En esos debates, a los que
asistió el director general de Canal y varios directivos antes de ser
despedidos o destituidos, se cuestiona cómo una empresa pública terminó
creando, al otro lado del océano, un grupo empresarial que se manejaba como si
fuera privado, en especial en el manejo de recursos. De hecho, el presidente de
Inassa para América Latina y Colombia, Edmundo Rodríguez Sobrino, prácticamente
fue destituido en medio de uno de esos debates.
Resulta que Rodríguez apareció
dentro de los Papeles de Panamá relacionado con tres sociedades offshore con
sede en Hong Kong, lo que no fue bien recibido en España, no solo porque es la
cabeza de Canal en Colombia y varios países de América Latina -a través de la
empresa Inassa- sino porque desde 2011 hacía parte del grupo directivo de esa
histórica empresa española. Se supo que a Rodríguez le pidieron su renuncia,
pero frente a su negativa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, decidió retirarlo.
Dentro de los debates,
liderados por partidos como el PSOE, Podemos y Ciudadanos, les preguntaron a
varios directivos cómo se financió la operación en América, por qué a sus
usuarios –en su mayoría de escasos recursos– se les incrementaron los servicios
hasta en un 1.000 por ciento en la última década, y si era cierto que usaban
medidas de fuerza para cobrar la factura. El presidente del Consejo de
Administración, Ángel Garrido García, manifestó que Canal de Isabel II no
financió esas inversiones sino, que las mismas filiales lo hicieron a partir de
los fondos recaudados en cada uno de los países. Y que entre 2002 y 2015 sus
filiales generaron utilidades por más de 62 millones de euros, en su mayoría
provenientes de Colombia.
“Nuestras filiales se limitan a
realizar pequeñas inversiones, debido a que el grupo actúa como un simple
operador de redes construidas y financiadas por el Estado o por las
administraciones locales o departamentales”. El mismo Edmundo Rodríguez
Sobrino, quien compareció en esa comisión, manifestó que la manera de obtener
las concesiones en América Latina era a través de las buenas relaciones con los
alcaldes y gobernadores de ciertas provincias, quienes facilitan al holding
acceder a las concesiones. En otras palabras, compraron las empresas con la
cédula, las fortalecieron con la misma plata de los usuarios y, además, les
habrían sacado millonarias utilidades no solo para el grupo, sino para
directivos y políticos españoles, especialmente del PP.
Lo sorprendente de estos
debates es que prácticamente pasaron desapercibidos en Colombia, a pesar de que
Inassa es el principal accionista de la Triple A de Barranquilla, que factura
más de 650.000 millones de pesos, tiene el 37 por ciento de Metroagua de Santa
Marta y de Asaa de Riohacha, entre otras empresas y actividades. Como se
recuerda, Inassa fue constituida en 1996 en Barranquilla por Aguas de
Barcelona, que en ese momento había sido contratada como socia operadora de la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la ciudad. Al llegar, adquirió
el 13 por ciento de las acciones. En 2002, cuando se había expandido en varios
países, Inassa fue adquirida por Canal de Isabel II a través de Canal Extensia,
una filial creada para expandirse en América Latina. Colombia fue la cabeza de
playa de esa operación.
A partir de ese momento, y a
través de unas cuestionadas operaciones de disminución de capital,
revalorización del patrimonio o emisión de nuevas acciones de la Triple A,
Inassa fue aumentando su participación en detrimento de Barranquilla, que
terminó con los años con solo el 13 por ciento de la propiedad. La única
explicación que el Distrito ha dado es que cada vez que había que hacer
inversiones o se emitían acciones, Inassa aumentaba su participación porque
Barranquilla no tenía cómo capitalizar. Sin embargo, lo que ahora está al
descubierto es que lo habría hecho con dineros de la propia empresa.
En 2002, Inassa pasó de tener
un capital de 20.000 millones a 100.000 millones de pesos, a través de un
incremento del valor de las acciones, pero en el acta registrada en la notaría
no se demostró cómo ocurrió ese aumento.
Después, en operaciones
similares, como las ocurridas en 2006 y 2012, Inassa también hizo complicadas
operaciones que finalmente le permitieron quedarse con más participación de la
Triple A, al parecer sin poner un peso. El cerebro, o por lo menos quien tiene
el secreto de cómo una empresa española terminó haciendo un emporio sin poner
un solo peso, es Rodríguez Sobrino. Incluso, las utilidades de la Triple A y de
otras empresas en Colombia terminaron financiando la adquisición de nuevas
filiales.
Sin embargo, las autoridades de
la ciudad y del gobierno nacional, que han invertido millonarios subsidios y
recursos a través de esa empresa para mejorar los servicios públicos, o los
organismos de control, nunca han investigado lo ocurrido. Fuentes cercanas de
la Triple A y del distrito de Barranquilla dijeron que el ruido en el que está
la empresa y sus directivos es un coletazo del pulso político que se libra
entre los cuatro partidos españoles.
A raíz de la destitución de
Rodríguez Sobrino, el periódico El Confidencial reveló hace pocos días que el
gerente de ‘la Joya del Canal’, refiriéndose a la Triple A, Ramón Navarro
Pereira, también podría ser destituido por presidir otra sociedad offshore con
sede en las Islas Vírgenes, que también salió a relucir en los Papeles de
Panamá. En una breve declaración a SEMANA, Navarro Pereira manifestó que “esa
empresa está legalmente constituida y declarada ante las autoridades
colombianas y en ningún caso interfiere ni genera conflicto de intereses con
mis responsabilidades profesionales en la empresa donde trabajo. Y sobre el
rumor de mi salida, no he sido notificado y no le encuentro justificación a esa
posibilidad”.
La portavoz del PSOE, Mercedes
Gallizo, quien ha liderado los debates en Madrid, manifestó que su partido va a
solicitar la comparecencia de los directivos de las 21 sociedades que controla
el Holding Canal Extensia a través de Inassa en América Latina “para que den
detalles acerca de cómo se conformaron, cómo se contrata, qué retribuciones
tienen, quién controla sus cuentas y si se han hecho pagos a personas,
funcionarios o exfuncionarios por obtener ciertos beneficios”.No es la primera
vez que Inassa es cuestionada por la forma como opera en Colombia. La
diferencia está en que por primera vez los documentos y testimonios de todo lo
que se ha hecho están saliendo a la luz pública. Algo que debería también
hacerse en el país, por lo menos para saber si las empresas públicas de varias
ciudades del Caribe fueron adquiridas por una empresa foránea con plata real,
proveniente de España o de una entidad financiera, o si el dinero salió del
bolsillo de cientos de miles de personas, en su mayoría de escasos recursos.
Las bolsas de basura
Uno de los episodios más
sonados alrededor de Canal de Isabel II, desde que se encuentra en manos del
Partido Popular hace 15 años, tiene que ver con su anterior presidente Ignacio
González González, a quien en enero de 2009 siguieron hasta Cartagena unos
investigadores y lo encontraron ingresando a una casa en la ciudad colonial
cargando unas bolsas. Lo acompañaban dos directivos, Ildefonso de Miguel, quien
ya se retiró de la empresa, y el recientemente destituido presidente de Inassa,
Edmundo Rodríguez Sobrino.
Se especula que las bolsas
estaban llenas de dinero y se habla del reparto de comisiones para los
directivos de Canal de Isabel II, que habrían salido de las arcas de las
filiales latinoamericanas de la compañía.
