciencia y Tecnología se
han usado bien en proyectos importantes, becas de postgrado, etc., pero en
otros casos lo sucedido lo llena a uno de dudas, como el del asesinato del
ingeniero Zapa en Córdoba, departamento que, asombrosamente, había canalizado
ingentes recursos para este rubro. La explicación tuvo un desenlace sangriento.
De diez mil proyectos aprobados, unos
6.600, dice el contralor Maya, son de menos de $1.000 millones, trayendo
dispersión y poco impacto regional. Uno no ve una campaña para erradicar el
analfabetismo, y el grueso de los recursos se va a la dialéctica de las
varillas y el concreto, la cual alimenta bien el proceso de las comisiones de
la cadena. Las NBI no son privilegiadas. Por otro lado, aunque se ha avanzado
en la organización del proceso de aprobación de los proyectos, y la
transparencia del sistema ha ido mejorando, la mala noticia es que el 72% de la
contratación por licitación, concurso de méritos y otras modalidades se hizo
con un solo oferente.
Nuestro Distrito es experto en eso.
