lunes, 9 de julio de 2012
Eduardo Sarmiento y la unificación del Plan Obligatorio de Salud en Colombia
La Universalización virtual de la salud
En virtud de disposiciones de la Corte Constitucional y de la ley de
salud aprobada al principio de la administración, se unificaron los
servicios del programa obligatorio de salud (POS) a partir del primero
de julio. El Gobierno cumple con el formalismo exigido por la corte,
pero no con las apropiaciones fiscales que permitan su realización
efectiva. La cotización asignada para el régimen subsidiado es de
$433.000 por persona, cuando la unidad por capitación (UPC) que rige al
sistema contributivo asciende a $547.000.
La Ley 100 ha constituido una afrenta al derecho a la salud establecido
en la Constitución. Con base en las teorías en boga, se procedió a
cumplirlo mediante la privatización del servicio. Se consideraba que la
competencia llevaría a las EPS y a los hospitales a captar los usuarios y
entregarles los servicios equivalentes a las cotizaciones. No se
entendió que debido a las inelasticidades de demanda y a la información
asimétrica, las instituciones adquirían un claro poder monopolista que
las llevaría a prestar servicios para obtener la máxima ganancia. La
irregularidad del sistema se acrecentó con las tutelas que obligaban a
las EPS a ofrecer servicios que no estaban en el POS y condujo al
Gobierno a cubrirlos por medio del Fosyga.
El resultado es bien conocido. Las EPS le cargan los servicios al Fosyga
y éste les reconoce parte de los servicios; las EPS postergan los pagos
a los hospitales y éstos incumplen los pagos a los médicos y a las
farmacéuticas. Se configuró una organización piramidal en que el valor
real de los activos es muy inferior al de los pasivos.
La introducción del nuevo POS y su unificación con tarifas diferenciales
introduce más distorsiones. De suyo, las empresas monopolistas tienden a
favorecer a los individuos de altos ingresos por tener una demanda más
elástica y disponer de mayores medios para cambiar de empresa. La menor
cotización del régimen subsidiado tan sólo modifica la forma de
discriminación. Las empresas procederán a compensarla reduciendo la
calidad de los servicios a los sectores menos favorecidos.
Antes de la expedición de la nueva ley, el sistema estaba totalmente
desfinanciado. Ahora las cosas van a ser peores porque la ampliación de
los usuarios y los servicios no corresponden al aumento de la
cotización. La verdad es que los $5 billones (1% del PIB) que se
destinan para cubrir el sistema subsidiado son insuficientes para darles
acceso a servicios especializados a 11 millones de usuarios.
Los gobiernos desde un principio han buscado mantener el sistema
entregando la administración a un monopolio. Dejaron en manos de las EPS
la movilización de las enormes cotizaciones, el tipo de servicios
entregados a los usuarios y el acceso a un fondo infinito de recursos
públicos. Ahora, se pretende que asuman el subsidio y administren el
total desbalance financiero. La respuesta no puede ser otra que el
agravamiento del desorden actual. Inevitablemente se ampliarán los
procedimientos para reducir la calidad de los servicios de acuerdo con
la capacidad económica de los usuarios, acrecentar las pirámides
financieras y trasladar las pérdidas y quiebras al Estado.
Por enésima vez se muestra que los fracasos de la salud se originan en
la teoría de la privatización que inspiró la Ley 100. El lucro
individual de las organizaciones monopolistas obstruye la
universalización del servicio, y más cuando las cotizaciones son
inferiores a los servicios ofrecidos. De hecho, se plantea una nueva
visión que prescinda de la intermediación de las EPS, al tiempo que
establezca las apropiaciones presupuestales y las cotizaciones
contributivas que garanticen el cumplimiento adecuado de los programas.
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