No parecía que el paro agrario iba a durar tanto.
Como dice Jairo Parada, eso tomó por sorpresa al gobierno, aunque el presidente
Santos lo hubiera tomado como un juego de niños, al desconocer su potencial.
Es bueno leer a Parada, porque
nos aclara el pensamiento.
Él dice algo que es cierto: “El Ministerio de Agricultura se volvió en esta década el
refugio burocrático clientelista de los conservadores. Ahora en vez de
solidarizarse con el Gobierno, piden más puestos”.
¿Que requiere el campesinado?
Parada lo comenta.
RADAR
La economía política del paro agrario
Por Jairo Parada
La realidad es que estamos asistiendo a una oleada de movimientos sociales, que se inició con los cafeteros, siguió con los mineros, y ahora se intensifica con los campesinos y camioneros. Se vienen encima los movimientos de los maestros y quien sabe quiénes mas.
La negociación con los cafeteros lanzó la señal que era posible arrancarle buenos subsidios al Gobierno, lo cual sin duda alimentó las esperanzas de las nuevas movilizaciones. En la historia de los movimientos sociales siempre pasa que a gobiernos que desean posar de más democráticos, es al que mas huelgas y movilizaciones le hacen. Aparecer como democrático es un precio que se paga dolorosamente en este respecto, para regocijo de los partidarios de la línea dura.
Asombra también, que cuando en el país se protesta contra los TLC que se han firmado a diestra y siniestra desde la administración pasada y la actual, el expresidente César Gaviria afirme en Cartagena que no somos una economía abierta, refiriéndose a las condiciones de los puertos e infraestructura. Aunque ello sea cierto, no ha sido óbice para que los campesinos no se sientan afectados por las importaciones de papa congelada, arroz proveniente del Mercosur y otros países, leche y lacto sueros de Europa. Lo más grave es que estas importaciones tal vez con la excepción del arroz apenas han empezado con pequeñas cuotas. Ya nos podemos imaginar el futuro. La situación anterior se ha complicado por las buenas cosechas en papa y arroz, así como un buen invierno para la producción lechera. Se dan así las condiciones para arruinar a los productores, excesos de oferta más importaciones de los TLC, más el contrabando en las fronteras de Venezuela y Ecuador.
En otras palabras, apertura, corrupción y revaluación son una fórmula explosiva que ha revelado su potencial destructor.
La raíz de todos estos males tiene que ver con el modelo político y económico adoptado por Colombia desde las reformas neoliberales de Gaviria, que todos los gobiernos han seguido al pie de la letra. Se le ha rendido culto a la ley de la autorregulación de los mercados, a su poder eficaz, no previéndose el actual desastre. La institucionalidad agrícola construida desde la época de Lleras Restrepo fue desmontada y aniquilada. Se le remplazó con nada o con remedos pobres de ello.
El Ministerio de Agricultura se volvió en esta década el refugio burocrático clientelista de los conservadores. Ahora en vez de solidarizarse con el Gobierno, piden más puestos. Se abrieron los mercados y se rebajaron o eliminaron los aranceles. Pero el precio de los agroquímicos no bajó ni llegó a los campesinos. El margen se quedó en manos de los oligopolios que controlan la importación y distribución de los mismos. No funcionó la libre competencia. La gasolina se le cobra a los colombianos a precios internacionales más un 45% de impuestos, como si nuestra mano de obra funcionara con precios internacionales.
El campesinado hoy requiere tierras, crédito y asistencia técnica, pero necesita más una institucionalidad que lo proteja de los vaivenes del mercado. Los TLC son necesarios, pero protegiendo al sector agropecuario casi que por razones de soberanía nacional, por ocupación del territorio, no importa que haya algunas ineficiencias. Se debe buscar una adecuada combinación de la pequeña propiedad con grandes integradores, pero con apoyo del Estado. Es el modelo el cual debe cambiarse.
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