Es bueno leer casi todo lo que
llega a nuestras manos en torno al tema Electricaribe. Especialmente ahora que
conocemos la decisión de Gas Natural Fenosa de demandar al gobierno colombiano
por liquidar la compañía, cosa que al final nos tocará a los ciudadanos de la
región Caribe… Seremos nosotros los que pagaremos los platos rotos. Nadie
pondrá un solo peso, sino los costeños…
Leyendo el editorial del diario
El País, de España, resalto algunas cosas:
1. “no
está en condiciones de prestar el servicio eléctrico con la calidad y
continuidad que se requieren”.
2. es algo más que una hipótesis
suponer que si Electricaribe “no está en
condiciones de prestar el servicio” con la calidad requerida se debe, en
gran medida, a los efectos perversos de una mala regulación. Electricaribe
expuso en varias ocasiones la urgencia de revisar las tarifas del servicio…
3.Además, la compañía denunció el
elevado volumen de fraudes e impagados que ni el Estado colombiano ni el
sistema judicial han sido capaces de evitar. La deuda con Electricaribe de ayuntamientos
Esto se nos complica…
RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
Error eléctrico en
Colombia
La liquidación de Electricaribe, filial de Gas Natural, demuestra
mala regulación energética e inseguridad jurídica
La intervención y liquidación (en
proceso) de Electricaribe, filial en Colombia de Gas Natural Fenosa, suscita
muchas dudas sobre la racionalidad de la decisión del Gobierno colombiano. La
razón esgrimida para tan drástica resolución es que Electricaribe “no está en condiciones de prestar el servicio eléctrico
con la calidad y continuidad que se requieren”.
Este es un argumento de doble
filo, porque el servicio en el país está minuciosamente regulado, tanto en los
precios que deben cobrarse al cliente como las retribuciones que tienen que
pagar a los proveedores.
Por lo tanto, es algo más que una
hipótesis suponer que si Electricaribe “no está en
condiciones de prestar el servicio” con la calidad requerida se debe, en
gran medida, a los efectos perversos de una mala regulación. Electricaribe
expuso en varias ocasiones la urgencia de revisar las tarifas del servicio,
porque las actuales hacen inviable la prestación; e instó al Gobierno
colombiano a revisarlas. Además, la compañía denunció el elevado volumen de
fraudes e impagados que ni el Estado colombiano ni el sistema judicial han sido
capaces de evitar.
La deuda con Electricaribe de ayuntamientos, gobiernos regionales, hospitales,
colegios y redes hidráulicas asciende a más de 72 millones de dólares; y el
volumen acumulado de impagados asciende a 1.300 millones de euros. Ninguna
compañía inmersa en una cultura del impago puede funcionar con normalidad; y
mucho menos afrontar inversiones nuevas.
El método de intervención y
liquidación también es discutible; se parece demasiado a una expropiación; en
todo caso, provoca una gran inseguridad jurídica y está muy alejado de las
prácticas seguidas en la OCDE. La ley colombiana permite la liquidación, pero Gas
Natural tiene activos en Electricaribe que se depreciarán en una liquidación.
De esa destrucción patrimonial será responsable el Gobierno colombiano. Pudo
haber elegido el ajuste regulatorio, pero prefirió una solución radical.
