Colombia
es un país interesante, como son todas las naciones… En el 8º. Congreso
Nacional de Infraestructura, que está cerrando sus puertas en Cartagena de Indias, escuché asuntos que nos pusieron a pensar y a
reflexionar.
Ayer,
Gustavo Petro, el nuevo alcalde de Bogotá, nos lanzó parte de lo que será su
línea “dura” sobre tecnología e infraestructura. Él quiere una capital y un país con menos cemento, más rieles y más agua... Y observé cómo los empresarios
del sector constructor, contratistas, concesionarios y funcionarios, lo
escucharon con atención. Tanto que anoté en mi libreta, lo que dijo uno de
ellos, en el almuerzo: “Petro, será presidente de Colombia en 8 años, puedes
estar seguro” Y se lo estaba diciendo a uno de esos negociantes, que conocen
cómo se mueve este país.
PROCURADOR
GENERAL y la CORRUPCIÓN
Otro
que lanzó verdades fue el procurador Alejandro Ordóñez, quien nos entregó un
documento en el que señala que la corrupción que se presenta en la contratación
de obras públicas en Colombia, no se puede reducir exclusivamente a la gerencia
pública.
Él
dice que el asunto es más grave y más delicado. Es más amplio y abarca aspectos
de carácter administrativo y social.
"Este no es un simple problema legal, es mucho más amplio, no hay
políticas públicas de gestión contractual del Estado para combatir la corrupción".
Según el funcionario, hay un aluvión desafortunado de actos de corrupción en Colombia
que deben ser castigados de manera contundente y ejemplarizante, respetando el
debido proceso, porque "el que la hace la paga".
¡Qué
tal esta!
Y nos asusta cuando expresa: “En Colombia hay
una democratización de la corrupción, porque el sector privado es tan
corrupto como el público”.
De
acuerdo al Procurador General de la Nación, en Colombia hay una cultura de
ilegalidad que campea en toda la nación…
¿Y
entonces?
Y
lo dijo en el Centro de Convenciones de Cartagena, en la propia cara de los que se ganan los contratos.
LuisEmilioRadaC
Pd:
editorial de El Heraldo
18 de
Noviembre de 2011 - 07:21 pm
Derrotar la corrupción
En
una vehemente intervención, el Procurador General de la
Nación,
Alejandro Ordóñez Maldonado, arremetió contra la corrupción privada ante los
empresarios reunidos en Cartagena en el marco del Congreso de la Cámara
Colombiana de la Infraestructura.
Dijo el Procurador que el sector privado es tan corrupto como el público,
mientras el ministro Justicia, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, expresó que
las sanciones contra los corruptos en este país son “muy blanditas”. Fueron sus
palabras textuales.
Nos parece muy bien que en tan importante evento empresarial se haya abordado
el tema de la corrupción por el alto costo económico y moral que continúa
representando para Colombia.
Con frecuencia los expertos en ética pública se preguntan por qué es necesaria
ésta en el funcionamiento de un país y ofrecen varias razones.
La primera que dan es que en el mundo de hoy, con una economía globalizada y
cada vez más exigente, la ética pública no sólo hace a las instituciones
públicas y privadas más fuertes, más potentes, más legítimas, sino también más
viables. “De ahí que quien apuesta por la moralidad responda, no sólo a un
imperativo ético de humanidad, sino también a un imperativo pragmático de
supervivencia; la ética es necesaria en las organizaciones, no sólo para vivir
bien, sino incluso para sobrevivir”, dice la española Adela Cortina, en uno de
sus textos sobre la controversial temática.
Y una precisión conceptual muy importante que la prestigiosa autora hace es que
bajo el concepto de ética pública quedan englobadas no sólo las organizaciones
del Estado, sino también las entidades económicas y empresariales, las
organizaciones y asociaciones cívicas, las entidades profesionales y la opinión
pública.
Importante esta distinción porque a veces se cree que al sector privado lo rige
una moralidad distinta a la del sector público, dejando de lado el hecho de que
las actuaciones de las empresas privadas tienen consecuencias públicas y
“precisan”, como señala Cortina, “ser públicamente legitimadas”.
Este es el caso de las empresas contratistas que trabajan con el Estado.
Cumplen ellas una tarea que tiene efectos públicos y por tanto están llamadas a
observar una conducta impecable. Y no existe, queda claro, una borrosa ética
privada aparte, sino una ética pública que cobija tanto a los actores públicos
como a los privados.
Es cierto también lo que dice el Procurador: no son suficientes las leyes para
derrotar la corrupción. Porque las leyes, que están para servir a toda la
ciudadanía de manera imparcial, resultan inútiles cuando las personas en una
sociedad se olvidan del Bien Común y les mueve fundamentalmente su interés
egoísta.
Cuando una sociedad llega a esos extremos, como en el caso de la nuestra, es
fácil que prosperen y se impongan los clanes mafiosos, que, a juzgar por los
carruseles de la contratación, alcanzaron un alto poderío en Colombia para lo
cual no vacilaron en transgredir la ley y llevarse por delante la moralidad.
Pero no hay país que pueda ser viable en el mediano y el largo plazo con
procedimientos mafiosos. Durante años, ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, se creía que el país
debía ser un poco tolerante frente al narcotráfico porque traía dólares y podía
generar empleo, pero la criminalización que trajo tras de sí esta economía
sangrienta, demostró que el narcotráfico era absolutamente dañino.
La experiencia internacional de los últimos años indica que vale la pena ser
éticos en los negocios, y esa tiene que ser hoy la lectura del sector privado
colombiano. El capitalismo del ‘cruce’, de la marrulla, del ‘tumbe’, de la viveza,
puede que sea ventajoso en términos de corto plazo para sus usufructuarios,
pero no encaja en las exigencias de una economía sólida, moderna y con
pretensiones de competir en los escenarios globales.
Hoy es un contrasentido, un absurdo, un imposible, una nación próspera,
igualitaria, con libertades y oportunidades, y al tiempo con escandalosos
niveles de corrupción. Por el contrario, a los países con mayores problemas de
corrupción corresponden deterioros más dramáticos en institucionalidad, en
democracia y en desarrollo humano.
De manera que por eso Colombia tiene que hacer la tarea, es decir, derrotar la
corrupción en los sectores público y privado. Nuestro mayor reto es
convertirnos en una sociedad ética y transparente y garantizar unas
instituciones públicas y privadas viables y predecibles.
Por eso, los duros mensajes del Procurador y del ministro de Justicia tienen la
mayor relevancia. Este es el tono erguido, enfático e inequívoco que se espera
de todos los dirigentes públicos y privados del país. Y es el camino que
debemos recorrer para desterrar de la sociedad colombiana la desconfianza y la
sospecha.
Es un cambio cultural que no podemos aplazar si queremos que el país logre el
posicionamiento global que predicen los especialistas en desarrollo económico.
