Una vez conversando con un empresario. Uno
de esos hombres que anda muy pendiente de dónde se pueden encontrar negocios
rentables, me comentaba que uno de los negocios que estaban haciendo en esos
momentos algunos inversionistas, era conseguir terrenos grandes para plantar
árboles… muchos árboles de gran tamaño porque la madera, al final, se convertía
en un tremendo negocio, porque era muy rentable.
La naturaleza ha sido buena con nosotros. Y
ahora que el ministro Amylkar Acosta nos envía este material: Agua &
Petróleo, me puse a pensar: “¿Nosotros, sí hemos sido buenos con ella?”
Los
que saben dicen que la Naturaleza nos devuelve los errores que hemos cometido
en su contra…
¿Será
que algo de eso está pasando?
¿Y
hasta qué punto?
El
ministro nos dice en este escrito, al que me refiero: “De modo, que no hay incompatibilidad entre la
agricultura, el medio ambiente, el agua y el petróleo”.
¿Cuáles
serán las fallas entonces, si podríamos hacerlo bien…?
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AGUA & PETRÓLEO
Amylkar D. Acosta M[1]
“Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”
Einstein
Justamente,
en momentos en que el mundo entero se aprestaba a celebrar el Día mundial del Agua, los medios difundieron
profusamente las imágenes dantescas de dos hechos deplorables que ponen de
manifiesto los estragos del fenómeno del calentamiento
global y sus secuelas en el medio ambiente. Se trata de la sequía que asola
al norte de Casanare, provocando una mortandad de especies nativas y el
devastador incendio en el Chocó que ha arrasado más de 3.000 hectáreas,
amenazando con convertir al Parque Nacional de los Katíos en pasto de las
llamas. En ambos casos la pagana ha sido el preciado líquido vital, el ¡agua!
Y
esto ocurre en Colombia, el primer país en el mundo en biodiversidad por
kilómetro cuadrado y hasta los años 90 el cuarto con la mayor disponibilidad de
agua dulce por habitante del globo terráqueo. Lamentablemente, como producto de
la acción combinada del impacto del cambio climático, la deforestación de 148
mil hectáreas anualmente y la degradación de algunos ecosistemas estratégicos
para la regulación del agua, Colombia se ha visto relegada al puesto 24. Ello
explica en gran medida el fenómeno que se viene dando a lo largo y ancho del
país con los glaciales, los cuales, según el IDEAM, en los últimos 30 años se
ha derretido el 57% de los mismos, lo cual es muy sintomático de lo que se nos
viene pierna arriba sino se para esta carrera alocada de destrucción de nuestro
propio hábitat.
A
este propósito ha venido haciendo carrera en el país la especie según la cual
la actividad de sísmica, exploración y explotación de hidrocarburos está
afectando la oferta hídrica en las regiones en donde se desarrolla. Al punto que
se ha vuelto un cliché la frase según la cual el país tendría que decidirse por
el agua o por el petróleo, para quienes levantan esta consigna no hay término
medio. Pero, ya veremos que esta es una falsa disyuntiva; en lugar de contraponer el agua al petróleo, debemos
más bien ver cómo proteger el agua
sin impedir el desarrollo de la industria petrolera, que también requiere el
país para su desarrollo económico y social.
No
se puede perder de vista que el sector minero junto con el hidrocarburífero
constituyen la caja registradora, la que genera los recursos con los cuales el
Estado financia sus inversiones, entre ellas las que están encaminadas a
proveer de agua potable a la población. Valga decir a modo de ilustración que
para el año 2012, entre impuestos y dividendos la Nación recibió de parte del
sector minero-energético la suma de $31.4 billones, el equivalente al 80% del
presupuesto de inversión de ese mismo año y al 24.9% de sus ingresos
corrientes. Y es con tales recursos como se ha podido presupuestar por parte de
la Nación para el cuatrienio 2010-2014 una inversión en abastecimiento de agua
potable del orden de los $3.3 billones y a estos recursos se vienen a sumar más
de $1 billón que se han asignado para tal fin con cargo a los recursos del
Sistema General de Regalías (SGR) para el período 2012-2014.
Es
claro como el agua que si la actividad de las empresas mineras y petroleras que
nos proveen de tales recursos no se desarrolla utilizando buenas prácticas y si
el Gobierno no exige se ciñan a los más exigentes estándares internacionales,
tanto en la técnica, como en lo social y ambiental, ello pondría en riesgo la
sostenibilidad ambiental. Es obvio de toda obviedad que no se permitirá por
parte del Gobierno actividad alguna en zonas
protegidas por la autoridad ambiental, como tampoco allí en donde se ponga
en riesgo ya sean los nacimientos de agua, los acuíferos y/o la recarga hídrica
de los cuales se sirven las poblaciones. Es más, el celo del Gobierno se pone
de manifiesto al cumplir con estricto rigor el Principio de precaución contemplado en la Constitución Política
(artículos 8, 79, 80, 289 y 334), en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 164 de 1994,
que ratificó el Convenio Marco de las Naciones Unidas (ONU) sobre Cambio
climático. En virtud del mismo, ante la duda fundada de daño grave e
irreversible en el medio ambiente que pueda sobrevenir en desarrollo de esta o
cualesquier otra actividad, se deberán tomar las medidas preventivas tendientes a evitarlo.
Por
lo demás, allí donde hay petróleo hay gas y hay agua asociados al mismo; con la
extracción del crudo se extraen también cantidades crecientes de agua. A modo
de ejemplo en el Campo Rubiales se extraen en promedio 200 mil barriles de
crudo diariamente al tiempo que, mezclado con él, salen a la superficie 2.8
millones de agua, para un promedio de 14 barriles de agua por cada barril de
crudo. Y se estima que para 2015 esa proporción será de 20 a 1. ¿Y qué hacen
las empresas operadoras de los campos petroleros con esa agua? Tienen tres
opciones: o la reinyectan al pozo, entre otras cosas para mejorar la tasa de
recobro de crudo, la vierten sobre cuerpos de agua superficiarios o también la
pueden utilizar ya sea para riego e incluso
para consumo humano.
En cualquiera de los casos dicha agua deberá ser tratada por parte de las empresas a su propio
costo antes de disponer de ella, porque así lo estipula la Ley. Dicho sea
de paso, la industria petrolera sólo consume el 0.35% del total del consumo
nacional de agua y de contera invierte anualmente $90.000 millones en la
preservación, protección y recuperación de las cuencas hidrográficas de las
cuales se sirve, en cumplimiento de la norma que introduje en su momento en el
texto de la Ley 99 de 1993. No huelga decir que la industria petrolera
reforesta 3 hectáreas por cada hectárea intervenida en el curso de sus
operaciones. Cabe resaltar que dicha suma equivale al doble del presupuesto
anual de la Unidad de parques naturales.
Actualmente
Ecopetrol y Pacific Rubiales adelantan sendos proyectos de reutilización de
esta agua para cultivos agrícolas en la Altillanura, en donde tanta falta le
hace el agua para el desarrollo de su vocación agrícola. En el primer caso, se
adelanta en el Distrito de Castilla un cultivo experimental de 80 hectáreas
entre palma africana y especies nativas, para lo cual se vienen utilizando 80
mil barriles día de agua proveniente del campo petrolero. Por su parte Pacific
Rubiales viene desarrollando un proyecto todavía más ambicioso, el de La
Cascada, para irrigar inicialmente 1.300 hectáreas de palma, que se extenderá a
2.000 hectáreas más, para lo cual han montado una planta con capacidad de dar
tratamiento a 1 millón de barriles diarios del agua requerida para el mismo.
A
su vez la empresa CANACOL está instalando varias plantas de tratamiento integral de aguas residuales para
potabilizarlas en el campo Leono, reduciendo a su mínima expresión el
porcentaje de rechazo. De modo, que no
hay incompatibilidad entre la agricultura, el medio ambiente, el agua y el
petróleo; experiencias como estas desmitifican muchas de las especulaciones
que tienden a satanizar tanto a la minería como al petróleo atribuyéndoles
males bíblicos que no traen consigo. Especulaciones estas sin fundamento
científico alguno que no tardan en convertirse en prejuicios ampliamente
difundidos.
Bogotá, marzo 21 de 2014
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