Ayer hablamos del tema en la emisión del
RADAR.
Increíble que la justicia colombiana actúe
así. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) de La Guajira, tomó
una decisión absurda y falló en contra de Promigas y el gobierno colombiano, en
torno al atentado que las Farc perpetraron contra el gasoducto de la compañía en 2001.
Tremendo fallo y el Comité Intergremial del
Atlántico se refiere al tema y vamos a registrarlo en este RADAR.
Sería hasta bueno conocer exactamente quienes
fueron los magistrados…
RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
Fallo
contra Promigas mina confianza del inversionista: Comité Intergremial del
Atlántico
El gremio señala que la sentencia hacia la
firma y Minminas, en la que piden pagar indemnizaciones por atentado de las
Farc a un gasoducto, constituye una embestida.
Luego de la sentencia de un Juzgado de
Riohacha que condena a Promigas y al Ministerio de Minas y Energía a pagar
indemnizaciones que suman unos $3.700 millones, por un atentado perpetrado por
las Farc al gasoducto Ballenas-Barranquilla en el año 2001; el Comité
Intergremial del Atlántico manifestó que el hecho “mina la confianza del
inversionista privado en el país”.
Además, señaló que la decisión “constituye
una embestida jurídica contra el sector empresarial”.
De acuerdo con el presidente de la entidad,
Ricardo Plata, esta situación traslada al inversionista privado de una
concesión la responsabilidad de un acto terrorista perpetrado por terceros
contra la infraestructura construida y operada para la prestación de los
servicios públicos derivados de la misma.
“Esa decisión, inédita en el país y en el
mundo, introduce para cualquier inversión privada bajo la figura de concesión,
ya no solo incertidumbre jurídica sino, más grave, certidumbre del riesgo por
acciones criminales dirigidas contra la propia empresa”, expresó.
En días pasados la ANDI y Naturgas también se
pronunciaron al respecto, señalando que la sentencia deja “un grave precedente
en materia de la responsabilidad extracontractual de los particulares”.
Según el Comité Intergremial, la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA)
de La Guajira abre la puerta, “mediante cuestionables argumentos, a un nuevo y
peligroso factor de inestabilidad jurídica que socava la confianza del
inversionista privado en el país”.
Ricardo Plata también argumentó que “causa
extrañeza” que las decisiones del Juzgado y del Tribunal en cuestión no
atribuyan responsabilidad alguna al municipio, ni al departamento por la
explosión del gasoducto a raíz del atentado de las Farc, “cuando a las
autoridades de esos entes territoriales les corresponde velar por la seguridad
de sus habitantes y evitar la invasión de las zonas adyacentes a una
infraestructura como la que fue blanco de la acción terrorista”, indicó el
representante de los gremios del Atlántico.
