HIDROITUANGO, tremendo rollo.
Cruces, dinero, tropiezos, incertidumbre y
una gran espera para que las cosas puedan aclararse y la obra salga adelante.
Amylkar aclara muchas cosas.
Leámoslo con atención.
La plata, la miserable plata…
®rada®luisemilioradaconrado
@radareconomico1
https://radareconomicointernacional.blogspot.com/
¡Todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar!
AMYLKAR D. ACOSTA MEDINA
Santa Marta, enero 27 de 2022
PREÁMBULO
La ejecución del megaproyecto de HIDROITUANGO y su entrada en operación
están en medio de una gran encrucijada y sigue sin disiparse la gran
incertidumbre sobre la suerte del mismo que generó la grave contingencia que se
presentó en abril de 2018, que se ha prolongado por 45 meses, la cual llevó a
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a expedir la Resolución
820 del 1º de junio del mismo año mediante la cual suspendió la Licencia
ambiental que le había otorgado.
En el mismo acto administrativo le requirió a EPM de Medellín presentarle
un dictamen pericial como requisito sine qua nom para reconsiderar la medida.
En efecto, dando cumplimiento a la misma se contrató a la consultora
chilena Pöyry. EPM se comprometió a presentar dicho dictamen para finales de
2019, luego para diciembre de 2020, después pidieron una prórroga hasta el 31
de julio de 2021 y finalmente fue radicado dicho Informe de 427 páginas en la
ANLA el 29 de diciembre del año anterior.
Al momento en que se presentó la contingencia el avance del proyecto era
del 84.3% y le significó un retroceso hasta el 60%. Justo al corte de diciembre
de 2021 estaba nuevamente alrededor del 86.9%.
Para comenzar, hagamos una breve recapitulación de los más recientes hechos
concernientes a la marcha del proyecto. Primero fue el juicio de
responsabilidad fiscal adelantado por parte de la Contraloría General, luego a
consecuencia de su fallo en segunda instancia, que lo dejó en firme, pero esta
vez vinculó a la aseguradora MAPFRE, se dio el anuncio por parte del Alcalde de
Medellín Daniel Quintero del cambio del consorcio constructor por otro, lo que
precipitó el reintegro por parte de EPM de los US $450 millones del crédito
contraído con el BID Invest por exigencia del mismo.
Después de la cumbre en Palacio convocada por el Presidente Iván Duque para
tratar de destrabar la marcha del proyecto, la aseguradora MAPFRE acaba de desembolsar
los últimos US $633.8 millones, para completar los US $983 millones de la
póliza todo riesgo por el siniestro.
Si a ello se suman los demás pagos realizados por las otras aseguradoras
(SURAMERICANA, SBS, AXXA COLPATRIA, el total recibido en cumplimiento del Acuerdo
de transacción alcanzado entre ellas y EPM al que se llegó el pasado
mes de diciembre coincide con el monto en el cual tasó la Contraloría General
el daño infligido al patrimonio público ($4.3 billones).
Ello llevó a la Contraloría General a “declarar resarcido integralmente el
daño determinado en la presente causa fiscal, por pago total” y ordena “el
levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre los bienes de propiedad
de los declarados responsables”. De esta manera, se ha removido el obstáculo
legal aducido por el Alcalde para renovarle el contrato al consorcio
constructor (las medidas cautelares que ahora han sido levantadas en dicho
auto) para dar continuidad a las obras, como en efecto se dio. Huelga decir que
el costo del proyecto se ha elevado sensiblemente, pasando de un presupuesto
inicial de $11.4 billones a $18.3 billones (¡!).
EL FRENO DE MANO
Después de tantas idas y venidas, vueltas y revueltas, la preocupación
mayor es que la demora en presentar el dictamen pericial a la ANLA se ha
convertido en un freno de mano para el avance de las obras, ya que en su
Resolución se dispone como medida cautelar “la suspensión inmediata de todas
las actividades regulares relacionadas con la etapa de construcción, llenado y
operación del embalse, que hacen parte de las actividades que se llevan a cabo
dentro de la ejecución del proyecto”.
Sólo le es permitido al consorcio constructor adelantar las actividades y
trabajos tendientes a “prevenir y mitigar los riesgos asociados a la
contingencia presentada”, tales como poner a funcionar el vertedero o la
recuperación de la casa de máquinas. De modo que mientras esté vigente la
susodicha Resolución, es prácticamente imposible que entren en operación las
primeras dos unidades, como lo ha anunciado EPM, en julio y noviembre de este
año, respectivamente.
Huelga decir, que de no cumplirse con este cronograma EPM entraría otra vez
en incumplimiento de la obligación de entrega de energía en firme (OEF) al
mercado, lo cual conllevaría nuevas sanciones tanto por parte de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas (CREG) como de la Superintendencia de Servicios
Públicos domiciliarios. Desde luego, la ANLA se tomará su tiempo para evaluar
el estudio que se ha sometido a su consideración, “a fin de emitir un
pronunciamiento de fondo en relación a la medida preventiva impuesta” y
mientras tanto el tiempo discurre sin que se vea luz al final del túnel.
Como se recordará la CREG, mediante la Resolución 154 de 2019, aduciendo
“incumplimiento grave e insalvable”, sancionó a EPM con la pérdida de las OEF
para el cargo por confiabilidad asignada en subasta convocada
por ella mediante la Resolución 031 de 2017 por 1.085 GWH/año por la no entrada
en operación de HIDROITUANGO el 1º de diciembre de 2018, como estaba previsto.
Ello implicó la pérdida del ingreso asociado a la obligación contraída y la
ejecución de una garantía bancaria por valor de US $43.1 millones, la cual hizo
efectiva la Operadora y administradora del Sistema Interconectado Nacional
(SIN) XM en diciembre de 2019. Por su parte la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le impuso a EPM una
sanción en modalidad de multa el 18 de noviembre de 2021 por valor de
$1.817.052.000 por el mismo motivo.
Por ello, hay que tomar muy en serio la advertencia de la Superintendente
Natasha Avendaño cuando afirmó que “el cronograma de entrada en operación de
las dos primeras unidades de generación de esta hidroeléctrica, proyectada por
EPM para julio y octubre de 2022 tiene un margen muy estrecho para el manejo de
posibles imprevistos o crisis que se puedan presentar. De ocurrir
alguna eventualidad, se pondría en riesgo el cumplimiento de obligaciones de
energía en firme a cargo de EPM y su sostenibilidad financiera”, esta vez
el 1 de diciembre de este año, cuando se inicia nuevamente el período de vigencia
de la obligación establecido por la CREG recientemente. De ello se sigue que el
margen de maniobra que tiene EPM y el consorcio constructor
del proyecto es muy estrecho y angustiante. Esta es la verdadera encrucijada de
HIDROITUANGO.
EL DICTAMEN PERICIAL
El dictamen presentado a la ANLA, una especie de auditoría forense, se
asemeja a los estudios de impacto ambiental (EIA) que las empresas deben
presentar como requisito cuando solicitan una Licencia ambiental y la
Resolución que emita en su momento disponiendo el levantamiento de la medida
preventiva que tomó mediante la Resolución in comento, hará las veces del Plan
de manejo ambiental (PMA) anejo a la Licencia ambiental.
No obstante, al conocerse el contenido del estudio presentado como producto
del peritaje realizado por Pöyry se encendieron todas las alarmas, pues, aunque
considera que el proyecto “es técnicamente recuperable”, sus
hallazgos revelan 5 puntos críticos, todos ellos de extrema
gravedad, planteando riesgos que de materializarse podrían llevar al colapso
del mismo.
Son ellos: 1) daños en el muro de cemento – bentonita en la parte superior
de la presa. 2) daños de la losa del vertedero. 3) taludes en el cuenco
amortiguador. 4) el derrumbe de la zona sur de la caverna. 5) tsunami causado
por deslizamientos en el embalse. Y advierte el estudio que de materializarse
“tal escenario catastrófico afectaría no solamente el tramo del río Cauca entre
la presa y Nechí, sino potencialmente hasta la confluencia
con el río Magdalena, poniendo en peligro una gran cantidad de centros poblados
ubicados en la llanura del Caribe”.
A propósito, hace rato se había llamado la atención sobre el peligro que
entrañaba controlar el nivel del embalse y garantizar el caudal ecológico
apelando al uso continuo del vertedero durante meses y
años, el cual por diseño
tiene como función el desagüe ocasional. Y lo que es peor, no
obstante que por diseño el caudal debería aproximarse a los 1.700 m³ por
segundo, ha venido soportando valores superiores, alcanzando los 2.400 m³ por
segundo, originando, como lo delata el dictamen en uno de sus apartes, “un
deterioro o desgaste con el tiempo, de la estructura de hormigón”. De ello se
sigue que, inexorablemente, las condiciones de salvamento del proyecto pasan
por convertir la energía potencial almacenada en el embalse
por energía cinética a través de la turbinación del agua
y para ello se requiere que, cuanto antes, sin mayores dilaciones, las 8
unidades contempladas en el proyecto entren en operación.
Lo dice claramente el Informe: “los hallazgos pueden resultar, directa o
indirectamente, en la rotura de la presa, con las respectivas consecuencias
catastróficas”. Se plantea, entonces, una premura para el avance de las obras y
los correctivos de los puntos críticos señalados, porque cada día que pasa
aumenta el riesgo. No hay tiempo que perder, pues, definitivamente, “la
mitigación más eficaz para solucionar este riesgo
catastrófico consiste en acelerar en lo posible la puesta en marcha de las
ocho unidades de generación” y no sólo las dos que se anuncian
desatentadamente.
Un efecto colateral del retraso de este proyecto, vital para el país, es
que de los 75 kms lineales que tiene el embalse, hoy más de 20 kms están
afectados por la formación agresiva del Buchón. Esto afecta el ecosistema
de manera muy profunda, ya que cambia las condiciones bióticas y abióticas de
la cuenca del río. Si bien se ha trabajado para erradicar esas plantas en el
espejo superior del embalse, permanece aún afectando la profundidad y la
oxigenación del agua. Es menester articular este manejo para su mitigación
entre la Autoridad ambiental y los responsables de la construcción del
proyecto.
EL TIEMPO APREMIA
Por su parte la autoridad ambiental, que tiene esta papa caliente en sus
manos, ha dicho que “con base en sus propios análisis, la ANLA definirá si lo
consignado en el documento de Pöyry cumple con lo solicitado para un eventual
levantamiento de la medida preventiva impuesta a HIDROITUANGO”. Sin perjuicio
del rigor con el que la autoridad ambiental deberá evaluar el peritazgo y tomar
su decisión, el tiempo apremia y en este momento es el mayor enemigo. Por esta
misma razón dicho estudio denota la inconveniencia del cambio de ejecutor del
proyecto, como ya lo habían hecho en su pronunciamiento los 7 decanos de
facultades ingeniería
de Antioquia, la Sociedad Antioqueña de Ingeniería (SAI) y la Cámara Colombiana
de la Infraestructura (CCI), pues ello implicaría un retraso adicional de la
entrada en operación del proyecto de mínimo un año. A este respecto, preocupa
sobremanera que la extensión del contrato al consorcio constructor se diera
sólo por 11 meses, hasta el 30 de noviembre, reservando los tres últimos meses,
según EPM, dizque para el “empalme”, añadiendo incertidumbre a la
incertidumbre.
Cabe preguntarse ¿“empalme” por qué y para qué, será que insistirán en ello
después del pronunciamiento de la Contraloría y de la advertencia contenida en
el dictamen pericial que lo descarta por inconveniente y riesgoso?
Empecinarse en hacerlo sería un error garrafal, inexplicable; además,
porque de no ser idóneo el consorcio contratista para finalizar la obra que
iniciaron, cómo entender la decisión de prorrogar el contrato, así sea a
medias. Por lo demás el dictamen pericial, aunque no se ocupa, porque no era el
objeto del mismo, de la causa raíz, tampoco trata de establecer
responsabilidades, no lo descalifica, por el contrario, le atribuye una buena
gestión de la contingencia, cuando afirma que esta “podría haber resultado en
una catástrofe nacional. Afortunadamente la rápida respuesta de los
profesionales a cargo, se logró evitar la rotura de la presa, que podría
resultar en la pérdida total del proyecto, acompañado con inundaciones
desastrosas en el valle del río Cauca y en la llanura del Caribe”. Si no se ha
terminado de superar la contingencia, cómo entender el anuncio del Gerente de
EPM Jorge Andrés Carrillo de la apertura en el mes de febrero de una nueva
licitación para adjudicar el remate de esta obra colosal, ello sería tanto como
desdeñar lo cierto por lo dudoso.
En este momento, conocido este estudio, producto del peritaje que se le
hizo al estado actual y a la estabilidad del proyecto, la preocupación sobre el
impacto de su entrada en operación en la seguridad energética del país, que no
es un asunto menor, así como la presión al alza del precio y la tarifa de la
energía al usuario final que viene dándose, pasan a un segundo plano frente al
riesgo de que el proyecto colapse y la furia de las aguas se lleve de calle
cuanto encuentre a su paso.
EPÍLOGO
Como epílogo de estas disquisiciones en torno a la suerte del más
importante proyecto y el de mayor envergadura del sector energético del país,
digamos que los retos que plantea, ahora que el dictamen pericial asegura que
es “técnicamente recuperable”, son un asunto demasiado serio y complejo
para dejarlo en manos de los políticos y menos en una coyuntura electoral como
en la que estamos. Los problemas políticos se resuelven políticamente, los
problemas administrativos se resuelven administrativamente, los problemas
jurídicos se resuelven jurídicamente y los problemas técnicos se resuelven
técnicamente. La salida a la actual encrucijada de HIDROITUANGO es
eminentemente técnica, los expertos y especialistas son quienes tienen la
última palabra, sin dejar de lado la gestión del riesgo, que también requiere
de la experticia de los especialistas y avezados conocedores, integrados todos
en un equipo interdisciplinario de primer nivel.
¡Aquí no debe haber pábulo para la improvisación!
