sábado, 8 de febrero de 2025

Inflación de enero en Colombia: 5,2%

  • El IPC disminuyó por tercer mes consecutivo
  • Se espera reducción más rápida al final de 2025, dice BBVA

La inflación del mes de enero de 2025 en Colombia se ubicó por tercer mes consecutivo en torno al 5,22%, reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE.

La inflación mensual de enero fue de 0,92%, por encima de las expectativas que presentaron los analistas del país y de lo que se esperaba según la encuesta del Banco de la República (0,82%), indicó Laura Peña, economista del banco BBVA.

La inflación de alimentos presentó una variación mensual por encima del promedio histórico antes del periodo de la pandemia.  Eso llevó a que la variación anual ascendiera a 4,5%, es decir, 118 puntos básicos por encima del dato registrado a finales de 2024.

BBVA considera que parte del alza de la canasta de enero de 2025 en Colombia, está asociada a efectos base, ya que en enero del año anterior se había presentado una variación mensual baja. Al interior de la canasta de alimentos, los perecederos volvieron a registrar incrementos relevantes en su variación anual. Le siguen los alimentos procesados.

La inflación sin alimentos continuó descendiendo en términos anuales.  Se ubicó en 5,4%, 16 pbs por debajo de la cifra de diciembre de 2024. Laura Peña, economista de BBVA dice que “dentro de las canastas que la componen, el mayor ajuste vino por parte de la canasta de regulados, que se ubicó en 6,6% en su variación anual, disminuyendo en 67 pbs frente al dato presentado en diciembre”. Agrega que “la reducción en esta canasta está asociada en gran medida a efectos base a la baja, que compensaron presiones al alza desde subclases como transporte urbano, energía eléctrica y combustibles”.

La canasta de servicios registró una reducción moderada al ubicarse en 6,8% en su variación anual, apenas 18 pbs por debajo del dato de diciembre. Al interior de esta canasta, comenta Peña, se perciben algunos efectos base a la baja que, junto con algunas presiones a la baja en subclases como tiquetes de avión y cines, lograron compensar los incrementos presentados en arriendos y subclases con un mayor grado de indexación al salario mínimo, como las comidas fuera del hogar y el servicio doméstico.

Con relación a los bienes, se mantuvo estable frente al reporte de cierre de 2024, con una variación anual de 0,6%. A su interior se vieron presiones al alza por subclases como la cerveza y los productos farmacéuticos, compensados con presiones a la baja en elementos como los equipos de telefonía móvil.

El equipo de economistas de BBVA Research espera que la inflación durante 2025 se modere lentamente y que los efectos de indexación provenientes de la inflación de cierre del año anterior y del incremento del salario mínimo se sienta en los primeros meses del año. La aspiración es que hacia el último trimestre de 2025 se logre una reducción más rápida. 

miércoles, 5 de febrero de 2025

Banco de la República mantiene tasa de interés de política monetaria (minutas)

  •  Junta Directiva resaltó avances de 2024 en el control de la inflación y su convergencia hacia la meta
  • Cinco directores votaron a favor de mantener la tasa de política monetaria

La junta directiva del Banco de la República de Colombia mantuvo la tasa de política monetaria en 9,5% y para ello tuvo en cuenta lo siguiente:

La inflación a finales de 2024 se mantuvo estable, al nivel de 5,2% registrado en noviembre. La inflación mensual (0,46%) superó el pronóstico del mercado (0,40%) y del equipo técnico (0,34%), presionada por la inflación de alimentos que aumentó de 2,3% a 3,3%. La inflación sin alimentos ni regulados se redujo de 5,4% a 5,2%, principalmente, por una caída de la inflación de servicios a un nivel cercano al 7%. La inflación de regulados se ubicó en 7,3% mientras que la inflación anual de bienes se mantuvo inalterada en 0,6%.

A fin de 2024 la tasa de inflación anual acumuló una reducción de 8,1 puntos porcentuales (pp.) desde marzo de 2023 y se espera que continúe convergiendo a su meta de 3%. Este proceso enfrenta retos asociados con:

1.     La aceleración de la inflación al productor, con un Índice de Precios al Productor (IPP) cuyo incremento anual pasó de 1,6% en octubre a 5,8% en diciembre como resultado de presiones al alza de origen tanto local como importado.

2.    

Un aumento en el salario mínimo para 2025 que, al incluir el subsidio de transporte, superó en cerca de 6 pp. la inflación observada y en 8 pp. la meta de inflación.

3.    Un repunte reciente en todas las medidas de expectativas de inflación, las cuales la ubican alrededor de 4,0% para fines de 2025 según las encuestas, o en niveles incluso superiores a partir de las medidas que se extraen de los mercados financieros. Todo ello en el contexto de incertidumbre en el frente fiscal y una tasa de cambio volátil.

Los directivos del Emisor, también tuvieron en cuenta que el mercado laboral mantiene buenos registros con aumentos de la ocupación y caídas de la tasa de desempleo, la cual se ubicó en diciembre en 9,7% para el agregado nacional según cifras desestacionalizadas. Para el cuarto trimestre de 2024 el equipo técnico estima un crecimiento del PIB de 2,3%, superior a los crecimientos observados en cada uno de los tres trimestres anteriores. El pronóstico de crecimiento económico para 2024 es de 1,8% y para 2025 de 2,6%.

Las condiciones financieras externas tienden a tornarse más restrictivas ante las políticas del nuevo gobierno de los Estados Unidos en materia de comercio, política energética y migración, que pueden tener efectos inflacionarios. Las tasas de interés de largo plazo en los mercados globales han mostrado aumentos persistentes, el ritmo esperado en los recortes de la tasa de interés de la FED ha disminuido, y el dólar se ha fortalecido.

Los miembros de la Junta Directiva coincidieron en resaltar los avances logrados en 2024 en el control de la inflación y su convergencia hacia la meta, propiciado por una política monetaria que, a pesar de ser restrictiva, permitió el fortalecimiento de la demanda interna y la recuperación del crecimiento económico. De acuerdo con los directores, ello minimizó el sacrificio en términos de bienestar social del necesario proceso de ajuste.

De otra parte, los miembros de la Junta señalaron que han surgido nuevos elementos en los frentes interno y externo, como los mencionados atrás, que tornan más exigente el reto de continuar avanzando en la convergencia de la inflación hacia la meta, en un contexto de crecimiento económico. Con el fin de evitar poner en riesgo lo alcanzado hasta ahora, es necesario monitorear y evaluar las recientes presiones inflacionarias y mantener la cautela en las decisiones de política monetaria. En estas circunstancias, cinco directores votaron por mantener inalterada la tasa de interés de política, uno votó por una reducción de 25 pbs. y otro por una disminución de 50 pbs.

El grupo de directores que votó por no modificar la tasa de interés consideró conveniente hacer una pausa en el proceso de recortes de la tasa de interés, para dar un tiempo de espera que permita evaluar los efectos de la multiplicidad de choques recientes sobre la inflación y otras variables macroeconómicas. Señalan que el significativo incremento del salario mínimo para 2025 podría reforzar la inercia de la inflación del grupo de servicios, del cual depende en alto grado que el proceso desinflacionario pueda continuar. En años pasados, este agregado ha tenido una mayor persistencia que los demás, en buena medida, como resultado de la indexación de muchos de sus componentes al incremento del salario mínimo. Agregan que la mayor inflación de los precios al productor plantea riesgos de una aceleración de la inflación en los rubros de bienes del IPC, cuyo comportamiento ha sido fundamental en la reducción de la inflación hasta el momento.

Igualmente anotaron que el incremento de las expectativas de inflación plantea retos importantes, no sólo por los múltiples determinantes de este fenómeno, que pueden tener que ver con la devaluación del tipo de cambio, la incertidumbre fiscal y la credibilidad de la política monetaria, sino también porque mayores expectativas de inflación refuerzan los procesos de indexación de precios. Señalaron además que el repunte de las expectativas de inflación ha reducido la tasa de interés real exante. Subrayan que el creciente deterioro fiscal limita el margen de maniobra de la política monetaria para reducir la tasa de interés. Finalmente, recalcan la vulnerabilidad de la inflación frente a una devaluación de la tasa de cambio que pudiera surgir como resultado del complejo e impredecible panorama externo, de la incertidumbre en el frente fiscal, o de una combinación de ambos. 

Algunos de los directores de este grupo resaltaron que el financiamiento del déficit fiscal ha competido con los recursos que el sector privado requiere para financiar sus actividades. Del total de recursos que llegaron al sector bancario, que incluye los pasivos sujetos a encaje y los repos del Banco de la República, casi la mitad fueron absorbidos por el financiamiento del Gobierno por medio de TES en 2024. Adicionalmente, el monto invertido en TES por los establecimientos de crédito es equivalente a casi el doble de la expansión de cartera al sector privado proporcionado por dichas entidades. En la misma línea, otro director señaló que la postura contraccionista de la política monetaria, con evidentes consecuencias sobre el costo del crédito para el sector privado, es la consecuencia de tener importantes desbalances fiscales que hacen que, inevitablemente, el peso del logro de la estabilidad macroeconómica recaiga sobre la política monetaria.

El director que votó por una reducción de 25 pbs. destacó los avances en el proceso de desinflación desde marzo de 2023. En cuanto a la actividad económica resalta que el mejor crecimiento proyectado para 2025 estaría impulsado por la recuperación de la inversión, la cual mostró un mayor dinamismo en los últimos meses de 2024. Considera que continuar con el descenso de la tasa de interés de política, aunque sea a un menor ritmo, constituye una señal que podría contribuir a consolidar la recuperación de la inversión y a hacer posible el mayor crecimiento que se espera para 2025 y 2026. Entre otros beneficios, resalta que una aceleración del crecimiento permitiría mayores ingresos tributarios, lo que junto con recortes en el gasto contribuiría a reducir el déficit fiscal y a garantizar la sostenibilidad de la deuda. En este contexto, insiste en la conveniencia de un recorte de 25 pbs, el cual mantendría la postura contractiva de la política monetaria y no pondría en riesgo el cumplimiento de la meta de inflación al finalizar el 2025.

Finalmente, el director que votó por un recorte de 50 pbs. subraya que, a pesar de los incrementos recientes en varias medidas de las expectativas de inflación, existe conciencia entre los agentes económicos de que la inflación continuará su tendencia descendente. Señala que los temores expresados sobre los efectos del incremento del salario mínimo sobre la inflación y el desempleo son debatibles, dadas las características particulares del mercado laboral. Así se ha visto en años recientes, incluyendo 2024, en los cuales, a pesar de aumentos en el salario mínimo, la inflación ha logrado descender y el empleo ha mantenido un buen dinamismo. En el frente fiscal resalta el compromiso del Gobierno con la estabilidad macroeconómica y con el cumplimiento de los pagos de deuda, lo cual debe contribuir a despejar la incertidumbre en este campo y a mantener una política responsable de descenso de la tasa de interés a medida que la inflación continúe convergiendo hacia la meta. En este aspecto recalca que la tasa de interés es un precio macroeconómico fundamental para las decisiones de inversión y para la reactivación del crecimiento económico.

Los directores coincidieron en que la pausa decidida por mayoría en los ajustes de la tasa de interés mantiene el compromiso de la Junta con la convergencia de la inflación a la meta en un contexto de recuperación del crecimiento económico. Recalcaron que la nueva información disponible en los próximos meses permitirá contar con mayores elementos de juicio sobre la magnitud y velocidad en que puede relajarse la política monetaria.

sábado, 1 de febrero de 2025

Entre falacias y espejismos

  • Columna de Amylkar Acosta

Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía de Colombia
El Gobierno ha sido errático en su política energética, que tiene sumida en una crisis inducida al sector. Recordemos que, en septiembre de 2022, el presidente Gustavo Petro anunció, en respuesta a la inconformidad de los usuarios por las altas tarifas, que intervendría a la CREG para bajarlas, insinuando con ello que esta era la responsable de la espiral alcista de las tarifas. Ello no le fue posible porque el Consejo de Estado le dejó en claro que él no podía suplantar a la CREG, pues tiene sus propias competencias por ministerio de la Ley.

Pero, a poco andar la CREG quedó en sus manos, con la posibilidad de nombrar en propiedad a los 6 expertos comisionados que hacen parte de la misma, como lo manda la Ley 142 de 1994 de servicios públicos. En lugar de ello, contumazmente, insiste en nombrarlos en calidad de encargados y de contera sin que, algunos de ellos cumplan con los requisitos, razón por la cual la CREG se ha mantenido en permanente interinidad y lo que es peor sin quorum para tomar sus decisiones, en momentos en los que más se requiere contar con ella.

Ha afirmado el presidente que las alzas en las tarifas obedecen a la especulación por parte de las empresas generadoras, dando lugar a precios exorbitantes en la Bolsa de energía o mercado mayorista. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce una sola investigación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, que fue creada para defender al usuario o de la Superintendencia de Industria y Comercio, que está obligada a intervenir cuando se presentan casos de abuso de posiciones dominantes. Incluso afirmó que Colombia era el único país en donde no era el Estado quien regulaba las tarifas sino las empresas. Lo cual es falso de toda falsedad.  Esa es función de la CREG. No pasa de ser una falacia.

Más recientemente, en mayo del año anterior el presidente Petro, en respuesta al clamor de los usuarios, sobre todo de la región Caribe, anunció que la Nación asumiría la deuda que por concepto de la Opción Tarifaria tienen los estratos 1, 2 y 3, aproximadamente $2.8 billones, de un total del saldo de $4.5 billones. De asumirse la deuda de la Opción tarifaria, esa sí sería una forma efectiva de bajar las tarifas a los más vulnerables, que son la inmensa mayoría de los usuarios, porque representan, particularmente en la Región Caribe, más del 80% de estos. Con tal medida se podría reducir el costo de la factura de energía en un 24%, aproximadamente.

De manera que de poco o nada servirán las marchas para “bajar las tarifas de energía”. Con ello solo se va a botar corriente y es una cortina de humo para ocultar la incompetencia y la negligencia por parte del Gobierno al no encarar este problema con diligencia y seriedad. Bien se ha dicho que es más fácil hacer política con las tarifas que formular una política de tarifas. Y menos anuncios como el del presidente Gustavo Petro para animarlas de que tiene entre manos “una nueva fórmula tarifaria, que una empresa que se llama XM no está aplicando”. ¡Ello no pasa de ser un espejismo!