Jairo Parada no está de acuerdo con la
estampilla pro hospitales. Y tienes sus argumentos. Señala: “…no se puede
recargar a quienes hacen transacciones inmobiliarias, pobres y ricos, con un
impuesto que todos deberíamos pagar. En el Atlántico, las transacciones
inmobiliarias son muy costosas ya con una alambrada de estampillas, que no
existen, por ejemplo, en Bogotá”.
Y recuerda que la estampilla ha sido
tumbada por el Consejo de Estado dos veces, “debido a que la fuente del
gravamen nace de una transacción privada y no de un documento oficial. Lo que
asombra es que el distrito siga pataleando contra esta sentencia, con tutelas,
recursos de aclaración y recursos de súplica, en un escenario donde por razones
misteriosas la sentencia no es “ejecutoriada”. Mientras tanto se cobra algo
que, ya se sabe, es ilegal”.
¿Qué es lo que pasa con esta estampillita…?
RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
Pd: CAMACOL, no está de acuerdo.
La estampilla
eterna
Por: JAIRO
PARADA
Todo sistema tributario debe basarse en dos
principios: equidad vertical y equidad horizontal. El primero implica que las
tasas impositivas deben ser progresivas según el nivel de ingresos del
ciudadano; el segundo exige que la tributación sea la misma para todos los
sectores económicos.
La estampilla Pro-Hospitales de I y II
nivel, estatuida por la Ley 663 de 2001, no cumple con ninguno de los dos
criterios. La ordenanza 070 de 2009 gravó a todos las personas naturales
y jurídicas con el 1,5% del valor de la transacción inmobiliaria, sin tener
en cuenta ningún criterio adicional.
El
Consejo de Estado ha tumbado dos veces esta estampilla, debido a que la fuente
del gravamen nace de una transacción privada y no de un documento oficial.
Lo que asombra es que el distrito siga pataleando contra esta sentencia, con
tutelas, recursos de aclaración y recursos de súplica, en un escenario donde
por razones misteriosas la sentencia no es “ejecutoriada”. Mientras tanto se
cobra algo que, ya se sabe, es ilegal.
Al declararse impedido el gobernador
Segebre por razones personales por todos conocidas, le han llovido acusaciones
de “falta de compromiso” por la salud, de parte de candidatos y miembros de
cuerpos colegiados. Sabemos que no desea repetir el mismo error al cual se le
quiere conducir: sancionar una nueva ordenanza que apenas repite lo que dice la
ley, sin definir claramente el objeto de gravamen. La Asamblea se lava las manos
y le pasa el problema al Concejo Distrital. Si se repite la historia,
estaríamos frente a un delito de fraude a resolución judicial según señalan los
penalistas. Se seguiría cobrando y así responderle a la jugosa concesión que
construye los hospitales, pasos y caminos.
Nadie niega la necesidad de hacer estas
inversiones en una ciudad que desde los 90s padecía una pobre infraestructura
hospitalaria. Pero una actividad de esta naturaleza debe financiarse con los
recursos fiscales del Distrito, que todos pagamos, o con el componente de
inversión del SGP. Otra opción es revisar las cinco onerosas concesiones
privadas y extraer de allí dichos recursos.
Lo que no se puede es recargar a quienes
hacen transacciones inmobiliarias, pobres y ricos, con un impuesto que todos
deberíamos pagar. En el Atlántico, las transacciones inmobiliarias son muy
costosas ya con una alambrada de estampillas, que no existen, por ejemplo, en
Bogotá.
Por último, la perla de la ordenanza que
propone la Asamblea al gobernador es su artículo 10º: La duración de la
estampilla es indefinida. En una ciudad que está en transición demográfica,
tendremos que seguir construyendo estas instalaciones, dotando equipos y
pagando personal especializado, además de pensionados, que los ingresos generales
del distrito debieran absorber. Por popular que sea la estampilla, es
inconveniente y debe modificarse hacia otros actos de la acción pública o,
incluso, eliminarse.
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