Mucha gente pensaba que a los ingenios nadie los tocaba... Son muchas vacas sagradas comprometidas, pero no!, el Super ha logrado que la justicia sea justicia, no un juego y un irrespeto a la sociedad colombiana que sigue de cerca lo que se publica en los medios de comunicación: prensa, radio, internet, redes sociales...
Ese es un avance para que Colombia sea un país más respetado y confiable.
RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
Superintendente revela pruebas contra los ingenios azucareros
Pablo Felipe Robledo habla de las 80 investigaciones por infracciones a libre competencia.
Por: YAMID AMAT |
Foto: Diego Santacruz / EL TIEMPO
Los azucareros serán embargados si
no pagan las multas este mes, cinco días después de notificados, dice
Robledo.
Al iniciar este
diálogo con EL TIEMPO, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo
Felipe Robledo, dice: “Por primera vez en la historia de Colombia, el
Gobierno, como política de Estado, protege dos derechos: los de los
consumidores y la libre competencia”.
¿Cuáles son los derechos de los consumidores?
Recibir información veraz; que no sea
engañado. Por eso hubo decisiones contra la publicidad engañosa y será
una de nuestras prioridades en 2016.
¿Habrá más sanciones?
Están en marcha muchas investigaciones. La
decisión más importante se tomó recientemente contra Genomma Lab,
fabricante de productos como Asepxia, Cicatricure, Tío Nacho, y se
decidió someterla a un régimen de control previo y preventivo de su
pauta publicitaria. Tiene muchas sanciones y ahora se le formuló pliego
de cargos por publicidad engañosa en once productos. (Lea también: 'Sanción a ingenios es un ataque sistemático a región azucarera')
¿Qué otras investigaciones hay sobre publicidad engañosa?
Hemos investigado o sancionado a Quala,
Pepsico, Jorge Hané, Interamerican of Lenguages, Camarones Gher,
Skechers, entre muchos otros. La lista es larga.
¿Qué hace la Superintendencia con respecto a la libre competencia?
La Ocde (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos) dice que la “cartelización empresarial” es la
conducta más vergonzosa en la que puede incurrir un empresario. Estoy de
acuerdo con eso.
¿En qué productos se ha presentado cartelización?
El primer caso fue en 2005: el cartel del
arroz; luego cacao, el cemento. En 2010, bajo el gobierno Uribe y
siendo superintendente Gustavo Valbuena, se sancionó el cartel del
azúcar. (Vea: Ingenios azucareros eliminaron en bloque la competencia: SIC)
¿Las sanciones dieron resultado?
No. La Superintendencia era muy débil. Se
decía jocosamente que las empresas sancionadas por cartelización pagaban
la multa y de una vez abonaban para la próxima multa. En 2009 se
aprobó la Ley 1340, que aumentó 50 veces –no 50 por ciento, sino 50
veces– las sanciones. La máxima pasó de 2.000 a 100.000 salarios
mínimos. El tope hoy es de 69.000 millones de pesos.
Pero usted ha impuesto sanciones muchísimo más altas…
En casos como Claro, el esquema de recolección
de basuras, arroz, azúcar, pusimos sanciones no más altas, sino varias,
porque cometieron más de una infracción o porque eran varios
infractores. Por ejemplo, en el caso del Acueducto, a tres empresas del
Distrito y a 10 funcionarios les pusimos una multa global por 82 mil
millones de pesos, porque el nuevo esquema de recolección de basuras de
Bogotá que impuso el exalcalde Gustavo Petro viola la Constitución y la
ley. Petro actuó como si estuviésemos en épocas de la Colonia y decidió,
ilegal y caprichosamente, que el único que podía recoger basuras en
Bogotá era el Distrito. En diciembre, la Corte Constitucional dio la
orden de que en 6 meses tenía que restituir la libre competencia en
materia de recolección de basuras en Bogotá.
¿La sanción sigue en firme?
Sí, pero la administración Petro se negó
sistemáticamente a pagar. Hoy tenemos procesos de cobro coactivo contra
el Distrito y contra los funcionarios sancionados. Fueron embargadas
esas personas naturales, incluyendo a Petro. El alcalde Peñalosa se
comprometió a pagar y en los próximos días enviará una propuesta de pago
en cuotas. Es que eso le está generando un detrimento de más de mil
millones de pesos en intereses al Distrito.
¿Y el tema de los ingenios?
Esa investigación se inició hace más de 5
años. La denuncia la pusieron la Asociación del Bocadillo Veleño, Coca
Cola, Nutresa, Bimbo y muchas otras empresas que compran azúcar como
materia prima. Esas denuncias se hicieron en mayo de 2010, al final del
gobierno Uribe con Valbuena como superintendente. Después, con el
cambio de gobierno, llega José Miguel de la Calle y durante año y medio
se hacen una indagación preliminar y unas inspecciones administrativas.
Se recogen pruebas de computadores y correos electrónicos y, en febrero
de 2012, De la Calle formula pliego de cargos contra 12 ingenios,
Ciamsa, Dicsa y Asocaña por un presunto cartel para obstruir
importaciones de azúcar y otro para repartirse las cuotas de producción
del azúcar. Cuando yo llego, el superintendente delegado me rinde un
informe y convoco al Consejo Asesor de Competencia. Allí se toma una
decisión: pliego de cargos contra las 15 personas jurídicas y 18 altos
directivos del sector. (Además: Procuraduría dice que SIC se habría equivocado en multa a azucareros)
¿Quiénes integran ese consejo?
Cinco personas de las más altas calidades
profesionales y éticas: Mauricio Pérez, decano de Economía del
Externado; Ana María Ibáñez, decana de Economía de los Andes; Edgardo
Villamil, expresidente de la sala civil de la Corte Suprema; Javier
Gamboa, negociador de tratados de libre comercio, y Hernán Vallejo
González, profesor del Centro de Estudios Económicos de los Andes. El
Consejo concluyó que sí hubo cartel para obstruir importaciones de
azúcar, y que no hubo cartel para el reparto de cuotas de producción.
Sugieren al superintendente que instruya al Gobierno para que revise el
Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (Fepa), porque había sido
desnaturalizado. Los investigados interpusieron recursos de reposición
y, por unanimidad, el Consejo Asesor sugirió confirmar las decisiones
por cartelización para obstruir importaciones. El monto de las sanciones
es del resorte del Superintendente. La sanción a Asocaña, que era de
30.000 millones, pasó a 590 millones y la sanción a Ciamsa, que era de
36.000 millones, pasó a 3.800 millones de pesos. Las sanciones fueron
confirmadas.
¿Cómo los ingenios obstruían la importación de azúcar?
Tenemos muchas pruebas de que entre 2008 y
2011 hubo una conducta permanente y concertada de obstruir o restringir
importaciones de azúcar.
¿Qué pruebas logró hallar la Superintendencia?
En el caso de Bolivia, tenemos correos
electrónicos que muestran cómo fueron a negociar ellos la compra de
excedentes de azúcar para evitar que fuera importada por algún
colombiano. Tenemos incluso minutas de los contratos que se iban a
firmar en donde está la exigencia de los colombianos a los bolivianos de
no exportar un solo grano de azúcar a Colombia. Tenemos incluso un
documento: ‘Plan de Ataque a las Importaciones’.
¿Y los azucareros extranjeros aceptaban no exportar a cambio de qué?
A cambio de que Colombia no inundara a esos
países de azúcar, para mantener así los precios altos allá, y que no se
les dañara el negocio allá. Tenemos pruebas de que estas conductas se
presentaron con Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Desde aquí
amenazaban que si eso no funcionaba así, les inundarían el país con
azúcar colombiano. Como se dice popularmente, “hagámonos pasito”.
Ustedes no se meten a Colombia y nosotros no nos metemos en sus países.
Menos azúcar en el mercado ayuda a que el precio interno no baje y que
haya que comprar el azúcar caro. Es simple lógica económica.
¿Y por qué los azucareros de Costa Rica, por ejemplo, niegan ese acuerdo?
Porque si dicen otra cosa, quedan involucrados en un cartel y los podrían someter a juicio allá.
¿La multa que se impuso a los azucareros se pagó?
Tienen 5 días para pagar, a partir de que se
notifiquen. Todas las notificaciones se harán este mes. O pagan o
suscriben un acuerdo que implica el pago de una primera cuota
equivalente al 30 por ciento.
¿Y si no pagan?
Pues, como todo aquel que no paga, será
sometido a un proceso ejecutivo de cobro coactivo con embargos sobre sus
bienes. Yo confío en que paguen.
¿Tienen que hacerlo aun sin el fallo de tribunales y Consejo de Estado?
Sí. Esa fue una modificación que se introdujo
en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo. Tienen derecho a
acudir a todas las acciones legales para tratar de dejar sin efectos la
sanción, pero eso no impide que la Superintendencia no haga lo que tiene
que hacer: tenemos obligación de cobrar y ellos tienen el deber de
pagar.
¿Y la versión de que la sanción a los
azucareros era una especie de represalia del Gobierno contra la
Organización Ardila Lülle, por su oposición en RCN?
Esa es una perversidad que me parece
indignante. Es un irrespeto frente a la institucionalidad y es
absolutamente contraevidente, porque la investigación se inició en el
gobierno de Uribe, en 2010, y el pliego de cargos se formuló en febrero
de 2012, hace casi cuatro años.
¿Y qué va a pasar con los otros pliegos de cargos por cartelización?
El año más importante en la historia de la
Superintendencia de Industria y Comercio será este, porque las
investigaciones van a fallarse; vienen decisiones definitivas sobre
cemento, pañales, papel higiénico, cuadernos, seguridad privada y
subastas ganaderas, entre otras.
¿Qué otras investigaciones preliminares adelanta?
Tenemos 80 investigaciones por presuntas
infracciones a la libre competencia, en productos de consumo masivo y
hay varias por abuso de posición dominante. Pero por estar en
preliminares, es información reservada.
¿En las investigaciones la Superintendencia ha obtenido delaciones?
Por supuesto, porque necesitan que la
Superintendencia las reciba en el Programa de Beneficios por
Colaboración. En otros países se llama programa de delación compensada o
de clemencia. Es decir, pide clemencia a cambio de su confesión y
entrega de pruebas. La contraprestación es la exoneración de pagar la
sanción o una reducción de esta. En pañales: de cinco empresas que
tienen pliego de cargos, dos son empresas delatoras, con acuerdos
suscritos. En papel higiénico, de 5 empresas, 3 son delatoras. En
cuadernos, de las tres empresas hay 2 delatoras.
¿Qué beneficios reciben?
El primer delator tiene derecho a ser
exonerado del ciento por ciento de la sanción. El segundo tiene una
reducción de hasta la mitad. Esto es porque cuando alguien ve que la
Superintendencia está investigando, y es un cartel, lo único que no
quiere es que alguien se le adelante, porque el primer delator debe ser
exonerado del 100 por ciento.
¿Cuáles son las empresas que están indagando hoy?
La ley me prohíbe decirlo, pero son prácticas
contra la libre competencia. Estas investigaciones y sanciones las
adelantan todos los países del mundo. En Alemania sancionaron el cartel
de la salchicha con 380 millones de euros y el del azúcar con 280
millones. En Francia, el cartel del yogur y el cartel de productos de
higiene personal: multa por 650 millones. ¿Sabe qué empresas están
involucradas? Johnson & Johnson, Colgate Palmolive, Procter &
Gamble. Investigadas, sancionadas y con firmas delatoras.
¿Hacen parte de las 80 que usted investiga?
Eso lo dice usted, no yo.
¿Pero si cartelizaron en Francia, por qué no en Colombia?
Lo dice usted. Pero mire: cartel de la leche
en España, cartel de distribuidores de automóviles en España; en la
Unión Europea sancionaron a once bancos por manipular la tasa libor (6
bancos delatores), y la multa fue de 1.700 millones de euros; multa de
1.400 millones a fabricantes de televisores en la Unión Europea, también
con empresas delatoras.
¿Estas sanciones a estas empresas le han servido a usted como guía?
Sí, señor. Todas las autoridades del mundo
estamos pendientes de lo que hacen otras autoridades de competencia. En
Chile, por nuestra tarea, investigan el cartel del papel higiénico; en
México investigan el cartel del azúcar, en el que se encuentra una
inversión colombiana. Yo no puedo ser paranoico y pensar que todo el
mundo está cartelizado, pero tampoco puedo descartar que haya un cartel
empresarial en cualquier sector de la economía, por importante que sean
sus jugadores. Como bien decía usted en una pregunta anterior, si hay
cartelización empresarial en países del primer mundo, qué no podemos
esperar de lo que pasa en América Latina.
¿Con las mismas compañías investigadas allá?
Si lo practican allá, eso aumenta las
posibilidades de que aquí también ocurra. Le aclaro: no somos enemigos
del sector empresarial. Actuamos contra quien viola la ley. Con nuestras
decisiones ponemos la economía al servicio de los empresarios
cumplidores de la ley y al servicio de los consumidores.
¿Usted tiene aspiraciones políticas?
No, pero servirle a mi país es lo más interesante que he hecho en mi vida.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO
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