DOS perlas:
La primera, el desvío de dinero a los bolsillos de los implicados después de que el Canal comprara en Sudamérica varias empresas a precios bastante inflados; y la segunda, el cobro también de mordidas tras adjudicar importantes contratos públicos en la Comunidad de Madrid. Es uno de los ejes de la operación Lezo, donde según ha podido saber El Confidencial se investigan operaciones del Canal en Brasil, Colombia, República Dominicana, Panamá y Haití, en este último país en los trabajos de reconstrucción tras el terremoto que sufrió ese país en el año 2010.
¿Qué va a pasar con este mundo de bribones?
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Ignacio González, familia y colaboradores SA: comisiones hasta con el terremoto de Haití
La Audiencia investiga operaciones del Canal no solo en Brasil, también en Colombia, Panamá, República Dominicana y Haití. En este último, se llevó 21 millones en obras tras el seísmo de 2010
La primera, el desvío de dinero a los bolsillos de los implicados después de que el Canal comprara en Sudamérica varias empresas a precios bastante inflados; y la segunda, el cobro también de mordidas tras adjudicar importantes contratos públicos en la Comunidad de Madrid. Es uno de los ejes de la operación Lezo, donde según ha podido saber El Confidencial se investigan operaciones del Canal en Brasil, Colombia, República Dominicana, Panamá y Haití, en este último país en los trabajos de reconstrucción tras el terremoto que sufrió ese país en el año 2010.
La Guardia Civil detiene a Ignacio González por el desvío de fondos del Canal de Isabel II
Una de las operaciones investigadas por la Audiencia Nacional es la compra que Inassa hizo en Brasil, una transacción adelantada en exclusiva por este diario. Inassa pagó 21,4 millones de euros por la firma brasileña Emissao a finales de 2013. Un año después, su valor contable era solo de cinco millones. Inassa hizo la compra transfiriendo gran parte del dinero a una cuenta en la sucursal suiza del Royal Bank of Canada y usando una firma instrumental uruguaya para canalizar la operación.
La UCO y la Fiscalía creen que el precio de la compra estaba inflado y que se pudo desviar parte del dinero al patrimonio personal de los principales investigados. La Audiencia Nacional ha remitido a las autoridades brasileñas la orden de detención de Sebastiao Cristovam, el empresario brasileño que vendió el 75% de Emissao. Otro de los detenidos en la operación es María Fernanda Richmond, la directora financiera del Canal que autorizó el pufo brasileño. Cristina Cifuentes también destituyó a Richmond tras esta sospechosa adquisición.
Según fuentes cercanas al caso, los investigadores habrían conseguido acreditar que la trama que presuntamente lideraba González habría aplicado ese mecanismo de forma sistemática para desviar fondos públicos del Canal de Isabel II: adquirir sociedades en Sudamérica pagando cantidades muy superiores a los precios reales y desviar luego la diferencia a sociedades instrumentales y cuentas 'offshore'. Para asegurarse el éxito del pelotazo, la red pagaba comisiones millonarias a los gestores locales que accedían a vender empresas al Canal por importes inflados.
Las mismas fuentes aseguran que la trama se habría aprovechado de que las filiales del Canal en Sudamérica no estaban sometidas a los controles del consejo de administración del ente público. Las compras y ventas de mercantiles se realizaban sin ningún tipo de supervisión ni auditoría. Aunque aún es pronto para dar cifras concretas, en la Audiencia cifran en 60 millones el desfalco de dinero público que habrían ocasionado estas operaciones. La UCO está analizando decenas de mercantiles supuestamente controladas por testaferros que habrían permitido a los cabecillas de la trama ocultar el dinero del saqueo. Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado confían en que los documentos intervenidos en los registros de este miércoles permitan averiguar quiénes son los titulares reales de las mercantiles que han ido apareciendo durante los 10 meses de investigación.
El socio de Inassa en Metroagua es William de Jesús Vélez Sierra, un destacado contratista colombiano investigado actualmente por la Fiscalía general de Colombia por vínculos con grupos paramilitares. Fuentes de la investigación han señalado a El Confidencial que durante las pesquisas ha salido una empresa panameña, Lauryn Group INC, sin sede física pero con una dirección postal en la ciudad de Panamá, que se cree que pudo ser utilizada hace años por algunos dirigentes del Canal, incluido González, para canalizar los fondos procedentes de sus actividades ilícitas. Esta empresa fue creada por el bufete de abogados Icaza, González-Ruiz & Alemán (IGRA), una firma que ya apareció en las grabaciones de los detectives que siguieron a González en 2008 en su viaje a Colombia, grabaciones adelantadas por la Cadena SER.
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