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LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN COLOMBIA. Por Amylkar D. Acosta M

Este es el panorama: 

En Colombia, el 30% de la población se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria moderada o severa. 

Es decir, 15.5 millones de personas no tienen acceso a alimentación adecuada y tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas, por lo que deben recurrir a estrategias de consumo insostenibles y enfrentar condiciones de escasez de alimentos, hambre y malnutrición. 

Colombia ocupó el puesto 64 entre 113 países en el Índice de seguridad alimentaria en 2022, así andamos de mal.

Esto lo podemos leer en este último escrito que nos envía Amylkar Acosta.

®luisemilioradaconrado

@radareconomico1

https://radareconomicointernacional.blogspot.com

LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN COLOMBIA 

Por Amylkar D. Acosta M 

La seguridad alimentaria consta de tres elementos esenciales: el primero es la

disponibilidad de los alimentos, el segundo el acceso a los mismos y tercero la estabilidad o sustentabilidad, entendida esta como la garantía del primero y el segundo a lo largo del tiempo, que no sea intermitente.

Como lo veremos la seguridad alimentaria, más que un problema de disponibilidad de alimentos es un problema de acceso a los mismos y este está determinado por el nivel de ingresos, el cual a su vez está correlacionado con el empleo.

Según el director del Programa mundial de alimentos (PMA) de las Naciones

Unidas para Colombia Carlos Scaramella, “en Colombia el 30% de la población se

encuentra en una situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir,

15.5 millones de personas no tienen acceso a alimentación adecuada y tienen

dificultades para cubrir sus necesidades básicas, por lo que deben recurrir a

estrategias de consumo insostenibles y enfrentar condiciones de escasez de

alimentos, hambre y malnutrición”. Colombia ocupó el puesto 64 entre 113 países

en el Índice de seguridad alimentaria en 2022, así andamos de mal.

Aquí hagamos una digresión para subrayar el hecho de que la soberanía alimentaria de Colombia es muy precaria, habida cuenta que el 35% de los alimentos que se consumen en Colombia son importados y los que se producen en el país, tienen una alta dependencia de la importación de insumos agropecuarios. Y

lo más grave es que esa dependencia es creciente: de 700 mil toneladas de

alimentos que se importaron en 1991 se pasó a importar 14 millones de toneladas

el año anterior. En ello ha influido mucho la apertura hacia adentro que se decretó

por aquellas calendas en la administración de Cesar Gaviria (1990 – 1994), que

llevó a reducir el área sembrada entre 1990 a 1999 en 936.255 hectáreas (25%).

Esta situación se agravó con la negociación atolondrada de los tratados de libre

comercio (TLC), dejando desguarnecido el campo colombiano.

Al desagregar las cifras se observa que los departamentos con mayor prevalencia

de los altos índices de inseguridad alimentaria son los de la región Caribe,

encabezados por Córdoba (70%), Sucre (63%), Cesar (55%), Bolívar (51%) y La

Guajira (50%). Las dos regiones del país en las que se concentra el mayor número

de hogares en condición de inseguridad alimentaria son el Caribe y el Pacífico con

el 40% en promedio. No es coincidencia que sean estas dos regiones las que

registran los más altos índices de pobreza, desempleo e informalidad laboral. Ello

en razón de que el desempleo y la informalidad se traducen en la precariedad del

ingreso y esta afecta el poder adquisitivo y en consecuencia el acceso a los

alimentos.

La violencia, los conflictos sociales y sus secuelas, como el desplazamiento forzado

y el confinamiento, también han contribuido a exacerbar la inseguridad

alimentaria, la desnutrición y el hambre en el país. 50% de los hogares que han

sido víctimas del conflicto armado padecen inseguridad alimentaria, en contraste

con el promedio del 28% de aquellos que no lo han padecido. Lo propio puede

afirmarse de los migrantes, que en una proporción que oscila entre el 52% y el 73%

se ven afectados por la inseguridad alimentaria y de contera también en tratándose

de las etnias indígenas y afrodescendientes.

La tendencia de esta tragedia humanitaria es hacia el agravamiento, dada la constatación de que el 35% de los hogares en Colombia disminuyeron sus ingresos en los últimos 12 meses, que casi la mitad de estos (46%) tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza nacional, al tiempo que el 51% de las familias tuvieron que reducir el tamaño de las porciones de alimentos y otro 42% el número de comidas al día. Según la última medición de la Encuesta Pulso social del DANE, en diciembre de 2022, el 73.5% de los hogares colombianos (6.2 millones) comen en promedio 3 veces al día, 15.4 puntos porcentuales por debajo de diciembre de 2019. De hecho, según el mismo Informe del PMA, en Colombia el 40% de la población consume dos o menos comidas al día, más de la mitad de los hogares tuvo que reducir la porción de las comidas y el 67% de los hogares tuvo que utilizar una estrategia para afrontar el hambre”.

El colmo de esta preocupante situación es que la inseguridad alimentaria, la

malnutrición, la desnutrición y el hambre en Colombia se han ensañado en la niñez.

Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS) en el 2022 se presentaron 21.337

casos de desnutrición aguda en menores de 5 años y 309 niños murieron a

consecuencia de la desnutrición, 111 más que los registrados en 2021.

La afectación de la niñez por la inseguridad alimentaria, la desnutrición, la malnutrición y el hambre es tanto más preocupante en cuanto que en esta etapa, los primeros mil días de existencia de la niñez son críticos, lo que se haga o se deje de hacer durante esta fase de su crecimiento es decisivo para su formación y desarrollo posterior, de ello debemos ser conscientes. El mayor desarrollo del cerebro, del lenguaje, de la motricidad y del pensamiento abstracto que caracteriza al ser humano se dan justo en esta etapa, que es irrepetible. Lo que se quiera hacer después, tratando de suplir lo que se dejó de hacer ya es demasiado tarde, el daño está hecho. Según la Fundación Éxito, “los estudios evidencian que un niño con desnutrición crónica antes de los 5 años pueden tener en la edad adulta 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de educación y 54% menos de salario que uno que no padeció la enfermedad. En otras palabras, será un adulto con grandes desventajas”. Así empieza y se perpetúa la desigualdad de trayectoria que se manifiesta en la trampa de la pobreza y la imposibilidad de nivelar la cancha que, además, tiene piso pegagoso.

Riohacha, julio 8 de 2023

www.amylkaracosta.net

Presidente Gustavo Petro fallando… Nepotismo de frente…

¿Nepotismo? No solo Irene Vélez: Los otros ministros de Petro que tienen a sus familiares trabajando en el Estado

Hijos y esposas de los que integran el gabinete del Presidente Gustavo Petro, están trabajando para el Gobierno. Estos son los cargos que ocupan y las polémicas que han suscitado sus contrataciones.

®luisemilioradaconrado

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Presidente Gustavo Petro fallando… Nepotismo de frente…

Revisemos…

El millonario contrato que le entregaron al holandés Sjoerd Van Grootheest, esposo de la ministra de minas y energía, Irene Vélez, es solo uno de los tantos casos de familiares que se han quedado con importantes puestos durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Y es que el escándalo que se desató luego de que a Grootheest le dieran un puesto en el Fondo Colombia en Paz para que trabaje en un tema relacionado con cultivos ilícitos por 128 millones de pesos, hace darle una mirada a los otros cargos ocupados por esposas e hijos de ministros y ministras del actual mandatario de izquierda.

Para la muestra está el caso de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien tiene a sus dos hijos en cargos importantes del Gobierno. Así lo denunció el pasado 29 de mayo el representante a la Cámara Andrés Forero que a través de su cuenta de Twitter expuso los contratos señalando que “con esa afortunada situación familiar se entiende que a la ministra no le preocupe que su reforma laboral no genere empleo”, criticó el congresista de oposición.

Resulta que, según los documentos oficiales consultados por EL COLOMBIANO, Diego Alejandro Ramírez, hijo de la ministra, trabaja en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Su contrato certificado desde el pasado 11 de abril del año en curso, indica que es el jefe de la Oficina Asesora Jurídica con grado 11 de la planta de esa entidad y que su salario es cercano a los 8 millones de pesos mensuales, $7.775.515 para ser más exactos.

Precisamente, las redes sociales de la Uspec, le dieron la bienvenida al hijo de la ministra el pasado 12 de abril por medio de una publicación en Twitter y resaltan su experiencia de más de 10 años en el sector público.

¿Nepotismo? No solo Irene Vélez: Los otros ministros de Petro que tienen a sus familiares trabajando en el Estado

El otro hijo de la ministra Ramírez es Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez quien fue contratado por el Ministerio de Cultura por un valor de 76 millones de pesos. Según el contrato que reposa en las bases de datos de la plataforma Secop II, la contratación se hizo de manera directa para que cumpliera con las funciones de “apoyar la gestión de alianzas estratégicas, así como la formulación, desarrollo y seguimiento de iniciativas, planes, programas y proyectos, del ministerio de Cultura, así como el manejo de agenda y proyectos de la ministra de Cultura”.

Ese documento, que tiene vigencia hasta el próximo 31 de agosto, fue firmado el 18 de enero de este mismo año y detalla que los pagos se le realizarían de manera mensual en cantidades de 9.500.000 pesos durante los ocho meses de labor en esa cartera. Dentro de sus labores está brindar apoyo técnico, acompañar para la implementación de políticas públicas, relacionamiento interinstitucional, asistir a reuniones, hacer informes, viajar según los requerimientos y demás ocupaciones.

Las esposas de los ministros con cargos en el Estado

A mediados de mayo, tras la salida de la ministra Carolina Corcho del Gobierno, a la cartera de Salud llegó Guillermo Jaramillo y se vio envuelto en un posible conflicto de intereses porque su pareja actual es nada más y nada menos que la superintendente delegada para prestadores de servicios de Salud, Beatriz Eugenia Gómez Consuegra. El pasado 23 de abril, Gómez fue nombrada en ese puesto.

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Precisamente, fue el mismo ministro Jaramillo quien en su declaración de bienes y renta reportó en la casilla de “conflicto de interés” los datos de su compañera sentimental. Lo cierto es que la doctora Gómez ha trabajado en EPS, con clínicas y otros hospitales. Incluso, hace unos años demandó al Distrito de Bogotá por retirarla del cargo de gerente del Hospital de Usme. Ese recurso todavía no tiene decisión. El contrato más reciente de Gómez registrado en el Secop fue firmado el pasado 19 de abril y también estaba relacionado con el área de la salud. 

¿Nepotismo? No solo Irene Vélez: Los otros ministros de Petro que tienen a sus familiares trabajando en el Estado

Otro de los recientes ministros que llegaron al Gobierno Petro fue Ricardo Bonilla, jefe de la cartera de Hacienda. Su esposa, Claudia Liliana Cortés López, es administradora de empresas de la Universidad Nacional y tiene una maestría en ciencias económicas, también de la Unal. Actualmente, Cortés es la directora general de la Unidad de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura.

Su nombramiento se dio el pasado 13 de junio tras la salida de Felipe Fonseca Pino, quien estuvo al mando de la entidad desde el 2012. Cortés ha trabajado en otros momentos con la Upra en diferentes proyectos en Antioquia, Cesar y Nariño. Además, ha participado en temáticas relacionadas con la distribución de tierras rurales en Colombia. 

¿Nepotismo? No solo Irene Vélez: Los otros ministros de Petro que tienen a sus familiares trabajando en el Estado

Otros contratos familiares en el Gobierno Petro

El 12 de septiembre del año pasado, al puesto de Directora de Empleo, Trabajo y Emprendimiento del Sena, llegó Luz Dana Leal, la esposa de Carlos Ramón González, uno de los amigos cercanos al presidente Petro. En ese entonces, Carlos Ramón era el copresidente y dueño del Partido Verde, ahora entró al Gabinete Petro para ocupar el cargo de director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Según una denuncia del abogado Daniel Briceño en Twitter, Luz Dana se lanzó como candidata a la Cámara de Representantes en Santander por el partido de su esposo, lo que desató una polémica, pero finalmente se quemó. Posteriormente, Luz Dana fue nombrada como Directora del Empleo, su cargo actual. Según la denuncia de Briceño, en los documentos para tomar posesión, Luz Dana marcó la casilla de que no tenía cónyuge.

Similar a lo que ocurre ahora con la ministra de minas, Irene Vélez, quien, en su última declaración de conflictos de interés, omitió la información de que estaba casada con el holandés que ahora tiene un contrato millonario con el Gobierno. Según ella, se trató de un “error de digitación” que ya corrigió.

En todo caso, con este tipo de contrataciones dentro del Gobierno Petro, queda un sabor de nepotismo que difícilmente se puede ignorar. Incluso si se atiende a la Constitución, que dice que “los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente”.