Ejemplos hay de que no es bueno coger lo que no es tuyo... la Bliblia lo dice.
Trata, por favor de reflexionar. Mensaje directo para los "avispados"...
Oremos por ellos, ahora que estamos en Cuaresma.
LuisEmilioRadaC
Pd: Editorial de El Heraldo
Editorial DE EL HERALDO30 de Marzo de 2011
Fortalecer la anticorrupción
Estos encuentros vienen siendo promovidos por Transparencia por Colombia en todas las regiones, y su propósito es propiciar escenarios colectivos de construcción de propuestas para enfrentar la corrupción en las territorialidades, y que estas propuestas sean insertadas por los aspirantes a cargos públicos uninominales en sus programas de gobierno y luego por los ganadores en los planes de desarrollo.
Esta iniciativa nace un poco impulsada por las reacciones que ha provocado en el país la escalada de corrupción administrativa, y tiene a su favor dos sucesos muy importantes: uno, que el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos incorpora por primera vez en la historia de la planeación nacional el capítulo de Buen Gobierno, y dentro de este, estrategias y medidas para debilitar la corrupción, y el otro, que está en trámite un estatuto Anticorrupción que contiene incrementos en la penalización de quizás el problema más grave del país.
El evento subrayó que sus aportaciones se inscriben en el Foro Caribe Siglo XXI, que tiene en la probidad uno de sus ejes temáticos.
Los énfasis de los intervinientes en la deliberación se posaron en varias preocupaciones. Una es la forma como funciona la contratación pública en Colombia. Se planteó la urgencia de reformar la legislación que la rige, y que la sociedad civil acompañe más de cerca los procesos contractuales desde la fase de prepliegos hasta el otorgamiento de la contratación y su ejecución.
El Código Electoral vigente fue también centro de severas críticas, pues a su obsolescencia se atribuye la fácil proliferación de los delitos electorales. Se criticó de nuevo que las tres últimas inscripciones de cédulas en el Atlántico hayan terminado en anulaciones totales y parciales, y que estas se hayan convertido en un lunar negro para la imagen del Departamento y Barranquilla. Lamentaron que la Constitución del 91 no diera lugar a la Electoral, como rama independiente del Poder Público. Enfatizaron en que el sistema electoral es prohibitivo de la igualdad, pues impone a los candidatos independientes una serie de exigencias, casi insalvables, en materia de garantías bancarias y personales. Protestaron por los costos elevados de la política y sus componentes logísticos.
Censuraron el hecho de que los contralores compartan con los alcaldes y los gobernadores la misma filiación partidista y señalaron la conveniencia democrática de que los órganos de control queden en manos de fuerzas políticas distintas a las de los mandatarios de turno.
La capacitación de los servidores públicos fue otro de los planteamientos formulados. Consideraron prioritario profesionalizar el control interno en las instituciones del Estado. Plantearon la necesidad de mejores equipos técnicos institucionales para la concepción de las obras públicas.
Sostuvieron que las alianzas público-privadas no pueden evolucionar hacia la captura del Estado por parte del sector privado con fines lucrativos, y remarcaron en que la lucha por la corrupción demanda en Barranquilla y la Región Caribe nuevos liderazgos éticos y una actitud decidida desde los gobiernos para erradicar las malas prácticas políticas y administrativas.
Esta lluvia de ideas será el insumo para la elaboración de una agenda por la transparencia, que recogerá todas las propuestas y serán socializadas y entregadas a los distintos aspirantes.
De lo que se trata, entonces, es que en las regiones, a partir de estas construcciones consensuadas, vayan brotando unos pactos éticos que generen cambios positivos en las instituciones públicas y en la sociedad en general.
Simultáneamente es indispensable que Colombia avance en la adopción integral de las convenciones internacionales anticorrupción, pues falta por asumir el 65 por ciento de los compromisos sobre la materia. Chile y Brasil, en cambio, han sido más juiciosos en asumir y aplicar estas políticas.
Una de las conclusiones importantes del taller es que el país tiene que avanzar en dos frentes fundamentales en la lucha contra la corrupción: la prevención —con medidas altamente persuasivas— y la penalización —con castigos drásticamente disuasivos—.
Una reiterada consideración fue que la corrupción definitivamente no tiene ideología, y que sus manifestaciones hay que combatirlas por igual en quienes se reclaman políticamente de izquierda, de derecha o de centro.
Dejaron muy claro los promotores del encuentro que la lucha contra la corrupción, en sus diversas expresiones, exige recursos y una decisión valiente. Y sobre todo el compromiso de todos.
Esta iniciativa nace un poco impulsada por las reacciones que ha provocado en el país la escalada de corrupción administrativa, y tiene a su favor dos sucesos muy importantes: uno, que el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos incorpora por primera vez en la historia de la planeación nacional el capítulo de Buen Gobierno, y dentro de este, estrategias y medidas para debilitar la corrupción, y el otro, que está en trámite un estatuto Anticorrupción que contiene incrementos en la penalización de quizás el problema más grave del país.
El evento subrayó que sus aportaciones se inscriben en el Foro Caribe Siglo XXI, que tiene en la probidad uno de sus ejes temáticos.
Los énfasis de los intervinientes en la deliberación se posaron en varias preocupaciones. Una es la forma como funciona la contratación pública en Colombia. Se planteó la urgencia de reformar la legislación que la rige, y que la sociedad civil acompañe más de cerca los procesos contractuales desde la fase de prepliegos hasta el otorgamiento de la contratación y su ejecución.
El Código Electoral vigente fue también centro de severas críticas, pues a su obsolescencia se atribuye la fácil proliferación de los delitos electorales. Se criticó de nuevo que las tres últimas inscripciones de cédulas en el Atlántico hayan terminado en anulaciones totales y parciales, y que estas se hayan convertido en un lunar negro para la imagen del Departamento y Barranquilla. Lamentaron que la Constitución del 91 no diera lugar a la Electoral, como rama independiente del Poder Público. Enfatizaron en que el sistema electoral es prohibitivo de la igualdad, pues impone a los candidatos independientes una serie de exigencias, casi insalvables, en materia de garantías bancarias y personales. Protestaron por los costos elevados de la política y sus componentes logísticos.
Censuraron el hecho de que los contralores compartan con los alcaldes y los gobernadores la misma filiación partidista y señalaron la conveniencia democrática de que los órganos de control queden en manos de fuerzas políticas distintas a las de los mandatarios de turno.
La capacitación de los servidores públicos fue otro de los planteamientos formulados. Consideraron prioritario profesionalizar el control interno en las instituciones del Estado. Plantearon la necesidad de mejores equipos técnicos institucionales para la concepción de las obras públicas.
Sostuvieron que las alianzas público-privadas no pueden evolucionar hacia la captura del Estado por parte del sector privado con fines lucrativos, y remarcaron en que la lucha por la corrupción demanda en Barranquilla y la Región Caribe nuevos liderazgos éticos y una actitud decidida desde los gobiernos para erradicar las malas prácticas políticas y administrativas.
Esta lluvia de ideas será el insumo para la elaboración de una agenda por la transparencia, que recogerá todas las propuestas y serán socializadas y entregadas a los distintos aspirantes.
De lo que se trata, entonces, es que en las regiones, a partir de estas construcciones consensuadas, vayan brotando unos pactos éticos que generen cambios positivos en las instituciones públicas y en la sociedad en general.
Simultáneamente es indispensable que Colombia avance en la adopción integral de las convenciones internacionales anticorrupción, pues falta por asumir el 65 por ciento de los compromisos sobre la materia. Chile y Brasil, en cambio, han sido más juiciosos en asumir y aplicar estas políticas.
Una de las conclusiones importantes del taller es que el país tiene que avanzar en dos frentes fundamentales en la lucha contra la corrupción: la prevención —con medidas altamente persuasivas— y la penalización —con castigos drásticamente disuasivos—.
Una reiterada consideración fue que la corrupción definitivamente no tiene ideología, y que sus manifestaciones hay que combatirlas por igual en quienes se reclaman políticamente de izquierda, de derecha o de centro.
Dejaron muy claro los promotores del encuentro que la lucha contra la corrupción, en sus diversas expresiones, exige recursos y una decisión valiente. Y sobre todo el compromiso de todos.
